En una entrevista concedida al canal de televisión `Globo`, Rousseff rechazó la "teoría de la conspiración", pero señaló que aprovechando las denuncias formuladas en las últimas semanas, aparecieron sectores políticos con el objetivo de "adelantar las elecciones" previstas para octubre del año próximo.
"Creo básicamente que en un clima como éste todos los intereses posibles están mezclados. Hay que tener cuidado para que eso no se convierta en una tentativa de transformar una crisis localizada en una crisis institucional", dijo la ministra, nombrada en el cargo por Lula tras la renuncia la semana pasada de José Dirceu, mencionado en denuncias de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) había pagado sobornos a diputados.
El gobierno sostiene que todo es consecuencia de la lucha frontal que se está librando contra las irregularidades, y el Partido de los Trabajadores dice que el origen de las denuncias es puramente electoral y tiene como objetivo final desgastar a Lula de cara a las presidenciales. Tanto el Gobierno como el PT insisten también en que hasta ahora no se presentó una sola prueba de las denuncias y en que los denunciantes son a su vez acusados por diversas irregularidades.
Rousseff dijo que "todo debe ser investigado y, si hay culpables, debe haber castigo", pero consideró que el gobierno debe mantenerse al margen de las "turbulencias" y continuar con su tarea específica. "La crisis está en manos de quien debe estar", explicó en alusión a que todos los casos están siendo investigados por el ministerio de Justicia, por las autoridades policiales y hasta por el Parlamento.
Señaló también que la crisis "es política", lo cual se demuestra en el hecho de que los mercados financieros casi no sufrieron con los escándalos. "El mercado y los inversores están teniendo una percepción más clara que la que tienen algunos actores políticos" y entendieron que "la crisis está siendo enfrentada con madurez", declaró.
El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió, por nueve votos a favor y uno en contra, una investigación sobre la supuesta relación de los bingos brasileños con organizaciones criminales y la presunta vinculación con el caso del ex asesor de la Casa Civil Waldomiro Diniz, amigo y colaborador del dimitido ministro coordinador de Brasil José Dirceu.
La acusación sostiene que Diniz extorsionó a la mafia de los bingos y el juego ilegal de Río de Janeiro para financiar la campaña electoral de al menos un candidato del partido del actual presidente en las elecciones de 2002, comicios en los que Lula subió al poder.
Diniz, amigo y colaborador de Dirceu, fue destituido al conocerse las denuncias sobre la supuesta corrupción. En este momento, la oposición pidió que el Congreso abriera una investigación, sin embargo Partido de los Trabajadores bloqueó la solicitud.
La investigación se abre casi dos años después de que el Partido del Frente Liberal y el Partido de la Social Democracia Brasileña (derecha) lo solicitaran al Supremo y será el presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB-AL), quien nombre a los parlamentarios que van a integrar la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) encargada del caso.
Dirceu, quien renunció a su cargo el pasado 16 de junio, era el brazo derecho del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, cuyo Gobierno está en crisis por las denuncias de corrupción que han salido a la luz y que salpican a varios altos funcionarios.
APM/Agencia Taller
