En una sesión que se prevé extensa y muy discutida, la Cámara de Diputados intentará hoy convertir en ley el proyecto de financiamiento educativo, aprobado por el Senado el 23 del mes último, que establece aumentar del 4 al 6% del PBI el presupuesto global del área en 2010.
En principio, el bloque oficialista Frente para la Victoria-PJ, que encabeza Agustín Rossi (PJ-Santa Fe), cuenta con los votos de los ex duhaldistas, del interbloque Propuesta Federal de partidos de centro y de ARI para aprobar en general la norma, que impulsa fuertemente el ministro de Educación, Daniel Filmus, y determina un enorme salto en el gasto total en educación, que pasaría de los $ 22.270 millones anuales actuales a $ 53.600 millones en 2010.
Al igual que lo ocurrido en el Senado, la UCR y otros partidos, que darán su apoyo en general al proyecto, objetarán que las administraciones provinciales deban hacerse cargo del 60% del aumento, mientras que la Nacion deberá afrontar el 40% restante.
"Objetamos cómo se va a distribuir el dinero. Se beneficiarán las universidades en detrimento de las provincias, la educación media y la básica", afirmó a LA NACION el jefe del bloque arista, Eduardo Macaluse (Buenos Aires).
Por su parte, el coordinador del Interbloque Propuesta Federal, Federico Pinedo (Pro-Capital), anticipó que los partidos de centro solicitarán la inclusión en el proyecto de mediciones periódicas de calidad educativa, y "garantizar la equidad en la distribución de fondos en las escuelas".
La mayor parte de los fondos estarán destinados a escolarizar a la totalidad de la población de edad preescolar y a garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad. La porción correspondiente a las provincias tendrá como finalidad mejorar el salario docente. Al menos durante 2006, un 80% de los fondos recaudados en este concepto irá a mejorar las asignaciones de maestros y profesores de todo el país.
Las administraciones provinciales deberán cumplir al pie de la letra con los pagos, ya que la iniciativa autoriza al Ministerio de Educación a retener fondos de coparticipación y reasignar partidas destinadas a aquellas provincias que no cumplan con los preceptos de la futura norma.
La iniciativa prorroga, además, la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por cinco años, con retroactividad al 1° de enero de 2004.
Jaime Rosemberg