Por Silvia Guillén

APM /Agencia Taller

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Los piquetes son mucho más que el reclamo a la falta de un puesto laboral. La figura del piquetero está asociada a un grito desesperado por reclamar todo aquel derecho que el Estado no asume con responsabilidad, desde el momento en que cambió la categoría de ciudadanos por la de consumidores. Los manifestantes ya no son sólo desempleados o personas ubicadas bajo la línea de pobreza.

Otros estratos sociales han adoptado la modalidad del corte de ruta en reclamo por sus derechos. Las madres que ya no pueden enviar a sus hijos a los comedores comunitarios, los ancianos que no reciben atención médica, los chicos cuyas escuelas tienen serias deficiencias para albergarlos, se reúnen en apoyo a los piquetes. Desde 1995 en Argentina, el piquete es una forma de recrear el imaginario colectivo. Todos son parte de algo que los une: la necesidad.

Al día de hoy, está probado que los manifestantes han sido víctimas no sólo del aprovechamiento de su desesperación por parte de algunos políticos, sino que ya no es novedad la pretensión de criminalizar la pobreza. Los manifestantes son perseguidos, encarcelados, y hasta torturados. La semana pasada quedó libre, luego de un año y medio de prisión, el piquetero Gabriel Roser, al que se le había armado una causa por ser un dirigente luchador por los derechos de los que menos tienen.

Pero el caso más emblemático y con gran apoyo social (cosa que no siempre acontece), es la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados por la policía el 26 de junio de 2002 durante una manifestación piquetera en el Puente Pueyrredón de Avellaneda (Buenos Aires), donde los manifestantes reclamaban salud, educación y un aumento en los “planes trabajar” (ayuda asistencialista).

Ese día, la represión fue una de las más salvajes de las que se tengan memoria. El ex presidente Eduardo Duhalde (mandatario en ese momento), había anunciado en los días previos que no iba a dejar cruzar el puente a los piqueteros y se esperaba una represalia, pero la realidad superó lo previsto. No sólo hubo dos muertos, sino además 180 heridos de distinta gravedad (33 por balas) y más de un centenar de detenidos. Tanto Maximiliano Kosteki como Darío Santillán murieron desangrados producto de las heridas recibidas con balas de plomo, según atestiguaron los peritos forenses Alfredo Romero y Jorge Herbstein, encargados de las autopsias. Kosteki fue alcanzado por tres balas que podrían corresponder a un mismo disparo. Santillán fue fusilado por la espalda a una distancia de entre 80 centímetros y un metro veinte. Los criminales fueron identificados inmediatamente gracias a dos fotógrafos que estaban en el lugar, y además los acusados tienen el agravante de pertenecer a las fuerzas policiales, autoridades supuestamente de defensa ciudadana.

Generalmente, las movilizaciones por los reclamos se van desgastando y van perdiendo fuerza. Muy por el contrario, las efectuadas por el esclarecimiento y castigo a los responsables de las muertes de los jóvenes luchadores, han ido in crescendo porque es una pelea que no se acabará sin el castigo de los culpables. Paradójicamente, el primer condenado por la Masacre del Puente Pueyrredón fue uno de los manifestantes que marcharon aquel 26 de junio. Hernán Gurián, militante del Partido Obrero, fue sentenciado a 18 meses de prisión en suspenso y a realizar tareas comunitarias, acusado de cometer “atentado grave y resistencia a la autoridad”. Los principales testigos que declararon en su contra fueron los policías imputados y procesados Alejandro Acosta y Alfredo Fanciotti.

Por fin, y gracias a la lucha inclaudicable de familiares, amigos, organizaciones piqueteras y de derechos humanos, se está llevando a cabo el juicio oral a los asesinos, el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta. En su alegato, el fiscal adjunto Alejandro Vidaurre avanzó en el pedido de prisión perpetua para los policías, y consideró "probado" que los ex policías "dispararon con la finalidad de dar muerte" a las víctimas. "Esta fiscalía tiene por probado que Fanchiotti y Acosta portaban escopetas cargadas con bala de plomo, que dispararon en dirección de los manifestantes con la finalidad de darles muerte", afirmó el fiscal ante los miembros del Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora.

Por su parte, el fiscal Bernardo Schell al efectuar la defensa, recordó cómo Acosta testimonió en la audiencia que Fanchiotti le dijo "dame los cartuchos rojos (con postas de plomo) que a éstos negros hay que matarlos a todos". De prosperar el pedido de prisión perpetua de la fiscalía y de la querella, Fanchiotti y Acosta podrían ser condenados a un máximo de 25 años de cárcel por los homicidios cometidos durante la represión policial de junio de 2002 en inmediaciones del Puente Pueyrredón.

La argumentación de la fiscalía es contundente. El comisario Fanchiotti “jefe del operativo que portaba una escopeta cargada con cartuchos de plomo, y el cabo Acosta, que llevaba también una escopeta con postas de guerra, se adelantaron hasta sobrepasar la línea policial” que avanzaba hacia los demás manifestantes. Cuando estuvieron frente a ellos, Acosta y Fanchiotti “de común acuerdo, cada uno conociendo la conducta que desplegaba el otro, dispararon con munición de plomo con la finalidad de dar muerte a los manifestantes, quienes indefensos, sin oponer resistencia, sin constituir un peligro real, corrían alejándose”, alegó la fiscalía.

Pero el proceso no ahondará en las responsabilidades políticas de los acontecimientos que terminaron con dos muertos y obligaron al entonces presidente Eduardo Duhalde a adelantar en seis meses el llamado a elecciones para sucederlo porque el país se le venía abajo. Los luchadores piqueteros no están dispuestos a que se haga justicia parcialmente.

En ese entonces, las irresponsabilidades de parte del gobierno de Duhalde se fueron sucediendo. El 26 de junio de 2002, Juan José Álvarez, estaba al frente de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Nacional, y por supuesto fue uno de los señalados en primera instancia como responsable ideológico y político de la masacre de Avellaneda. Para sorpresa de todos (o casi), fue ascendido por el ex presidente Duhalde a Ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, y tras la asunción presidencial de Néstor Kirchner fue incluido en listas para diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, garantizando así su inmunidad parlamentaria en caso de sufrir algún procesamiento por los crímenes de los que se le acusan.

Este es el antecedente principal de la actual puja entre gobierno y piqueteros, ya que la negativa e inconvenientes para tratar de llevar a la justicia a los responsables ideológicos en los asesinatos de los jóvenes aumentó malestar a la situación. El reclamo legítimo de los marginados incomoda al gobierno, ya que se habla desde la administración Kirchner de la criminalización de la protesta social y la creación de una brigada antipiquetera en la Policía Federal para controlarla.

Por su parte, Carlos Soria, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno duhaldista, explicó cuál era el temor del gabinete nacional a mediados de 2002. “El peligro consistía en la integración de la protesta social”, declaró en los tribunales de Lomas de Zamora. También dio testimonio Luis Genoud, por entonces ministro de Seguridad bonaerense, quien aseguró que no dio ninguna directiva a la policía provincial “porque la fuerza debe actuar de acuerdo a la ley”. Roberto Giacomino, jefe de la Policía Federal, y Juan José Beltricchi, titular de Prefectura, negaron haber participado en reuniones de coordinación del operativo.

Pero el operativo represivo armado para la ocasión, no se produjo porque las fuerzas policiales decidieron reprimir independientemente. Los fotógrafos Sergio Kowalewsky y José Mateos, con sus imágenes, desbarataron la versión que pretendió hacer creer que Darío Santillán y Maximiliano Kosteki habían muerto tras un enfrentamiento entre piqueteros en el Puente Pueyrredón. Registraron la brutalidad policial: cómo Acosta y Fanchiotti (principales imputados en este juicio) apuntan a Santillán por la espalda en el instante previo a ser asesinado, y cómo manipularon con saña los cuerpos de las víctimas.

Como bien figura en el informe pormenorizado efectuado por el medio independiente “La Vaca”, la desinformación fue total y la versión que difundieron los grandes medios televisivos y radiales estuvo en sintonía con la decisión política del gobierno y el accionar represivo en el Puente. Por ejemplo, el equipo de TN (Todo Noticias, del Grupo Clarín) aun después de informar que una mujer (por Aurora Cividino) "aparentemente fue herida de gravedad", prefirió dedicarle casi media hora de transmisión a lamentarse por los destrozos a comercios de la zona y automóviles estacionados. Ante la desinformación, las principales vías de comunicación popular durante las primeras horas, fueron los medios alternativos y los llamados telefónicos.

En otro orden, una de las piqueteras participantes de la movilización del 26 de junio, Elisa Delboy, declaró durante el juicio y habló de la lucha de Maximiliano y Darío a favor de los pobres. Vicky, como la conocen todos, es además fundadora del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Guernica (Buenos Aires). Se mostró escéptica cuando se refirió al proceso judicial y expresó que “yo creo que este juicio es una falsedad, está destinado a calmar lo ánimos, nunca creí que se pueda profundizar. Si no se cita a los responsables ideológicos es una farsa. Creo profundamente en la perversión del sistema que vivimos. No tenemos una justicia independiente, no tenemos república. Es cierto que esta democracia es mejor que la dictadura, pero la represión existe. Siguen asesinando pibes. No creo que este juicio arroje más de cuatro o cinco años de cumplimiento efectivo y ni siquiera tendrán el castigo de estar en una cárcel común. Y después inventarán algún indulto o legislación que permita que salgan. Mientras tanto, los responsables ideológicos siguen libres”.

Lamentablemente, podría afirmarse que Vicky tiene razón. Los pobres están hartos de que se los persiga, de que se lo meta presos, de que se los mate. Son la cara de la realidad argentina que contrasta con la otra que pretenden seguir vendiendo. La casa “no está en orden” y está lejos de estarlo. Los piqueteros son los que se encargan diariamente de recordarles a los responsables lo siniestra que resulta su política socio – económica. Pero a pesar de que Vicky no tiene demasiadas esperanzas, se presentó a declarar porque considera que “alguien tiene que dejar registro, no importa quién. Uno no tiene que callarse. A pesar de no creer, uno siempre tiene que intentar denunciar y pelear por la justicia”.