La futura ley de financiamiento educativo que impulsa el Gobierno introduce una novedad de vital importancia: obligará a las provincias a invertir en educación un porcentaje de los recursos que percibirán por coparticipación federal.

Así lo anticipó a LA NACION el ministro del área, Daniel Filmus, al confirmar que dispuso incluir esa disposición en el proyecto que remitirá en las próximas semanas al Congreso.

"Se trata de una atribución que le corresponde al Congreso, a partir de la reforma constitucional de 1994, que puede establecer asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, a través de una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de todos los miembros de ambas cámaras", explicó Filmus.

Reveló, además, que tomó la propuesta de una sugerencia que le hizo el ex ministro Juan Llach, en el encuentro mantenido con académicos como parte de la ronda de consultas abierta a empresarios, gremios docentes, organizaciones civiles y gobiernos provinciales, entre otros sectores con quienes ya se reunió.

La iniciativa, que deberá transitar el debate legislativo, se propone elevar la inversión educativa en todo el país al 6% del PBI (actualmente es del 4%), para lograr el cumplimiento de metas fijadas específicamente en el proyecto.

Al fijar por ley el compromiso de las provincias para asignar parte del aumento de los recursos que recibirán por coparticipación, Filmus procura evitar lo que sucedió con la transferencia de escuelas secundarias en 1992, cuando creció la coparticipación y el Estado nacional giró más fondos, pero las provincias les dieron otros destinos. Incluso, a pesar de que debieron hacerse cargo de los sueldos de los docentes, ocho provincias (Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego) disminuyeron el porcentaje de recursos asignados al área educativa entre 1993 y 1998.

El proyecto, que el Gobierno espera ver sancionado antes de las elecciones de octubre, prevé un aumento de la inversión educativa, a un ritmo anual del 0,4% acumulado hasta el año 2010. Ello llevará la inversión al 6% del PBI.

El texto fijará el compromiso del gobierno nacional de incrementar el presupuesto educativo en un mínimo de $ 720 millones por año, hasta 2010. También se prevé la firma de acuerdos con los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, que en conjunto deberán aumentar en unos $ 1080 millones por año los recursos asignados al área educativa.

"Ese compromiso obligará a incrementar la inversión educativa en $ 9000 millones en cinco años, aunque la suma seguramente será mayor, por el propio crecimiento del PBI, que hace seis meses ascendía a $ 450.000 millones y ya se estima en $ 520.000 millones para fin de año", explicó Filmus.

"Se trata de generar conciencia y definir si la sociedad se decide de una vez por todas a invertir en educación", dijo el ministro, al explicar el significado de la ronda de consultas.

El ministro explicó, además, que junto con los recursos crecerá la responsabilidad del gobierno nacional en el financiamiento de la educación.

"Hoy, el 25% de la inversión es aportada por la Nación y el 75%, por las provincias. Nuestra propuesta es llevar la proporción al 40 y 60%, respectivamente", señaló. Los fondos se distribuirían según la matrícula educativa, la población no escolarizada y la proporción de escuelas rurales, que es más cara, entre otros indicadores. 

Compensar desigualdades

Filmus anticipó que el incremento de los recursos nacionales "permitirá compensar las desigualdades de aquellas provincias que, haciendo un esfuerzo importante en el presupuesto, no logran un mínimo de inversión que garantice condiciones de igualdad". Sin dar nombres, dijo que hay jurisdicciones que asignan al área educativa más del 30% del presupuesto y no logran una adecuada inversión por alumno. Por el contrario, otros distritos tienen una elevada inversión por alumno con una asignación presupuestaria inferior.

"El aumento de fondos del Estado nacional se destinará a obras de infraestructura, libros, computadoras, material didáctico y capacitación. Las provincias, por su parte, deberán mejorar los salarios de los maestros y hacer frente a la apertura de nuevos cargos docentes que harán falta para atender a toda la población en edad escolar", precisó.

También anticipó que si la ley de financiamiento educativo no se aprueba antes del tratamiento de la ley de presupuesto, de todos modos el gobierno nacional incluirá en el presupuesto 2006 las partidas necesarias para cumplir con las previsiones ya establecidas.

Entre los aportes recibidos en la ronda de consultas, Filmus destacó que los ministros de Educación provinciales se mostraron interesados en definir qué criterios y mecanismos se utilizarán para compensar la inversión en las jurisdicciones más pobres. Otra propuesta tomada del diálogo con los distintos sectores fue la inclusión del fortalecimiento de la formación docente entre las metas.

"El crecimiento de la inversión es imprescindible. Pero lo más importante son las metas, porque de lo contrario estaríamos poniendo más plata para que nada cambie", concluyó Filmus. 

La meta es ampliar la escolarización  

Las metas que estarán incluidas en la ley de financiamiento, por ejemplo, establecen la incorporación de 112.000 chicos en las salas de preescolar y otros 145.000 en las salas de 3 y 4 años.

También se fijará el criterio de extender la doble escolaridad al 30% de la población estudiantil, especialmente en los sectores más pobres. Actualmente es muy reducida la proporción de alumnos que concurren a escuelas de jornada completa.

El cumplimiento de los diez años de escolaridad obligatoria llevará a incorporar otros 92.000 chicos de 13 y 14 años. "Para todo eso hacen falta más maestros y profesores", advirtió el ministro de Educación.

Otras metas se refieren a avanzar en la universalización del nivel medio, mejorar las condiciones laborales docentes y promover la recomposición salarial, expandir la incorporación de las tecnologías de la información, universalizar la enseñanza de una segunda lengua, mejorar la calidad del sistema educativo, erradicar el analfabetismo y garantizar el reequipamiento y modernización de las escuelas técnicas.

* Por Mariano de Vedia, De la Redacción de LA NACION