Los diputados presentaron un documento con recomendaciones para la futura norma.
El conflicto con el campo, las consecuencias de la crisis financiera mundial y la apresurada eliminación de las AFJP se sumaron este año para postergar la discusión de una nueva ley de educación superior, que ya venía demorada, para el año que viene.
Mientras desde el Poder Ejecutivo se ordenó al Ministerio de Educación frenar cualquier avance en el armado de un proyecto de ley posible, en el Congreso, en cambio, el trabajo fue muy activo.
Esta semana, la diputada Adriana Puiggrós (Buenos Aires-Frente para la Victoria) presentó el resultado de la ronda de consultas que realizaron los diputados de la Comisión de Educación durante varios meses, en 90 reuniones con más de 100 organizaciones en varios lugares del país.
Los consensos alcanzados anticipan las líneas que protagonizarán el debate que se espera dar el año que viene. Algunos no admiten controversia, como la gratuidad de la enseñanza de grado y la responsabilidad indelegable del Estado de financiar la educación superior.
Pero el documento de los diputados también recomienda avances en ciertos aspectos de la autonomía que muchas universidades defienden celosamente. Por ejemplo, plantea la necesidad de que la ley exija "contemplar factores demográficos y geopolíticos" a la hora de crear nuevas universidades y que establezca controles a los aportes de empresas que las universidades reciben por venta de servicios.
Los legisladores reflejan la necesidad de que se flexibilicen los trayectos dentro del sistema de universidades e institutos terciarios para que se reconozcan con más facilidad estudios cursados y se puedan continuar carreras en otros niveles. Se recomienda también promover la orientación vocacional y "contemplar mecanismos que posibiliten a todos el acceso a la formación superior elegida".
Se espera ahora que la discusión se dé el año que viene en el Congreso, aunque no faltan quienes señalan que, en un año electoral, quizás el Gobierno no quiera arriesgarse a abrir un frente de conflicto.
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22 de noviembre de 2024