Juan Lencioni

Agencia Taller - Departamento de Política

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Varios de los presentes hicieron un reconocimiento a la memoria del abogado Alfredo Guevara quien trabajó por la defensa de los derechos humanos. La numerosa marcha partió desde el Kilómetro Cero. En la esquina de San Martín y Espejo se sumó una marcha del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) que instaló una carpa frente a la Legislatura. En los discursos se formuló una fuerte crítica a la actual situación social y política del país. La manifestación dejó en claro que muchas de las causas que perseguían los desaparecidos aún siguen vigentes. Cercano a los 30 años del golpe de Estado y a los 20 años de los juicios a las cúpulas militares el tema tiene una admirable vigencia en nuestra sociedad.

La organización estuvo a cargo de las agrupaciones de derechos humanos locales: Familiares de desaparecidos, HIJOS, Casa de la Memoria, Medres de Plaza de Mayo. Además contó con una importante participación de gremios y sectores políticos. En el encuentro se invitó a participar de la próxima y última movilización del año al Juzgado Federal el jueves 29 a las 12 horas en Pedro Molina y España.

Se reconoció los logros obtenidos, pero también se recordó que en Mendoza no hay ningún detenido por este tema. "Conseguimos la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Mantener en alto las banderas de nuestros mártires es recordarlos en cada acto, pero fundamentalmente seguir su camino de lucha contra la desigualdad y la impunidad. Ni olvido, ni perdón. No más asesinos, ni torturadores caminando por las calles de Mendoza", dijo Horacio Ravera, en representación de la multisectorial.

Nino Bonoldi, integrante de Familiares de desaparecidos dijo: "Resistencia, memoria y lucha. Resistimos en esta pelea tan desigual porque nuestra lucha se nutre de la vida que se resistirá a ser silenciada o desaparecida. Nosotros estamos con la cara y el corazón descubiertos, mientras ellos militares, policías, jueces cómplices deberán andar por siempre en las sombras y en la oscuridad que sembraron con sus crímenes. Memoria porque en este largo camino es necesario recordar y valorar los logres obtenidos. Las conquistas son que revelamos el siniestro terrorismo de Estado, llevamos nuestra lucha al conocimiento internacional impidiendo que muchos genocidas pudieran salir del país. Nos readueñamos de los centros clandestinos y tortura. Los parques y museos perpetúan nuestra voz por todo el país, anulamos las leyes de la impunidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas debieron reconocer el plan macabro que ejecutaron, incorporamos a nuestra legislación grandes avances sobre derechos humanos. Identificamos a los culpables, hoy hay más de 3000 causas con militares implicados en todo país. Por un lado la memoria del mar nos devolvió a la madre fundadora y la madre genética nos sigue devolviendo a hijos apropiados. Muchos de estos logros han llegado hasta Mendoza. Hoy debemos lucharlo en la Justicia".

Bonoldi destacó que "Bento aplicó el principio de obediencia debida al declararse incompetente. Esto afianza la impunidad y paraliza las causas. Ante esto hemos interpuesto un recurso de nulidad y sostenemos que este juez no puede continuar en su cargo, la vía para retirarlo es el juicio político. Hoy necesitamos de la conciencia y de la participación popular".

Por su parte Melisa Ovejero, de la Agrupación HIJOS aseveró: "A 30 años de lucha, la Justicia Federal nos demuestra una vez más que es un eslabón más de la impunidad. Nosotros los HIJOS seguimos reclamando justicia, pero justicia de verdad, esa que se hace en la calle, en los escraches. Los genocidas se esconden como ratas. Porque la paciencia se acabó, Vamos por vos Juez Bento! La lucha por la verdad y la justicia no se para".

"No olvidaremos, no perdonaremos, juicio y castigo a todos los culpables. Ni un paso atrás" dijo María Domínguez por las Madres de Plaza de Mayo, quien pronunció un duro discurso contra las últimas conducciones de la seguridad provincial. "El hambre es un crimen y contra crimen lucharon nuestros hijos y por luchar por las injusticias se los llevaron. La alianza de empresarios, políticas, curas y milicos sabía lo que hacía. Obligaron a los movimientos sociales a replegarse y aterrorizó a toda la sociedad. El discurso sobre la inseguridad de los sectores acomodados que piden mano dura no contemplan la inseguridad que representa no comer todos los días, vivir en la indigencia, ser un desaparecido social a los que sus conciudadanos no miran por no avergonzarse. No hay políticas sociales, no hay políticas de empleo, no hay políticas redistributivas del ingreso, solo hay políticas para la represión y la marginación. Nuestra provincia es un triste ejemplo de que la multiplicidad de atribuciones inconstitucionales que hoy tiene la policía, como la requisa o el allanamiento colectivo no a las barriadas humildes no solucionan el delito. Las leyes de Blumberg antes que contener la violencia la desatan aún más".

Sobre el final de su alocución María recordó a las madres desaparecidas cuyos restos fueron recientemente encontrados. Por ellas pidió más que un minuto de silencio, una vida de compromiso.

Marcha del SUTE

La marcha coincidió con la instalación de una carpa del SUTE frente a la Legislatura. En esta carpa se ubicarán cinco ayunantes que se renovarán cada cinco días. En el acto se escucharon los discursos de Raquel Blas de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Gustavo Maure, Secretario General del SUTE.

Los ejes centrales de esta protesta fueron: la inversión del 35% del Presupuesto Provincial para educación. Aumento y blanqueo salarial en paritarias. Estabilidad laboral de los trabajadores de la educación. Derecho del 82% móvil de los jubilados provinciales. Aprobación en la Legislatura del reglamento del celador.

Además se reclamó “un calendario escolar acorde a las condiciones climáticas y respetuoso de las necesidades sociales, biológicas y psicológicas de nuestros chicos y los trabajadores de la educación”

Finalmente se exigió la solución al problema de la carga horaria de los preceptores y se repudiaron los cambios curriculares que pretende aplicar la Dirección General de Escuelas (DGE) “sin consenso ni inversión”.