Por Natalia Brite
Departamento de Política
El jueves 30 de marzo, los abogados peticionantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron un nuevo informe sobre las acciones e inacciones respecto del caso “Penitenciarias de Mendoza”. Los doctores Carlos Varela y Pablo Salinas fueron los responsables de esta exposición ante la CIDH.
Salinas afirmó a ATPA que "el hacinamiento, la indigna convivencia, las pésimas condiciones de salud y la violencia carcelaria persisten y que no hubieron avances contra la impunidad; continúan las muertes, los heridos, las fugas y, lo que es más preocupante, las torturas”.
Ante esta situación, los abogados mendocinos señalaron a este medio claramente quiénes son los responsables: “Néstor Kirchner y Julio Cobos son los responsables políticos de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ocurren en la cárcel de Mendoza”. Agregaron además que “la Nación, porque en nada le importa al Presidente lo que sucede en la cárcel de Mendoza; y la Provincia, porque en nada le importa al Gobernador lo que suceda en la misma”.
En representación del Estado nacional se dirigieron a esta audiencia Jorge Cardozo, asesor de la Cancillería argentina; y por el Estado provincial el Dr. Alejandro Acosta, subsecretario de Justicia. También viajaron algunos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero éstos no se encargaron de la defensa del Estado argentino.
A pesar del manifiesto acercamiento político entre el gobernador mendocino, el radical Julio Cobos, y el presidente justicialista Néstor Kirchner; ante la CIDH quedó en evidencia el intento de deslindarse responsabilidades mutuamente.
En la audiencia, el comisionado Florentín Meléndez sostuvo enfáticamente que Argentina no cumplió con la Convención Americana ni con el acta de Paraguay. Al cierre de esta cita el presidente del organismo, Sergio García Ramírez dijo que no puede haber un muerto más en la cárcel de Mendoza y que por eso se debía tomar una resolución, por parte de la CIDH, “muy pronto e integral”.
Excusas
Hubo palabras de enfrentamiento e intención de culpar a la Nación por su actuación en el caso de la penitenciaría de Mendoza. Esto se reflejó en lo dicho por Acosta ante la CIDH cuando señaló en el informe oficial que “se ha solicitado en cinco oportunidades el pago de la deuda que mantiene el gobierno nacional por el alojamiento de internos federales en los establecimientos locales”. Consideró en el informe que el estado nacional “ha sido prácticamente un usuario gratuito de nuestras instalaciones, ya que durante el año 2005 no recibimos un sólo peso en dicho concepto”. Sobre esto Acosta aclaró que se destinan en forma diaria trescientos lugares para el alojamiento de internos federales. Acto seguido el subsecretario denunció también que lo habían dejado solo y que la Nación era responsable: “Observamos una apatía del gobierno nacional en lo que hace al cumplimiento del Acta Acuerdo; ya que aún estamos a la espera del fortalecimiento de la Comisión de Seguimiento y de la designación de un funcionario con poder de decisión por parte del Ministerio del Interior de la Nación, la Jefatura de Gabinete de la Nación y la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. Por su parte, Cardozo se defendió simplemente alegando “que no podía viajar mucho a Mendoza y que algo habían hecho”.
Además de esta interpelación a la Nación, Acosta presentó el informe del gobierno mendocino en el cual expone, entre otras cosas, “la incorporación al servicio penitenciario de un total de 191personas; la creación de 714 plazas de alojamiento en los establecimientos penitenciarios; la sanción de la ley Nº 7493 de Personal Penitenciario, que contiene el reescalafonamiento del personal, sus derechos y deberes, así como también el fortalecimiento y capacitación del mismo”.
ATPA consultó sobre el tema a Alejandro Acosta. El funcionario destacó que "hay mejoras que debían hacerse por disposición del acta de Paraguay que no se han hecho y son monopilio del la Nación". Sobre esto aclaró que "el problema no es tanto el Presidete ni el Ministro de Justicia nacional, Alberto Iribarne, sino de los funcionarios intermedios, ellos son los responsables". Añadió:además "La nueva cárcel de Cacheuta y el nuevo penal de Gustavo André podrían estar terminados, pero no hubo compromiso por parte de los gobiernos municipales ni del nacional desde su Ministerio de Justicia". Finalmente siguió deslindando responsabilidades: "Además este es un problema de los mendocinos y de los argentinos, no solo de los gobiernos"
Las denuncias
Pese a lo que el gobierno mendocino presentó como avances, el informe de los abogados de derechos humanos señaló que en el periodo marzo 2005-marzo 2006 (después de la primera audiencia ante la CIDH celebrada por este caso en Paraguay) “según nuestra información, sólo se destinan 10 guardias para el sector intramuros, donde habitan alrededor de 1200 personas; no conocemos que se haya depurado la fuerza, salvo por casos puntuales posteriores a la firma del Acta en ocasión de la anterior audiencia; no poseemos información de los resultados de las investigaciones de la Inspección General de Seguridad, institución que consideramos burocrática, inservible y que funciona sólo como una mera mesa de entradas”.
Ante un tema que ha sido de permanente y duro cuestionamiento, como es la convivencia en la penitenciaría de procesados y condenados, los peticionantes afirmaron que esa situación se sigue sosteniendo. Se denunció el no cumplimiento con lo expresado en el acta de la audiencia de Paraguay, respecto de la condiciones de detención: “aunque ha habido algún avance parcial, en general en intramuros las condiciones son denigrantes y deplorables; con sanitarios tapados, celdas hacinadas hasta con ocho personas, con altas horas de encierro, en algunos pabellones de hasta 23 horas”.
Este hecho se relaciona con el otro punto que fue eje para los peticionantes: las torturas que se repiten y persisten en la penitenciaría. Tanto a través de acción directa de penitenciarios sobre internos, como el encierro prolongado que, según la Asociación Internacional Contra la Tortura, se establece como una de las formas de tortura.
Sobre las condiciones médicas que debían mejorarse tras la audiencia de marzo del 2005, los abogados de derechos humanos expresaron que “uno de los aspectos más vergonzosos es la paradoja de la existencia de 18 profesionales de la salud, más cerca de 10 enfermeros, y por otro lado la ausencia de prestación médica y la venta de medicamentos a los internos”. “No hay ninguna prestación para tratamientos, sólo visitas clínicas. Sabemos que se han incorporado psiquiatras y odontólogos. Lo que no nos consta son las historias clínicas de sus atenciones, seguimiento, evolución y tratamiento indicado”, continua el informe.
En lo exigido por las medidas impuestas en 2005, en cuanto a la activación del sistema judicial y la investigación de los hechos de violencia acaecidos en la Penitenciaría de Mendoza y la de Gustavo André (departamento de Lavalle), los miembros de la red de abogados por los derechos humanos afirmaron en su reporte que “Los procesos judiciales siguen siendo largos y contrarios al Pacto de San José de Costa Rica”. Sólo se ha avanzado en la determinación de los asesinos de Sergio Salinas, quien fue descuartizado en el pabellón 7, y en la causa seguida contra el agente penitenciario Torrales por los internos muertos quemados en el penal Gustavo André. En las demás investigaciones sobre los más de 10 homicidios no existen imputados.
Respecto de la investigación que le cabe al ex director de la penitenciaría, Sergio Miranda, quien se encuentra imputado por vejaciones e incumplimiento de deberes de funcionario público, “la Unidad Fiscal correspondiente, a la fecha y a más de un año de la denuncia, no lo ha citado a indagatoria, demostrando la absoluta parcialidad de la justicia al respecto”.
Estas son solo algunas de las desatenciones por parte del gobierno nacional y provincial sobre una política de justicia y seguridad que debiera estar sujeta al cumplimiento de los derechos humanos. Son los abogados Alfredo Guevara Escayola, Diego Lavado, Pablo Salinas y Carlos Varela Álvarez quienes hace un largo tiempo denunciaron esta situación ante la CIDH.
Cabe recordar que, luego de la audiencia de marzo de 2005 en Asunción, Paraguay; el Estado argentino había quedado sujeto a medidas cautelares y provisionales respecto de los temas desarrollados en esta nota. Esta responsabilidad recae sobre funcionarios nacionales y provinciales.
El paisaje de la audiencia
Entre otras informaciones que ATPA recabó respecto a cómo se llevó adelante la audiencia en Brasilia, hay algunas apreciaciones que ayudan a entender mejor la inacción oficial en este caso.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tiene a cargo Eduardo Luis Duhalde, estuvo presente en la ciudad brasilera a través de funcionarios de esa cartera como Ciro Anicciarico, Javier Salgado, dos abogados largamente entendidos en la materia; y junto a ellos dos funcionarias que, según lo expresado por los presentes en la audiencia, no se habrían dedicado demasiado a su labor política. Aunque parece que sí habrían cumplido en abastecer en tiempo y forma sus roperos y equipajes.
De los abogados de la Secretaría mencionados, al primero de éstos no se le habría dado mucho espacio para hablar en la audiencia, y el segundo en cuestión habría decidido no tomar la palabra por la “vergüenza” de lo que tenía que defender.
En cuanto al Subsecretario de Justicia, Alejandro Acosta, la instancia de audiencia ante la CIDH, momento para demostrar su destreza técnico-jurídica, parece que lo puso nervioso. Tal es así que durante su exposición, los miembros de la Corte le habrían pedido que baje la voz o deje de exponer si seguía en el alto tono en que lo estaba haciendo.
A esta sucesión de situaciones poco felices de los funcionarios que se encargan de representar a la sociedad en el ejercicio del poder, podemos sumar la actitud del propio Eduardo Luis Duhalde. Esto porque no “pudo” recibir al doctor Pablo Salinas en Capital Federal, días antes de la audiencia, porque éste no hizo el pedido por escrito de una reunión. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, evidentemente no se comprometió con seriedad en el caso de la penitenciaría mendocina, ya que no se tomó el trabajo de viajar periódicamente a Mendoza para supervisar el avance de lo exigido por las medidas impuestas por la CIDH.
