En agosto del año último, la mayoría del claustro de graduados del Consejo Superior empezó a pedir informes sobre el uso de estos fondos. En rigor, se trataba de $ 56.000.000 -correspondientes a los aportes patronales de los años 2002, 2003 y 2004- y $ 66.300.000 que el Rectorado tenía como recursos propios remanentes de la gestión anterior. En total, $ 122.300.000. En sucesivos informes, y con la intervención de la auditoría interna de la UBA, la Secretaría de Hacienda logró justificar $ 23.000.000 -usados para cubrir atrasos en el envío de fondos del Ministerio de Educación- y $ 24.057.000 en plazos fijos y depósitos bancarios del Rectorado.

En consecuencia, en marzo último los mismos consejeros graduados presentaron un proyecto de resolución para pedir la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN). Para los consejeros, los fondos "se transformaron en ingresos propios y se gastaron sin aprobación del Consejo Superior". Apoyan la hipótesis en que en noviembre se incorporaron $ 40.000.000 de recursos propios del Rectorado, según dicen, "sin justificación".

"Se necesita aclarar cuestiones que nadie pudo explicar hasta ahora. Parece haber una incompetencia muy grande en la Secretaría de Hacienda", dijo un decano a LA NACION. Y agitó el fantasma del clientelismo: "Lo grave sería que esos fondos hubieran ido a algunas facultades".

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En respuesta, el rector Guillermo Jaim Etcheverry subió la apuesta y, a fin de marzo, pidió a la AGN "una auditoría integral de operaciones de la gestión económico-financiera de todas las dependencias de la UBA durante los ejercicios de 1998 a 2004", es decir que la lupa del organismo de control se pose, ahora, en las 13 facultades y el Rectorado. Se trata, señalan algunos consejeros, de una tarea titánica que deberá repasar siete años de funcionamiento de toda la UBA, lo que puede demorar unos cuatro años de trabajo.

"Creemos que el monto del que estamos hablando amerita hacer una auditoría por sí mismo y no diluirse en un análisis tan amplio", dijo José Luis Giusti, uno de los consejeros que encabezaron los pedidos de informes.

Lo concreto es que hasta tanto no se aclare el punto muchos consejeros no están dispuestos a aprobar la distribución presupuestaria para este año, que aún no se trató. El presupuesto 2005 de la UBA asciende a $ 388.350.453.

En tanto, el contexto político en la UBA es favorable a estos conflictos: éste es un año de renovación de varios decanatos, el preámbulo para el reacomodamiento de fuerzas de cara a la elección del próximo rector, en 2006. Jaim Etcheverry, cuya nueva postulación está para muchos confirmada, ha hecho de la transparencia, justamente, el eje de su gestión.