Organizan la Secretaría de Bienestar Universitario, el Consejo Asesor Permanente -en el marco del Proyecto “Plataforma de Información para Políticas Públicas”- y la Maestría en Política y Planificación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
La actividad inicia una serie de Jornadas, que se desarrollarán en los próximos meses y que abordarán la temática social desde distintas perspectivas.
En esta ocasión, las exposiciones se centrarán en estos ejes temáticos:
· Aspectos teóricos y conceptuales.
· Alcances y consecuencias en la ejecución de políticas integrales.
· Rol del Estado y consolidación de los derechos sociales.
· Características e implementación de la AUH en el territorio provincial y nacional.
· Resultados y metodología utilizada para medir el impacto de la AUH: Informe basado en el análisis de distintos indicadores relacionados con las dimensiones del bienestar social (pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa).
De esta manera, la Universidad -como institución educativa y transmisora de conocimiento- suma su aporte al análisis de las políticas sociales que reconocen los verdaderos derechos que hay que impulsar y hacer exigibles y ejercibles en escenarios desfavorables.
Los disertantes
Alberto Minujín
Sociólogo, matemático y estadístico con especialización en demografía y políticas sociales. Profesor en el Programa de posgrado en Asuntos Internacionales, de la New School University en Nueva York, USA. Dicta cursos en temas de Métodos Cualitativos y Cuantitativos de Monitoreo y Evaluación, y de Derechos Humanos, Pobreza, Desigualdad, Infancia y Políticas Sociales.
Eduardo Bustelo Graffigna
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNCUYO. Magister en Ciencia Política y Administración Pública, FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Master of Science en Política y Planificación Social en la London School of Economics and Political Science. Actualmente dirige la Maestría en Política y Planificación Social de la UNCUYO. Es Diputado Provincial de San Juan.
Emmanuel Agis
Investigador del CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino). Participó en la elaboración del informe “El impacto de la asignación universal por hijo en Argentina”, junto con los investigadores Carlos Cañete (Programa de Formación Popular en Economía) y Demián Panigo Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo del CONICET.
Héctor Rasso
Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Master en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Francisco de Vitoria e Ilustre Colegio de Escribanos de Madrid). Es gerente regional de la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social).
Asignación Universal por Hijo (Decreto 1602/09)
Según la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es prioridad y responsabilidad indelegable del Estado establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas que hagan efectivo el ejercicio de los derechos proclamados en la misma. Asimismo, dispone que los organismos del Estado deben establecer políticas y programas para la inclusión de las niñas, niños y adolescentes.
Como política pública, la AUH promueve la inclusión social frente a situaciones de injusticia y marginalidad de los sectores más postergados de la población. Como señala uno de los considerandos del Decreto 1602/09, “no implica necesariamente el fin de la pobreza, pero inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte neoliberal”, y no reemplaza al trabajo como principal elemento que permite el desarrollo de las personas y las sociedades. En este sentido, si bien es insuficiente para garantizar la salida de la pobreza, constituye un paliativo que borra las diferencias en el acceso a una asignación por hijo entre quienes poseen trabajo en blanco y quienes se encuentran desocupados o empleados en el mercado informal.
Asimismo, como parte de un conjunto de políticas sociales integradas que lleva adelante el Estado Nacional, contribuye al desarrollo de los niños y los adolescentes, de su familia y de su comunidad. Efectiviza los derechos de las niñas, niños y adolescentes excluidos de los beneficios del tradicional sistema de Seguridad Social argentino, mejorando las condiciones de vida, salud y educación de alrededor de 3 millones de menores de 18 años o discapacitados, cuyos padres están desempleados, trabajan en el mercado informal o en el servicio doméstico (percibiendo un salario menor al mínimo vital y móvil) o son monotributistas sociales.
