La decisión de España, de perdonar 60 millones de euros de la deuda externa argentina para que ese monto sea invertido en educación, anunciada en enero, es un ejemplo de cooperación y solidaridad internacional que debería ser seguido por países acreedores y deudores de todo el mundo.

La iniciativa plantea la cuestión de la reducción de la deuda externa de los países en desarrollo como una estrategia más amplia, orientada hacia la promoción de la educación y al combate a la pobreza en todo el planeta. En los países latinoamericanos, se recupera con ella la esperanza de obtener éxito en la articulación de una política global de apoyo a las naciones endeudadas que ayude a cambiar su realidad educativa por medio de inversiones prioritarias en educación básica y a promover su desarrollo social.

La campaña política que propugna convertir la deuda en inversiones para la educación, iniciada en 2003 en foros internacionales, como la Conferencia General de la Unesco y el encuentro ministerial de la OEA, y en reuniones en el ámbito del Mercosur, con los ministros de educación de la Argentina y de Brasil al frente de las discusiones -Daniel Filmus y Tarso Genro, y su antecesor Cristovam Buarque-, ganó un gran impulso después de la decisión del gobierno español. Es necesario ahora que los ministros de Educación y Hacienda de Brasil, la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, que están construyendo una propuesta conjunta, pongan todo su empeño político para concretar una profunda negociación internacional con países acreedores e instituciones financieras multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Transformar la idea de la conversión de la deuda en una acción práctica, que beneficie a los socios del Mercosur, requiere la firme decisión de cada uno de los países para tratar el asunto como una prioridad nacional y como una política global de elevado alcance para la sociedad. Una negociación semejante, ya fue concluida con éxito en el pasado reciente por países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Guatemala y México, que consiguieron negociar la conversión de una parte de sus deudas en inversiones para la conservación ambiental.

Los países en desarrollo enfrentan una situación muy difícil en lo que respecta al endeudamiento interno y externo, algo que, aliado a la necesidad de fuertes ajustes fiscales, los está dejando en un estado de escasez de recursos públicos para invertir en políticas sociales.

Según los Indicadores Mundiales de Desarrollo 2004, del Banco Mundial, América latina tenía, en 2002, una deuda externa de 728 mil millones de dólares -un aumento de cerca del 63% en comparación con 1990-. Gran parte de los países de la región, como la Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Perú, son clasificados como países severamente endeudados. En el caso de la Argentina y de Brasil, las deudas corresponden, respectivamente, al 393% y el 342% del total de sus exportaciones.

El reconocimiento de la insustentabilidad de la deuda de los países en desarrollo ya fue hecho por las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial), al lanzar una iniciativa para la reducción del endeudamiento de los países pobres altamente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). La necesidad de inversiones en educación y su comprobado retorno social y económico ya fueron reconocidos también por la comunidad internacional y por las instituciones de financiación.

En el Forum Mundial de Educación de Dakar, en 2000, los Estados participantes afirmaron que "no faltarán recursos para la educación". El Banco Mundial creó el Education for All: fast-track initiative ("Educación para todos: iniciativa por el camino más rápido"), con el fin de universalizar la educación básica fortaleciendo las políticas nacionales e incrementando la financiación externa. Sin embargo, lo que se vio en los últimos años fue una caída notable del total de la ayuda oficial al desarrollo dirigida a la educación.

Los años 2000 y 2001 registraron el menor volumen de ayuda bilateral a la educación (inferior a 8.000 millones de dólares por año). Y eso ocurrió después de la aprobación de documentos centrales para la cooperación internacional en el nuevo siglo, como la Declaración del Milenio, que estableció los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el Consenso de Monterrey. Hay, por lo tanto, un claro distanciamiento entre compromisos asumidos y acciones prácticas para posibilitar su alcance.

Es urgente revisar la cuestión del pago de la deuda externa y de las inversiones en educación en los países en desarrollo, pues cada día está más clara la necesidad de generar conocimiento para alcanzar el desarrollo sostenible.

El factor diferencial de los países que más avanzaron en las últimas décadas fue, justamente, la atención dada a la educación, que no puede ser considerada sólo como importante, sino como prioritaria. La construcción de un mundo más justo y pacífico pasa, necesariamente, por la igualdad de oportunidades de desarrollo entre naciones ricas y países menos desarrollados.

El autor es doctor en Educación por la Universidad de Stanford (EUA) y representante de la Unesco en Brasil (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).