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El colectivo de trabajo del Proyecto de Comunicación Popular de Radio La

Cantora, informó que hace responsable al Gobernador de Buenos Aires Felipe Solá y a la fiscal Maria Cristina Ciccacci por “violar los pactos internacionales de derechos humanos y tomar declaración a los aprehendidos, esposados a la espalda y con los pies maniatados.

El pronunciamiento se vincula a la detención de Nelson Fabián Sampietro en Trenque Lauquen por un informe fantasma del Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Sampietro, conocido por su lucha contra la corrupción y la violencia penitenciaria en las cárceles de Buenos Aires, se encuentra detenido en la Unidad 29 de Melchor Romero, de Máxima Esta medida fue profundizada en la última semana con la no ingesta de líquidos.

Según la organización denunciante, el reclamo se realiza “en repudio al armado de la causa en la que fuera detenida también la profesora Azucena Racosta, coordinadora de nuestro proyecto, hoy en libertad, por “Portación Ilegal de Arma de Guerra”, y para denunciar el trato degradante e inhumano que a sufrido en el transcurso de su detención”.

Sampietro estuvo gravemente enfermo y abandonado en una celda común hasta que luego de infinidad de reclamos, fue tratado en la Unidad 22. De vuelta a la Unidad 29 los penitenciarios le aclararon que “muerto el perro se acabó la rabia”.

El colectivo señala que éste es “en definitiva el reclamo de todos aquellos que sufren diariamente las vejaciones, torturas y como es de público conocimiento, la muerte provocada por el terrorismo de Estado instalado en las cárceles bonaerenses y la nueva metodología que el sistema de control ha puesto marcha para encarcelar a los militantes populares: el armado de causas”.

Fuerte apoyo a la denuncia

La denuncia expresada por La Cantora tuvo un fuerte respaldo de las organizaciones de derechos humanos. Se trata de una dura nota enviada a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires firmada por  la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), la agrupación H.I.J.O.S. – La Plata y la Asociación Miguel Bru. En la misiva se repudia el accionar de la fiscal interviniente y se enmarca la situación de Sampietro en una “violación a las garantías que encuentran su máxima expresión en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales”