Por Belén Faiozzo
Agencia Taller - Departamento de Política
Los empleados públicos de Mendoza que fueron echados de sus puestos de trabajo entre los años 1976 y 1983 durante la dictadura, han presentado un proyecto de ley solicitando que se les pague la indemnización correspondiente por haber sido expulsados de sus trabajos sin causa u obligados a renunciar.
Entrevistado por Agencia Taller el senador de Fiscal, Marcos Garcetti, explicó que “el proyecto se corporizó en una sesión del Senado cuando por unanimidad se votó que el Poder Ejecutivo provincial contemplara la posibilidad de indemnizar a todos los empleados públicos que fueron cesanteados durante la dictadura militar, que hasta la fecha no han tenido resarcimiento por vía judicial”.
Garcetti comentó: “tuvimos una entrevista con el gobernador Julio Cobos quien nos dio su posición favorable por la petición y quiso conocer los casos de cada uno de los que fueron, pero con la restricción de que no fuera usado en materia electoral, entonces a partir del 24 de octubre comenzaremos a tratar el tema legislativamente”.
“Estamos armando una carpeta con los antecedentes de todas las personas que se suscriban y registren en el formulario con la declaración jurada donde exponen su situación y presentan la documentación para acreditarse como beneficiarios”, describió Garcetti.
Por su parte, Alicia Rebdman, integrante de la comisión organizativa designada, contó a Agencia Taller que “luego de las primeras reuniones, presentamos el proyecto a varios partidos políticos, pero no tuvimos respuestas. Ahora con el apoyo de Fiscal, esperamos lograr su aprobación”.
Rebdman cuenta los cesanteados se están reuniendo desde junio. “Al principio nos juntamos pocas personas, ahora somos más de 60”, dice y calcula en más 300 las personas que han presentado sus declaraciones juradas, hasta ahora.
La inscripción, para todos los empleados públicos que fueron cesanteados de sus trabajos durante la última dictadura militar en Mendoza, está abierta hasta el 15 de octubre.
Una vez establecido el número de personas que se presentan para ser beneficiados, “el gobierno podrá establecer el modo de producir el resarcimiento que ya está concedido por el gobernador, que es el único que puede tomar una decisión de este tipo ya que han pasado casi 30 años”, explicó el senador de Fiscal.
“El reconocimiento será del salario que en enero de 2005 percibe el trabajador que cumple la función en la que fue dada de baja la persona. Hay un máximo de 100 sueldos para la persona que estuvo cesante todo este tiempo, pero no es el caso de todos por que hay gente que fue reincorporada o que fue cesanteada por un tiempo menor, entonces es un sueldo por mes de cesanteo”, explicó Garcetti.
El que no reclame dentro de los 180 días de promulgada la ley perderá su derecho definitivamente. Este límite está fundado en el gasto que va a demandar al gobierno el pago que se solicita.
Las declaraciones juradas serán presentadas el 15 de octubre, y desde el gobierno les darán respuesta luego de las elecciones legislativas del próximo 23 de octubre. Así contaron los integrantes de la comisión a Agencia Taller quienes invitan a todas las personas que deseen presentarse a las reuniones que se realizan todos los jueves en el Salón Azul de la Legislatura provincial.
Deuda moral
Edith Ríos, una de las personas que fue cesanteada, comentó que “la persecución que sufrimos en el trabajo fue terrible, mis compañeras me miraban mal, se iban cuando yo entraba al baño, todo por ser indicada como militante de algún partido de izquierda”.
Con respecto a esto, Norma Fenoy, integrante de la comisión designada a cargo del proyecto, dijo a Agencia Taller que “la solidaridad nos ha reunido, para lograr este derecho de todos los que fuimos cesanteados sin razón, y después de 29 años”.
También integran la comisión designada Juan Carlos Ortubia, Antonio Basilio, Rogelio Carrasco, Osvaldo Álvarez y Alicia Rebdman.
Esta última estimó que, una vez aprobada la ley, en el mes de noviembre los ex empleados empiecen a cobrar su indemnización.
Entre las personas cesanteadas se encuentran militantes de partidos de derecha y de izquierda, incluso gente que no pertenecía a ninguna asociación o gremio. Marcos Berro, reflexionó que “el resarcimiento que buscamos también es moral” por la persecución de aquellos días y recalcando todo el tiempo que ha pasado para que recién después de 29 años puedan cobrar el resarcimiento que les correspondió siempre.
Marcos Garcetti, también reflexionó sobre esto y dijo: “es un resarcimiento tardío, no representa un acto de justicia por que ésta debe ser oportuna, pero es un acto de reivindicación imprescindible para mucha gente que quedó mal económica y moralmente a partir del descrédito que sufrieron. Hay gente que no se ha podido jubilar por no tener el reconocimiento de esos años se servicio que fueron interrumpidos arbitraria e ilegalmente por la dictadura”.