En noviembre se va a celebrar la IV Cumbre de las Américas en la ciudad argentina de Mar del Plata, con la presencia de los jefes de Estado de los 34 países que debatirán cómo superar la pobreza en nuestro continente. Pero en estos momentos los representantes diplomáticos del Grupo Río que se encuentran en Argentina –más precisamente en la localidad de Pilar- mantienen un debate sobre un tema que, en principio, podría parecer nimio, pero en lo profundo implica una profunda discrepancia filosófica. Se trata de determinar cuál va a ser el lema del encuentro.

Existen dos posiciones encontradas. La primera, impulsada por Estados Unidos y que es apoyada por Canadá y, en menor medida, por Chile. La Casa Blanca sostiene que la solución a los gravísimos problemas económicos de la región pasa por priorizar la lucha contra la corrupción y garanticen el principio de la libre empresa. Eso, afirman, va a generar más crecimiento y la riqueza se va a derramar entre los pobres, que así saldrán adelante.

En síntesis, la administración de George Bush cita la libertad de mercado, la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción como base fundamental para crear empleo y mejorar la situación de los países de América Latina.

Para los representantes diplomáticos argentinos y de otras naciones esa visión, en cambio, es un remedo de lo peor del Consenso de Washington, el programa neoliberal que Buenos Aires y otros gobiernos implementaron en la década de los 90.

Estos países críticos de la postura arriba enunciada proponen -liderados por el dueño de casa, Argentina-, en cambio, poner el acento en la reforma de los organismos internacionales de crédito, en la eliminación de los subsidios agrícolas y en la educación como ejes principales.

La Casa Rosada propuso como leit motiv del encuentro en la costa atlántica argentina “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”.

Precisamente, fuentes diplomáticas de Buenos Aires y Washington admitieron las diferencias entre ambas posiciones, aunque buscaron quitarle dramatismo a esta falta de acuerdos previos. “Todos estamos de acuerdo en el tema y en el lema. De hecho, nuestra propuesta está firmada por los otros 33 países. Pero las diferencias aparecen cuando se analiza cómo generar más trabajo”, dijo Jorge Taiana, vicecanciller argentino.

En declaraciones al diario La Nación, de Buenos Aires, el canciller argentino, Rafael Bielsa, aclaró que “más que división ideológica, hay disparidad de intereses” entre los 34 países que deben acordar el documento final, en noviembre próximo.

El diplomático minimizó las diferencias en las discusiones sobre el pronunciamiento final que, aseguró, giran en torno a dos de las 34 cláusulas, "una referida a reforma del sistema financiero internacional y la otra a subsidios agrícolas", según precisó en declaraciones a la prensa argentina.

Fuentes de la cancillería argentina agregaron, además, que "la relación (de Argentina) con Estados Unidos es muy buena en muchos de temas, entre los que destacaron la lucha por la democracia y el combate al narcotráfico y el terrorismo”, aunque admitieron que hay "puntos de discrepancia" en aspectos comerciales, económicos, financieros y de "diseño de políticas domésticas".

Leonardo Franco, subsecretario de Política Latinoamericana del Palacio San Martín, resumió las diferencias que Argentina tiene con Estados Unidos respecto de la instrumentación del tema central de la Cumbre de las Américas.

"Hay dos corrientes de pensamiento. Un grupo (que encabeza EE.UU. y en el que se anotan Canadá y, de modo más tibio, Chile) cree que hay que darle prioridad a la transparencia de las relaciones económicas mediante el libre mercado, para favorecer las inversiones, y hacen especial hincapié en la lucha contra la corrupción. Nosotros, por otra parte, creemos que no alcanza sólo con el crecimiento económico. En los 90 tuvimos un claro ejemplo en ese sentido", explicó.

También pueden incluirse como otros ítems la disminución en el costo del envío de remesas y la financiación de microemprendimientos. Para el primero de los casos, países como México y todos los de Centroamérica y el Caribe, el envío monetario de los familiares que emigraron hacia el Norte significa un ingreso significativo para sus economías; para el segundo, miles de ciudadanos sumergidos en la miseria podrían abandonarla sin grandes aportes monetarios.

Según cifras oficiales de Estados Unidos, citadas la semana pasada por la cadena de televisión CNN, las remesas familiares enviadas a sus respectivos países por emigrados latinoamericanos en todo el mundo, llegan a los 46 mil millones de dólares anuales.

En la próxima sesión del Grupo de Implementación de Cumbres (GRIC) que se realizará en septiembre, en Estados Unidos, se va a analizar la parte de la declaración final -que hasta ahora tiene una extensión de 34 párrafos- referida a ese punto. Además, tal como prevé el mecanismo de la Cumbre de las Américas, se elaborará luego un apartado "plan de acción". Este va a ser el nudo de la cuestión.

Entre los 34 países participantes, sólo dos son sociedades desarrolladas: Estados Unidos y Canadá. El resto lo integra un abanico que va desde Bolivia y Nicaragua, hasta México y Brasil. Como puede observarse, con diferencias notables. Y ése quizás sea el punto débil. En algunos casos, Brasilia actúa y pretende que se la trate como a una potencia; en otros casos, se une a la causa tercermundista.

El 7 y 8 de setiembre próximos los cancilleres del Grupo de Río se vuelven a reunir en Argentina. El Palacio San Martín (sede de la cancillería local) aspira a concentrar el plan de acción en dos ejes: “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”.

La Casa Rosada defiende en el GRIC la aplicación de políticas activas del Estado, en reformas que permitan distribuir mejor el ingreso y en promover la educación como herramienta social de ascenso. Brasil y Venezuela lo apoyan, y muchos otros países del continente suman sus voces. Pero el peso del “Big Brother” es excesivo.

La libertad de mercado ya es un hecho hace tiempo en América toda. ¿A qué se referirá Washington cuando menciona este punto? Creemos que a la eliminación de toda participación estatal en las decisiones estratégicas nacionales. Que el directorio de un organismo de crédito multilateral reemplace a las autoridades establecidas en la tarea de determinar hacia dónde se dirija la nación. Y que se reemplace la planificación estatal por las oportunidades de negocios de los emporios industriales.

En cuanto a la seguridad jurídica, la pregunta es qué significa. En este contexto sólo se refiere al resguardo de las inversiones que grupos extranjeros realicen en tierra latinoamericana. ¿Acaso promover un golpe de Estado, o al menos, la desestabilización institucional no es atentar contra la seguridad jurídica? Gratificar a las empresas cuando circunstancias macroeconómicas provocan el descenso de sus ganancias y exigir la represión de los grupos sociales cuando se manifiestan a favor de una mejora relativa en sus expectativas existenciales, de esto se trata la seguridad jurídica proclamada por Estados Unidos.

Por último, la lucha contra la corrupción. Aquí subyace a qué nos referimos con ese término. ¿Existe una corrupción objetiva, o depende de las circunstancias?

Las naciones del mundo han realizado enormes negocios con las administraciones de Alberto Fujimori, Carlos Menem y Carlos Salinas de Gortari, tres ex presidentes que figuran entre los más corruptos de la historia de Latinoamérica.

Sin embargo, no hay condenas categóricas contra ellos ni contra sus administraciones, ni dentro o fuera de sus fronteras, desgraciadamente. E incluso al ex mandatario argentino se lo ha señalado en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como “el campeón de las reformas”. ¿No hubiese sido bueno la comunidad internacional rechazase la corrupción de esos gobiernos, en vez de felicitarlos y exaltarlos?

Como hemos mencionado, la discusión va más allá del tema y del lema. Y pasa por plantear estrategias concretas, duraderas, con metas y plazos mensurables.

Pablo Ramos

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APM/Agencia Taller