APM/Agencia Taller
Por Silvia Guillén
sguillen@perio.unlp.edu.ar
Apareció frente a las cámaras con su rostro y su cuello ensangrentados. La imagen era impactante y los periodistas lo acosaban a preguntas sobre quién le había ocasionado las heridas, cómo habían sucedido los hechos y sobre todo, si los responsables estaban identificados. Él contestaba con calma y de a ratos esgrimía una sonrisa dibujada para la ocasión. Después de todo, estaba quedando como “un héroe” de guerra y debía mostrar el orgullo del “deber cumplido”. Pero con el correr de las horas, la difusión de innumerables testimonios que superaron el miedo y la muestra del material fotográfico y fílmico, dieron vuelta la historia oficial. El comisario (en ese entonces) Alfredo Fanchiotti, supuesto héroe de los enfrentamientos entre policías y piqueteros en el Puente Pueyrredón de la localidad de Avellaneda (Buenos Aires), era nada más ni nada menos que un asesino a sueldo pagado con los impuestos de los ciudadanos.
La descripción efectuada por parte de las autoridades sobre muertes accidentales por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante el desalojo de un piquete sobre el puente Pueyrredón, se quedó sin sustento. El lunes a la noche la justicia impartió el fallo condenatorio de cadena perpetua para el ex comisario Fanchiotti y su chofer (ex policía también), Alejandro Acosta. Ambos habían emprendido una verdadera cacería un frío 26 de junio de 2002, contra desocupados y militantes piqueteros. La represión dejó en la estación de Avellaneda, los cuerpos sin vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, además de 160 detenidos y 33 heridos con postas de plomo entre un total de 90.
La dura pena impuesta contra los asesinos, es un golpe justo a la impunidad de la que históricamente siempre ha gozado la policía de la provincia de Buenos Aires, y las fuerzas de seguridad en general en Argentina. Es un fallo ejemplar que sienta precedentes, sobre todo al ser impuesto por jueces que no apoyan las metodologías de las protestas piqueteras, pero que tenían la firme convicción de impartir justicia al comprobar que el abuso de autoridad dejó sesgada dos vidas, además de haberse puesto en riesgo muchas más.
Los dos jóvenes militantes piqueteros fueron asesinados a balazos el 26 de junio de 2002, en la represión policial por el reclamo de planes sociales, durante el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde. En ese momento, por el doble crimen y las heridas de bala de plomo causadas a otros 33 manifestantes, fueron detenidos el entonces titular del Comando Patrullas de Avellaneda, el ex comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el ex cabo Alejandro Acosta. Además, otros seis ex policías quedaron acusados de encubrimiento agravado y todos fueron exonerados de la bonaerense.
La movilización había sido una de las primeras manifestaciones masivas convocadas por movimientos piqueteros, luego de las protestas sociales que habían desencadenado en la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001. Fanchiotti y Acosta fueron fotografiados por reporteros gráficos y filmados por canales de televisión que cubrían ese día el corte del puente, y esas imágenes aportadas a la justicia fueron usadas como principal prueba en el juicio oral. Durante 8 largos meses se llevaron a cabo más de 80 audiencias. Los jueces del Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora (Buenos Aires) Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán escucharon a unos 300 testigos pero, sobre todo, dieron fundamental importancia a las escenas de los crímenes captadas por camarógrafos y reporteros gráficos.
En una de esas imágenes aparecía el acusado Fanchiotti con su arma apuntando contra Santillán, quien corría escapando de la salvaje represión, pero se detuvo y se agachó para asistir a su compañero, Maximiliano Kosteki, que yacía en el hall central de la estación de trenes de Avellaneda, ya herido de muerte. Ni bien se paró, un disparo a quemarropa lo hizo saltar por el aire: fue fusilado por la espalda. Las desgarradoras imágenes, mostraban cómo lejos de asistirlo, los policías que ingresaron en tropel a la estación lo arrastraron hacia afuera, donde se desangró hasta morir. La prueba contra los policías fueron las fotos tomadas por Sergio Kowalewski (publicadas en el diario Página 12) y Pepe Mateos, además de una serie de filmaciones de televisión en las que se ve a las fuerzas de seguridad disparando contra Kosteki y otros manifestantes, y ya en la estación, hacer fuego contra Santillán. En base a esas imágenes se realizaron pericias que confirmaron la autoría de los disparos. Nunca había habido en la historia judicial, un caso como este, donde todo quedara fotografiado y filmado.
Tres fuerzas habían sido afectadas al control del piquete sobre el puente que comunica Capital y provincia de Buenos Aires: la Policía Federal desde el lado porteño, la Prefectura Naval y la Policía Bonaerense. Fue en la jurisdicción de la provincia donde se desencadenó la represión más brutal, con la participación adicional de hombres de civil, que además se preocupaban por borrar las huellas de sus disparos, según revelaron las imágenes de prensa. Fue un verdadero milagro que no haya habido más muertes, gracias a la eficaz intervención de médicos de los hospitales públicos bonaerenses y los militantes que, en plena fuga, recogieron a los más de treinta heridos que iban dejando las postas de plomo con la marca de la bonaerense.
Esa feroz represión policial, marcó el principio del fin de la gestión presidencial de Eduardo Duhalde. Los asesinatos de Kosteki y Santillán desataron en su momento gran conmoción social, y terminaron de marchitar la gestión del entonces presidente interino Duhalde, que el 2 de julio (una semana después de la denominada Masacre de Avellaneda), anunció el adelantamiento en seis meses de las elecciones presidenciales previstas para 2003. No tuvo más alternativa que optar por una decisión política de peso, ya que fue su gobierno el que ordenó el imponente operativo para impedir el corte piquetero en Puente Pueyrredón.
Ahora, a tres años y medio de los hechos, los magistrados Elisa López Moyano, Jorge Roldán y Roberto Lugones determinaron que Fanchiotti y Acosta deberán pasar al menos 25 años presos, antes de solicitar el beneficio de la libertad condicional. El Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora consideró a Fanchiotti y Acosta responsables de los delitos de “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de asesinato” por los heridos de bala de plomo. El veredicto había sido anunciado para las 17 pero se demoró tres horas y media debido a que la impresora se había roto, a lo que cabe preguntarse si era la única impresora disponible en todo el edificio judicial. Más allá de suspicacias, en ese lapso de tiempo, un grupo de manifestantes que esperaba el veredicto fuera del recinto, se dirigió hacia la casa de la madre del ex presidente Eduardo Duhalde, ubicada en las cercanías del tribunal, y realizaron un escrache (puesta en evidencia pública).
Los jueces también condenaron a Fanchiotti y Acosta por siete intentos de homicidio; a los oficiales Félix Vega, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente les impusieron 4 años por encubrimiento agravado. Sin embargo, los tres seguirán en libertad hasta que la condena quede firme, ya que se descuenta será apelada ante la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país. También pesaron condenas por encubrimiento sobre Gastón Sierra y Lorenzo Colman a 3 y 2 años, pero como es una pena excarcelable, no irán a prisión.
Del mismo modo, se condenó a Celestino Robledo a 10 meses en suspenso por usurpación de títulos y honores, debido a que como civil participó del operativo de represión ese día, pese a que había renunciado a la fuerza de seguridad.
Las penas que impuso el tribunal fueron exactamente las que había reclamado la Fiscalía, tanto las de prisión perpetua (incluido el agravante de la alevosía con la que actuaron Fanchiotti y Acosta), como las penas menores con las que se sancionó a otros seis ex policías por encubrimiento y usurpación de autoridad. Hubo una única excepción, la del ex cabo Lorenzo Colman, a quien se castigó con dos años de cárcel en vez de los tres que había reclamado el fiscal Bernardo Schell.
En otro orden, los jueces ordenaron abrir una causa judicial por supuesto falso testimonio al ex ministro de Justicia de la presidencia de Eduardo Duhalde, Jorge Vanossi, al ex titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) Carlos Soria, y a su entonces segundo, Oscar Rodríguez, quienes declararon como testigos bajo juramento de verdad en el proceso. Asimismo, los magistrados rechazaron un pedido de los familiares de las víctimas, que buscaban abrir una investigación contra funcionarios bonaerenses al momento de los hechos, como el ex jefe de la Policía Edgardo Beltracchi y el secretario de Seguridad, Luis Genoud, pero sí ordenaron investigar presuntas vejaciones y apremios ilegales denunciados por manifestantes que ese día fueron llevados detenidos a la comisaría 1ª de Avellaneda.
Una vez conocido el veredicto, los familiares directos de las víctimas expresaron su parecer: “Estamos contentos porque es un paso importante, por primera vez hay una condena efectiva a la bonaerense y es una condena que hace todo el país”, dijo la hermana de Maximiliano, Vanina Kosteki, y agregó que”esto demuestra que si luchamos las cosas se logran, pero ahora vamos por más. Por su parte, Alberto Santillán, el padre de Darío, coincidió con Vanina al expresar que “este es el primer paso de una historia que debe continuar”, y añadió que “algunos policías recibieron penas livianas, pero estoy conforme. Mi hijo está en el espíritu de todos los que luchan”. Santillán expresó con tristeza que “esto no le va a devolver la vida a mi hijo, pero es un paso muy importante en la búsqueda de justicia: es importante que por primera vez se haya condenado a policías bonaerenses por asesinar a manifestantes en la vía pública. Estoy conforme”. En relación al accionar de los jueces, Alberto Santillán afirmó que “es lo que esperábamos: la fiscalía y el tribunal investigaron muy bien a los idiotas útiles como estos dos. No me siento mejor porque nada me devuelve a mi hijo. Pero su espíritu está en mí, en sus hermanos y en sus amigos, y habrá que mantener la fuerza para que ahora se investigue a los que están más arriba”.
Obviamente, el padre del piquetero asesinado se refería al ex presidente Eduardo Duhalde, a Alfredo Atanasof, a Horacio Jaunarena, a Jorge Matzkin, a Luis Genoud y a Jorge Vanossi, entre otros políticos que se encontraban en funciones en distintos niveles de responsabilidad al momento de la represión policial. Además entre los responsables, los familiares de las víctimas fatales señalan al actual Ministro del Interior, Aníbal Fernández y al Gobernador en funciones de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá.
En tal sentido, el expediente iniciado para endosar responsabilidades políticas, no ha mostrado hasta ahora ningún avance, pero tampoco prescribió, por lo que se intenta reimpulsarlo. En los ocho meses que duró el juicio oral contra Fanchiotti y Acosta, la mayor parte de los ex funcionarios no se presentó a declarar por figurar como imputados ante la Justicia federal, aunque algunos tuvieron que presentarse. En base a las solicitudes de las organizaciones piqueteras, el tribunal dispuso enviar copias de las declaraciones de los ex funcionarios al juzgado del juez Oyarbide, para dar impulso al expediente, y para que se investigue por qué la SIDE, hizo inteligencia sobre las organizaciones sociales.
Para fundamentar su fallo, el tribunal acusatorio en primera instancia hizo una crítica a la práctica piquetera del corte de rutas y al uso de palos y caños para reclamar una mejor situación social. Asimismo, manifestaron su oposición a la marcha del 26 de junio del Puente Pueyrredón. Expresaron que ante los “lacerantes problemas sociales” que vivía el país, los manifestantes no buscaron soluciones “en la política y el debate argumentado”, sino que se sumergieron en “una batalla insensata” donde “naturalmente, prevalecieron los más fuertes”. En relación al accionar policial, los magistrados sostuvieron que “tiraron a matar sin miramientos” contra los manifestantes que intentaban escapar de la represión avalándose en su condición de uniformados con el agravante de que se abalanzaron contra personas indefensas. A su vez, los jueces defendieron la vida como el bien jurídico mas valioso y la actitud de la policía “debe ser preservarla”.
La sentencia fue elaborada por los jueces Moyano, Lugones y Roldán, los que dictaron por unanimidad la prisión perpetua para Fanchiotti y Acosta. Resumieron los hechos acontecidos en la primer parte del veredicto, y explicaron que en principio el corte del puente es un delito y por ende cabía la intervención policial. Detallaron que cuando Fanchiotti y unos pocos efectivos a su mando quedaron entre dos columnas de piqueteros, éstos no acataron la orden de detenerse y fue lo que originó el enfrentamiento con la policía. Para repelerlos, los vigilantes dispararon gases lacrimógenos y balas de goma, y de este modo, los manifestantes retrocedieron.
Fue en esta situación cuando Fanchiotti y Acosta efectuaron disparos con balas de plomo contra la gente, y los jueces subrayaron en su exposición que ambos “sobrepasaron la línea policial colocándose delante de la misma y dispararon sus escopetas con la finalidad de dar muerte a los manifestantes”, al tiempo que los desocupados “corrían dándoles las espaldas, obrando así (el comisario y su chofer) sin riesgo y sobre seguro”. Enfatizaron que si no mataron a más personas, fue sólo “por causas ajenas a su voluntad”.
Entre las consideraciones importantes que efectuaron los jueces para argumentar la condena, expresaron que “si bien los grupos sociales que desean manifestarse deben hacerlo en el marco de la ley, ello en modo alguno significa que debe dejarse de lado los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, excepcionalidad, mínima intervención y proporcionalidad en el uso de la fuerza”. Añadieron que “no puede tolerarse que un miembro de la fuerza de seguridad con la jerarquía que ostentaba Fanchiotti asumiera una actitud vindicativa, pues fue entrenado para lo contrario”.
Con respecto al accionar particular del ex comisario, el voto del juez Roberto Lugones sostuvo que “es cierto que fue golpeado y lesionado levemente a la altura del cuello, y que observó y escuchó la rotura de vidrios en los comercios y automóviles de la zona, pero tuvo al menos cinco minutos para recomponerse y poner a prueba su profesionalismo, aspecto que dejó totalmente de lado, pues ya a la altura del puente cuando caminaba sin peligro alguno con el arma baja para encarar los últimos metros de Mitre hasta Pavón (calles aledañas), lo hacía ya con la decisión tomada y compartida con Acosta: tirar a matar sin miramientos”.
Continúa el fallo diciendo que "el acuerdo criminoso" entre ambos policías se inició luego que Fanchiotti recibiera un golpe de un manifestante, al tiempo que se dirigió a su chofer con la orden de “abrime el móvil que a estos negros hay que matarlos a todos”. De esta forma, ambos tomaron las armas con las que minutos después matarían a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, además de herir gravemente a otros siete piqueteros.
“Innecesariamente”, sigue el fallo, “Fanchiotti continuó la persecución” hasta la estación de Avellaneda escoltado por Acosta, y en la puerta de la estación de trenes, el ex comisario, jefe del operativo, le ordenó a la primera línea de efectivos que ingresaran al lugar. El oficial a cargo no acató la orden por el peligro implícito que acaparaba la situación, y esta desobediencia fue considerada como positiva por los jueces Esto hizo que ingresaran al hall de la estación solamente Fanchiotti y los integrantes de su grupo más cercano, entre los que se encontraba Acosta, que fue quien disparó por la espalda contra Darío Santillán. "Santillán fue ultimado por la espalda a una distancia estimada como máximo en dos metros por el ex cabo Acosta, sin ofrecer resistencia y sin constituir una amenaza o riesgo personal alguno para el agresor", se expresa en el voto de Lugones.
La única mención a la responsabilidad del gobierno de Eduardo Duhalde, fue efectuada por la presidenta del tribunal, Elisa López Moyano, el expresar que “el Estado fue incapaz una vez más no ya de la básica preservación de los bienes públicos y de los particulares, sino de evitar que se alargue la mano homicida para cobrarse dos víctimas en un desenlace totalmente evitable. Así pues una estrategia de legitimación del uso de la coerción en forma indiscriminada se enseñoreó de la voluntad y decisión del agente activo”.
No es novedad para nadie al que lo asista un poco de cordura y sentido común, que los funcionarios tienen como obligación sin equa non la protección de la vida humana y su integridad. Por ende, la masacre de Avellaneda no admite ningún tipo de consideración ni justificación. Ninguno de los acusados puede escudarse en el pretexto de haber recibido órdenes porque la orden primera la reciben directamente del pueblo: se los contrata y se les paga para que protejan a los ciudadanos, no para que los maten. La policía bonaerense, recibe así su primer revés sin antecedentes. Seguirá ahora la lucha de los pobres pero no ausentes que lograron impartir justicia por medio de la razón que los asiste, usando los caminos democráticos instalados, a pesar de que la democracia, nunca se acuerde de que ellos existen.