El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, se reunió el martes 12 de julio con representantes de movimientos campesinos y asociaciones de derechos humanos para tratar las continuas violaciones a los derechos del campesinado.

Estas organizaciones, integrantes de la Vía Campesina Internacional, plantearon la necesidad urgente de recurrir a los instrumentos jurídicos que ofrecen la Carta Magna y los tratados internacionales de Derechos Humanos para detener las injusticias colectivas a las que se someten a los campesinos.

Las denuncias realizadas hacían referencia a que “en todo el país los campesinos e indígenas ven vulnerados sus derechos humanos mediante acciones mafiosas que involucran a jueces, policías, empresarios y gobernantes”.

“Los trabajadores rurales sufren constantemente desalojos violentos, intimidaciones, discriminación, y a su vez,  los referentes de las  organizaciones son criminalizados y perseguidos, pese a estar defendiendo y luchando porque se cumplan las leyes más elementales”, afirmaron en un comunicado los miembros de estos movimientos campesinos.

La Unión de trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) planteó la grave situación que se vive en Mendoza con respecto al monopolio del agua.

Denunciaron que la ley de aguas se utiliza para privar a las familias campesinas que no tienen títulos de tierras y concentrar el líquido vital, muchas veces  de forma irregular, en grandes empresas agropecuarias.

De esta manera, las familias de trabajadores rurales se quedan sin su derecho básico al agua y a la producción de alimentos, derechos contemplados en distintos tratados internacionales.

Por su parte, las comunidades Huarpes denunciaron que la justicia y el estado provincial siguen dando vueltas y no implementan la ley de expropiación, sancionada hace más de tres años por la Legislatura de Mendoza.

Argumentan que las medidas de no innovar sólo las cumplen las comunidades, ya que, aunque  está prohibido, los empresarios continúan alambrando y extrayendo madera.

A la audiencia con Zaffaroni también asistió el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien luego de la reunión se sumó a las organizaciones campesinas “para armar las bases de una campaña internacional de denuncia”.

Del cónclave “surgió un espacio nacional donde se van a articular abogados de todo el país para hacer más rápida y más fluida la información sobre todos los casos, además de estudiar la posibilidad de llevar algunos casos a la Corte Suprema de Justicia o a tribunales internacionales”,  dijo a Agencia Taller Diego Montón miembro de la  UST.

Según Montón, el objetivo de la reunión “era ampliar las denuncias con respecto a las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en los campos en todo el país”.

“Entendemos que no son cuestiones aisladas sino que están relacionadas con el actual modelo agropecuario. Zaffaroni nos escuchó atentamente, tomó nota de muchas cosas y se mostró muy interesado en conocer la realidad de cada lugar”, sostuvo.

Un problema con historia

El comienzo de este problema se remonta varios siglos atrás. Desde las culturas ancestrales, los Huarpes se concentraban cerca de los ríos, los canalizaban ampliando la superficie irrigable y así formaban grupos aptos para la agricultura.

Pero, desde la colonización, distintos terratenientes empezaron a comprar la tierra y a usufructuar de ella. Situación que fue despojando a los Huarpes de sus derechos y los convirtió en uno de los grupos más afectados. La realidad actual, aunque distante por muchos siglos, no es muy diferente.

Según la UST, hay dos situaciones definidas en las zonas rurales de hoy.

“Una es la de los oasis irrigados de Mendoza donde hay muchos trabajadores rurales, jornaleros; gente que trabaja al día o al tanto, según la producción que logre”, cuentan.

“Viven en pequeñas urbanizaciones en el medio del campo y, en general, la última alternativa laboral que tienen -además de los planes sociales- es la de trabajar temporariamente y negro en fincas para los patrones. Hay varias tareas que se van haciendo alrededor del año, y en esas se va changueando”,  explican.

“Otro es el sector más campesino, denominado puesteros que tienen como la actividad fundamental la cría de ganado, sobre todo caprino”, indican.

El gran problema, según plantean los movimientos campesinos, es que las comunidades son los auténticos y legítimos dueños, pero en general no tienen título de posesión ni de escritura.

El modelo agropecuario actual llevó a la desaparición de los pequeños productores y marginó a los campesinos y aborígenes provocando que muchas familias se vieran obligadas a abandonar sus tierras y convertirse en desocupados en las periferias urbanas.

Por este motivo, surgieron agrupaciones como la Unión de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Lavalle, que en la provincia de Mendoza incluye a campesinos y trabajadores rurales, organizados en grupos insertados en distintas comunidades. 

Muchos de ellos pertenecen a la comunidad huarpe. La organización tiene como objetivo mejorar la situación crítica que vienen sufriendo los campesinos. Proponen que el gobierno viabilice políticas que posibiliten el acceso a la tierra y al agua a los campesinos que lo requieren, en conjunto con programas de crédito, educación, y acompañamiento técnico.

Posibles soluciones a aplicar

Diego Montón explicó a Agencia Taller la propuesta de la UST: “Nosotros planteamos que los agronegocios están marginando y exterminando el modelo de estructura familiar”.  

“Queremos que se base en la producción de alimentos para el consumo de la familia, del mercado interno también y que contemple una armonía y un respeto por los recursos naturales, en contraposición al modelo de agronegocios”, explica Montón.

“Que se deje de producir como eje exportable porque los alimentos del mercado interno se han encarecido mucho, incluso hasta estamos importando carne desde Rusia”, denuncia.

Montón sostiene que “los modelos tecnológicos contaminan el suelo, el agua y están deforestando bosques estratégicos. Es un modelo (el de agronegocios) donde a lo mejor en mil hectáreas de soja se incluyen a una o dos personas que trabajen, o sea, que genera una alta tasa de desempleo”.

Sin embargo, desde la Unión de los Sin Tierra, se mantiene una visión optimista.

“Hay varias familias que estuvieron por ser desalojadas, y por acciones mediáticas o por haber podido acceder de alguna manera a la justicia se han podido detener algunos desalojos. Y hay avances también que han sido muy locales y específicos con respecto a la utilización del agua de riego, y esa creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos por delante en la provincia; hay que ir cambiando la lógica de que el agua es sólo para algunos”, concluye Diego Montón.

Loana Isla Lacuey

l_isla@hotmail.com