En 1950 se dictó la ordenanza Nº37 que dio lugar al desarrollo de Cursos de Formación Política para formar una cultura política estudiantil que comprendiera los fundamentos de renovación doctrinaria en torno a la justicia social. En este artículo, la profesora de Historia Argentina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María Celina Fares, revisita una historia que confluyó en la creación de esta Unidad Académica. Además, en el canal de YouTube de la Facultad se pueden visitar videos que evocan el acontecimiento.

Con esta ordenanza, el Rectorado, encabezado por Ireneo Cruz respondía a los imperativos de la Constitución Nacional de 1949, específicamente al artículo 37 sobre los derechos sociales, en la parte que refería a los derechos sobre la educación y la cultura, donde se encomendaba lo siguiente:

“Las Universidad establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y misión historia de la República Argentina y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados por esta Constitución" (art.37, IV.4). 

Así en la UNCUYO se implementaron en forma obligatoria los denominados cursillos de extensión cultural (1), y fueron acompañados por la publicación del Boletín de Estudios Políticos, cuyo primer número dirigido por Enrique Oliva (2), contaría con un artículo fundacional de la ciencia política en el país,  escrito por Arturo Sampay. 

El reconocido constitucionalista de 1949 ponía en relieve la necesidad de encarar un proyecto político y cultural de largo plazo; y destacaba la responsabilidad que le cabía al estado en la formación de una clase gobernante, que promoviera una preparación científica y profesional en torno a tres núcleos disciplinarios: Filosofía o Ciencia Política, Sociología Política e Historia Política. Sus fundamentos se apoyaban en la doctrina peronista, de contenidos nacionalistas y sociales vinculados a la doctrina social de la Iglesia, y cuestionaba al paradigma liberal positivista  que reinaba en la mayor parte de las universidades del país.  

Esto sería el puntapié inicial que dio lugar a que al año siguiente, una comisión mixta entre las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas propuesta por el Rector, redactara un plan de estudios de 4 años para obtener la Licenciatura de Ciencias Políticas y Sociales, y la realización de una tesis para la obtención del título de Doctorado en la especialidad.

A comienzos de 1952, saldría la resolución de creación de la Escuela de Estudios Políticos y Sociales que dictaba la carrera (3), la cual en 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi se jerarquizaría como Escuela Superior, y en 1967 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, adquiriría el rango de Facultad.

Al año siguiente la carrera se dividiría ofreciendo el título de Licenciatura en Sociología y en Ciencia Política y Administración Pública y se iniciaría un proceso de modernización e internacionalización, a través de la recepción y circulación de las innovaciones de las ciencias sociales latinoamericanas, y en diálogo con los paradigmas norteamericanos y europeos.  

La intervención a las universidades en el año 1975 inauguró la ruptura política y social que quebró definitivamente la convivencia dentro de los claustros, al mismo tiempo que el país entero se asomaba a su momento más oscuro, bajo el dominio del terrorismo estatal.

Su impacto en nuestra Casa de Estudios no se redujo a un retroceso brutal en lo académico, que tuvo como expresión máxima el cierre de la carrera de Sociología, sino que afectó la vida de sus miembros.  Las cesantías a profesores, los exilios, las expulsiones de estudiantes, la confección de listas negras,  hasta la desaparición física de algunos/as de sus miembros, instalaron un clima de desconfianza y persecución.

La normalización iniciada en el 1983 procuraría restablecer los mecanismos democráticos y habilitar la reapertura de libertades académicas. En ese marco se consolidaría la carrera de Trabajo Social y se abriría la carrera de Comunicación Social; con el tiempo se sumaría el profesorado, una serie de tecnicaturas, cursos de posgrado, especializaciones, maestrías y el doctorado, los cuales han potenciado el perfil crítico y dinámico, con que se distingue entre las demás unidades académicas.  

De estos jalones institucionales que son motivo de conmemoración, podemos desprender un par de reflexiones que aporten a la comprensión de la historia de la Facultad.  Los nuevos enfoques institucionalistas permeados por las perspectivas contextualistas de la historia intelectual suelen detenerse en los orígenes de una institución con el objeto de observar los gérmenes constitutivos de la misma, en función del significados que tuvieron en su contexto, para entender mejor a través de las continuidades y distancias que se trazan en su trayectoria, su significación en el presente.

Nuestra Facultad nació de una propuesta de extensión, concebida como paralela y al mismo tiempo obligatoria e inclusiva, para todos y todas los y las estudiantes universitarios. Su fundamentación  derivaba de la concepción que tenían los funcionarios de la época acerca de la formación de grado, la cual se desprendía del proyecto político del primer gobierno peronista, acuñado bajo el perfil del  nacionalismo popular, con fuertes contenidos sociales. 

Se trataba de una propuesta que contrariaba tanto a la tradición cientificista pura, que proclama la universalidad y autonomía de la ciencia con respecto a la política, como a la impronta liberal positivista, que se había convertido en hegemónica en las facultades de derecho. Se recostaba, en cambio, en una tradición humanista con un fuerte contenido ético, pero apartándose del viejo sentido alegórico de la  “torre de marfil”, que caracterizaba la vida intelectual de las universidades, generalmente distanciadas y por encima de los problemas sociales. 

Por el contrario, el objetivo residía en implementar políticas que respondieran a la necesidad concreta de formar burocracias estatales que, comprometidas políticamente, tuvieran formación teórica  y técnica necesaria, para operar los cambios que la Constitución del 49 planteaba en su prólogo: “Ratificando la irrevocable decisión de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.

Si bien su inicial perfil profesionalista se fue ampliando a través del tiempo a través de la especialización académica y la apertura de nuevos espacios de inserción laboral, el compromiso social con cierto perfil crítico y emancipacionista, forma parte al menos, de una proyección imaginaria con la que se identifica gran parte de los miembros que forman parte de la facultad.

Las líneas disciplinarias trazadas inicialmente en los cursos y luego en los primeros planes de estudio de la carrera, entendían  a las ciencias políticas y sociales a través de su anclaje más tradicional, fundado en la filosofía, la historia y el análisis social, entramados con el derecho y la economía, con un perfil  profesional que debía articularse con un proyecto político público estatal. De allí que el reclutamiento de los primeros cuerpos docentes acudiera a docentes  con formación académica y profesional diversa y complementaria, los cuales a través del  tiempo se harían cada vez más plurales y especializados.

La autonomización de las ciencias sociales de las otras disciplinas, si bien la dotó de un perfil propio, la apartó de espacios de debate vinculados a la economía, al derecho y también a la filosofía y a la historia, en los cuales podría ser significativo su aporte, a través de la oferta de perspectivas diferenciales. 

Con respecto a la confrontación que tuvo que atravesar a los cinco años de su creación, cuando las políticas de la denominada “revolución libertadora” se orientaron a hacer desparecer la institucionalidad generada durante el peronismo, la reacción de la comunidad universitaria frenó, con una huelga inédita, el intento de depuración impuesto por la intervención de 1956.

La Escuela sobrevivió bajo la gestión del radical Facundo Suárez, quien logró jerarquizar la Escuela, dotarla de autonomía política y económica e iniciar el proceso de consolidación del plantel docente a través de la implementación de concursos, que supo incorporar profesores desplazados de otras unidades académicas. 

Si bien la ruptura política social y académica de los años setenta, tuvo dolorosas secuelas, no logró eliminar el impulso renovador que bajo el paradigma democrático fue creciendo gradualmente en los últimos casi cuarenta años, en la que se alternaron gestiones de distinto signo político (4).  

En estos difíciles tiempos presentes ha quedado muy atrás el mito del destino de grandeza que sobrevolaba a la Argentina en los años 50, en consonancia con el destino libertario que se rememoraba entonces, con el centenario de la muerte de José de San Martín.

El complejo horizonte que amenaza al país (y al mundo), en el bicentenario de la muerte del menos célebre Manuel Belgrano, requiere comprender que el compromiso educativo, intelectual, cultural, político, social y democrático que asuma nuestra comunidad académica, debe sostenerse en función de proyectos de largo plazo, que superen los intereses particulares o facciosos que priman en cada coyuntura. Con la esperanza de que, aunque deban enfrentarse circunstancias adversas como lo fueron  las del 55 y del 75, la historia se encargará de recuperarlos.

Referencias

1) Los mismos estaban compuestos por ciclos de diez conferencias sobre Historia y Teoría de la política occidental, Estudios Políticos y Económicos de la Argentina y América y sobre la Constitución de 1949 (Centro de Documentación FCPyS).

2) Destacado y olvidado periodista, escritor, y referente de la resistencia peronista. Fue uno de los primeros graduados de la Facultad, exiliado político y con trayectoria internacional, fue presidente de la Asociación de Prensa Latinoamericana en Francia 1977-1987.

3) Ordenanza Nº 35 del 17 de mayo 1952 en su artículo primero: “Créase el Instituto de Estudios Políticos y Sociales, que conjuntamente con el de investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas, integrarán la Escuela de Estudios Políticos y Sociales”. Documentación FCPyS. Las sedes de la misma se fueron mudando de las calles Primitivo de la Reta a Buenos Aires y luego a Avenida Las Heras de Ciudad hasta su traslado a la ciudad universitaria.

4) Así lo avalan las 12 carreras de grado, 8 de posgrado, las 11 diplomaturas y los 57 cursos vigentes, entre las que destaca la reciente creación de la Maestría en Estudios Feministas.