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Hadad en los pasillos de “la Rosada”

Horacio Arreceygor, Secretario General del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), denunció las maniobras ocultas del decreto 527 que renovó las licencias a los medios masivos de comunicación. Críticas académicas y legislativas a la decisión de Kirchner.

26 de junio de 2005, 18:06.

El viernes 20 de mayo se conoció que, mediante la firma del decreto de necesidad y urgencia 527,el gobierno nacional prorrogó todas las licencias de televisión y radio por diez años.

Horacio Arreceygor, Secretario General del SAT, sostuvo en Radio Universidad Nacional de Cuyo al periodista Omar Sánchez, que la polémica prórroga contó con la negociación directa ante la presidencia del empresario Daniel Hadad.

– ¿Cuál es su opinión sobre la prórroga de las licencias de radio y televisión?

– “Creemos que es un proceso totalmente antidemocrático renovar de esta manera las licencias, porque ya llevan doble renovación. Lo que tendrían que haber hecho es cumplir con la ley y cuando se vencieran esas licencias, llamar a licitación para que otras personas pudieran acceder a las mismas. Se optó por un decreto de necesidad y urgencia, absolutamente anticonstitucional, un mamarracho jurídico, pero estas son las condiciones que ha impuesto el gobierno y las alianzas mediáticas que se producen. Podemos explicar que el que consiguió esto fue Daniel Hadad, por un problema muy serio con su licencia y con su empresa que estaba en convocatoria y no podía salir de ella, ya que quería proponer un sistema de pago a 12 años cuando la licencia se le vencía en dos. Entonces comenzó a transitar los pasillos de la Casa Rosada y hoy vemos donde se ha arribado. El gobierno no podía darle la prórroga sólo a Daniel Hadad y tuvieron que inventar esto de generalizar la medida para todos los medios de comunicación”.

Consultado acerca de la poca repercusión mediática que tuvo este decreto, Arreceygor afirmó:”Obviamente nadie debate este tema, porque como los medios de comunicación son los que han salido beneficiados, esto no aparece en ningún lado. En definitiva, pensamos que es un mamarracho jurídico y anticonstitucional”.

En los fundamentos se alude a la ley que declaró la emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Dice al respecto que

“a la fecha no se ha tenido en cuenta la situación particular que han debido atravesar los licenciatarios de medios de radiodifusión”.

El diputado nacional Mario Cafiero presentó en el Congreso Nacional un proyecto de nulidad de este decreto. En declaraciones hechas a Radio Universidad Nacional de Cuyo, Cafiero dijo acerca del argumento oficial “Esta afirmación resulta falsa, ya que en el año 2003, inmediatamente después del acto electoral, y como si hubiese sido consecuencia del mismo, el Congreso, por impulso de la bancada oficialista, sancionó la ley de preservación de bienes y patrimonio cultural - Ley Nº 25.750 -  que protege las industrias culturales”.

Y concluyó: “Se observa así una situación cíclica, en la que los cambios de normas que favorecen a todos o determinados medios de comunicación, coinciden con las campañas electorales en las que interviene el oficialismo, dejando plasmada la sospecha acerca de si esos cambios obedecen a pagos de favores, o a promesas de favores, por parte de un sector que resulta decisivo para generar lo que se llama el estado de la opinión pública”.

La decisión presidencial tuvo además un rápido rechazo por parte del ámbito académico, expresado en los pronunciamientos efectuados por las carreras de Comunicación Social de las Universidades Nacionales. Así, en el portal de la Universidad de Buenos Aires, puede leerse un comunicado cuyo contenido es lapidario: ”El gobierno otorga un beneficio inaudito a los propietarios de medios de comunicación que formaron grandes grupos concentrados durante la década de los ‘90.

Más adelante resalta: “no se toman en cuenta las sanciones existentes ni las irregularidades en las titularidades que, hasta las propias autoridades, han hecho públicas: tanto por origen del capital como por la cantidad de medios en un área de cobertura”.

Finalmente sentencia que el decreto 527 “otorga la suspensión del plazo de las licencias sin establecer ninguna contraprestación de parte de los beneficiarios. Es irrisorio pedir al mercado que haga propuestas de responsabilidad de contenidos y culturales”.

Ernesto Espeche

ernestoespeche@speedy.com.ar

Director Agencia Taller

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