A través de un encuentro virtual, del que participaron autoridades de la Unidad Académica de la Universidad Nacional de Cuyo y los profesionales que liderarán el Laboratorio de Análisis Económico del Derecho (LAED), se dio inicio al conjunto de actividades que se desarrollarán en el lugar.

El acto de apertura fue virtual y abierto a todo el público. Estuvieron presentes, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Esther Sánchez, el Secretario de Posgrado e Investigación, Juan Carlos García Ojeda;  Silvina Furlotti y el Gabriel Juan, del campo del Derecho.

En la oportunidad, se destacó que las carreras de económicas y de derecho se encuentran ligadas de forma estrecha. Que en ese sentido se crea este Laboratorio para generar un espacio de vinculación y crecimiento de la innovación, en búsqueda de nuevas alternativas y mejoras en la aplicación del análisis económico en el campo del derecho.

La presentación del proyecto la realizó Carlos Martínez Cinca, quien estará al frente del LAED,  y la moderó, Juan Diblasi. Durante la disertación se puso el énfasis en el “Teorema de Coase”, en demostrar la importancia que tienen las consecuencias económicas de los fallos en el derecho. La idea es, a través del Laboratorio, acercar una lógica que no debería ser tan difícil de alcanzar, tratando de imitar la lógica del mercado para poder reducir los costos de transacción en los fallos de la justicia.

La disertación se fundó en el caso de Francisco Torres contra el Estado de Mendoza. Y el disparador fue: ¿Cuándo se configura una omisión antijurídica en el accionar del Estado? Este caso, de 1989, fue el que abrió las puertas al análisis económico del derecho en Latinoamérica.

El Laboratorio

El proyecto estará enmarcado en el CIVE UNCUYO (Centro de Investigación y Vinculación Económica) que dirige Alejandro Trapé. Tiene como visión ser un Laboratorio referencial a nivel regional, de Investigación en Análisis Económico del Derecho (AED) con formación de equipos de investigación, especializados en interpretación y evaluación de impacto económico de normativa general y sectorial desde políticas públicas y decisiones emergentes.

En tanto que la misión es operar un laboratorio que visualice, determine, desarrolle e implemente metodologías, técnicas y herramientas de análisis económico del derecho, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de UNCUYO.

Dentro de los objetivos el espacio contempla la posibilidad de formular estrategias para madurar datos e información, que potencialmente se correspondan con campos del conocimiento que, a priori, constituyan áreas de armonía y/o de conflicto, entre los enfoques de las Ciencias Económicas y el Derecho, relacionados con normativa general y/o sectorial a partir de políticas públicas y decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales emergentes. Y desarrollar soluciones disruptivas generadoras de impactos conducentes a un verdadero upgrading en el reconocimiento y aplicación de derechos.

Además de ofrecer capacitación y asistencia técnica a las diferentes áreas de gobierno ejecutivo provincial y municipal, en etapa de elaboración de proyectos de intervención institucional en mercados que involucren a sectores productivos de bienes y/o servicios de la economía provincial. Como así también en la elaboración de proyectos por parte de las Cámaras de Diputados y Senadores de Mendoza, en aquellos aspectos relacionados con la asignación de los recursos públicos efectuada mediante la Ley de Presupuesto de la Provincia. Y a las diferentes instancias judiciales que lo requieran, en lo relativo a la debida merituación de impactos involucrados, al momento de tomar posición frente al reconocimiento de derechos fundamentados en criterios de equidad que desconozcan la sustentabilidad económica del agregado social de una comunidad.

Prevé, además, acciones estratégicas destinadas a conformar un equipo de investigadores tendiente a contribuir a un cambio de consideración de los impactos económicos de sus acciones por parte de los decisores públicos, pertenecientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Provincia de Mendoza.

Y también a fortalecer la presencia de los investigadores y profesionales de la Facultad en los ámbitos jurídicos provinciales (ejecutivos, legislativos y judiciales) en los que la lógica y el lenguaje económico aún encuentran resistencias institucionales a su adopción.