Por Pablo Abeleira
Departamento de Política
En el día de ayer representantes de las comunidades Huarpes de Mendoza convocaron a distintos medios de comunicación locales a una rueda de prensa. El evento apuntó a informar precisiones sobre el estado actual de las presentaciones legales de las comunidades Huarpes y a denunciar el “cajoneo” de la causa. ATPA estuvo allí y dialogó con delegados aborígenes y representantes legales.
Lo que se denuncia desde las comunidades es el tratamiento dando a la ley 6920, buscando su inconstitucionalidad desde la fiscalía de Estado. Durante las gestiones de Lafalla e Iglesias se dieron todas las condiciones para la aprobación de esta ley, que reconocía a los Huarpes como titulares legítimos de estos territorios y que fue visada eb aquel ebtonces por el Fiscal de Estado Aldo Giordano. De esta forma el Estado reconoció la existencia y la preexistencia étnica a las comunidades Huarpes. Dicha ley, además, fue sancionada por unanimidad el 8 de agosto de 2001 en diputados, luego de lo cual el actual Fiscal de Estado Pedro Sin interpone el pedido de inconstitucionalidad.
Las razones del pedido de inconstitucionalidad resultan, por lo menos, contradictorias. Desde la fiscalía se argumenta que son demasiadas tierras para tan poca gente, algo paradójico si se tiene en cuenta que las 11 comunidades Huarpes en Lavalle totalizan 4000 personas, mientras que los nuevos propietarios que han adquirido territorios mediante compra, y que han alambrado parte de esas tierras hacen un total de 700. Cabe aclarar que el total de las tierras en disputa es de 760.000 hectáreas.
En este último punto parece estar el nudo principal de la problemática. Es que estos nuevos propietarios representan a grandes grupos económicos y de mucho poder en nuestra provincia. El Dr. Fidel Bustelo, abogado de las comunidades, prometió a los medios entregar un listado con los 700 nombres entre los que figuraría, según señaló el propio abogado, el nombre del empresario Pescarmona, por ejemplo. En este sentido, para Bustelo “no es casual que cada vez que los Huarpes avanzan en la causa surgen declaraciones como las del arqueólogo e investigador del Conicet Alejandro García, quien dijo que “las comunidades no son puramente de esta etnia sino mas bien descendientes de los primeros pobladores”. El doctor Bustelo reveló a ATPA: “me llama la atención el momento en el que salen a la luz estas declaraciones. El tema es la oportunidad. La reunión de hoy de los Huarpes con los periodistas se conoce desde hace 20 días. Durante todo el año la problemática Huarpe no le interesa a ningún medio, y el día anterior a esta conferencia sale a doble página y en primera plana. Esto llama la atención”.
Ramón Tello, representante de todas las comunidades Huarpes de Mendoza ante el Gobierno de la provincia y el de la Nación señaló: “nuestra gran lucha es la titularidad de las tierras que necesitamos para vivir tranquilos”. Tello se refirió a los propietarios diciendo que contratan gente y no dan la cara: “Sabemos que Pescarmona mandó gente de lugares marginales de Mendoza que responden con violencia, entonces no pudimos ir a hablar, pero hicimos una denuncia y sacamos esa gente de ahí”.
Si bien las comunidades priorizan el tema de la titularidad de las tierras denuncian muchos casos de discriminación. El padre Benito Sellito que acompaña a los Huarpes desde hace tres décadas en esta lucha, dijo que “los Huarpes sufren humillaciones a diario. Los chicos de las comunidades que van a la Universidad son detenidos por la Policía con los documentos en la mano. Pero debemos atender las prioridades primero, por eso los casos de discriminación pasan a un plano menor”. Por su parte Francisco Suárez, descendiente Huarpe, señaló que “no nos molesta que nos digan indios porque somos indios, pero si nos molesta que no nos escuchen por nuestra condición étnica”.
Los dos años en que se hicieron los distintos estudios que demandaron tiempo, recursos económicos y humanos para determinar la sanción de la ley 6920de expropiación, representan la contradicción más grande que enfrenta el Estado hoy para haber trabado la entrega de títulos a los Huarpes. Luego de largas discusiones e investigaciones que incluyeron la participación de numerosos profesionales se sanciona una ley para luego salir al cruce desde la Fiscalía de Estado y decir que la ley no es razonable. Resulta inentendible el accionar de algunos organismos del Estado. La Fiscalía de Estado entra en funciones cuando los intereses de la provincia se ven afectados. En este caso cabe preguntarse entonces: ¿De qué forma se ven afectados los intereses de la Provincia si se le entregan los títulos de las tierras a las comunidades Huarpes? Este es un interrogante difícil de responder desde la fiscalía y desde cualquier punto de vista.
Hoy por hoy estas comunidades luchan por lo que les pertenece, ante una sociedad que no los apoya, que prefiere desentenderse. Y luchan en contra de un Estado que les ha jugado una mala pasada, ignorando y hasta casi negando a los aborígenes de Mendoza. Como señaló a ATPA Fabián Esquivel, delegado de la Comisión de Participación Indígena: “nos niegan a nosotros que somos quienes pisamos primero Mendoza, niegan a nuestros antepasados. Con la colonización comenzaron a arrinconarnos y a sacarnos las tierras. Y ahora el Estado no hace nada por reivindicarnos, sino todo lo contrario, nos quiere ocultar, nos discrimina y acalla nuestras voces a través de su poder”.
Por último cabe señalar que las comunidades Huarpes de Lavalle se movilizaron este miércoles por el centro de nuestra ciudad para reclamar por la titularización de las tierras. La movilización partió a las 10 desde el kilómetro 0 hasta casa de Gobierno.
