El Gobierno obtendrá antes de fin de mes la aprobación del Senado del proyecto de ley de financiamiento educativo, una iniciativa que aún recibe objeciones y con la que el Poder Ejecutivo apunta a incrementar del 4% al 6% del PBI el presupuesto del área en los próximos cinco años.
El texto, elaborado por el Ministerio de Educación, recibió anteanoche dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación y de Coparticipación Federal, y quedó en condiciones de ser tratado el miércoles próximo.
Se espera que una vez obtenida la aprobación en el Senado el ministro Daniel Filmus inicie gestiones en la Cámara de Diputados para tratar de conseguir antes de fin de año la sanción de la norma. Es que las metas establecidas en el proyecto comenzarán a regir en 2006. Se trata de elevar los $ 23.000 millones actuales a $ 53.000 millones la inversión educativa en todo el país hacia 2010. Esta última cifra es equivalente al 6% del PBI proyectado para ese año.
Los fondos saldrán del incremento que, prevé el Gobierno, se registrará de los recursos coparticipables. La iniciativa cuenta con el apoyo de todos los bloques políticos del Senado. Sin embargo, todavía subsisten algunas diferencias que llevaron a la UCR a firmar en disidencia el dictamen.
El principal partido de oposición cuestiona que el incremento en la inversión educativa sea aportado mayoritariamente por las provincias, ya que la Nación tendrá que solventar el 40% del aumento.
Los fondos en disputa son $ 900 millones que, según afirmó a LA NACION Ernesto Sanz (UCR-Mendoza), "a la Nación apenas le hacen cosquillas", mientras que para las provincias "es un esfuerzo muy fuerte".
Sin embargo, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich (PJ-Chaco), dijo que el cambio favorece a las provincias porque de los $ 23.000 millones actuales, el 77% (17.000 millones) son aportados por las provincias. Con la futura ley, agregó, esa participación se reducirá al 68%. Además, varios senadores, incluidos los peronistas, cuestionaron que el aporte de las provincias surgiera de los fondos coparticipables y no de los coparticipados, es decir, de los que efectivamente reciben los distritos.
Estas modificaciones fueron motivo de debate en el Palacio Sarmiento el martes último, en una reunión de Filmus con senadores de varios bloques.
El ministro no aceptó el reclamo de la UCR, aunque cedió en la inclusión de una cláusula de contingencia que permita disminuir los aportes al presupuesto educativo en caso de que no se registre un crecimiento del PBI.
El incremento presupuestario que prevé la iniciativa se destinará a incluir en el nivel inicial a la totalidad de la población de cinco años y a garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria, entre otras metas. Además, se propone avanzar en la universalización del nivel medio y mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes. La norma prorroga, con retroactividad al 1° de enero de 2004, por cinco años la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Gustavo Ybarra