Con un acatamiento dispar en la mayoría de las universidades -que superó el 80% según los gremios y que el Gobierno calificó de "menor"-, se desarrolló ayer la primera jornada de paro de los docentes de nivel superior, que continuará hoy en las 38 universidades estatales.

La medida de fuerza representa una primera señal de agitación en el ambiente universitario, hasta ahora mayormente tranquilizado por los aumentos anunciados por el presidente Néstor Kirchner, que mejoraron el salario de bolsillo de muchos docentes, pero, dicen ellos, no representan una recomposición de fondo.

Según la Conadu y la Conadu histórica -los dos gremios del sector docente universitario-, la adhesión superó el 80% en la mayoría de las universidades del interior. Fue particularmente fuerte en La Plata, Córdoba y Catamarca. En tanto, en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la adhesión varió según las facultades. Se estimó un acatamiento del 90% en Ciencias Sociales, del 80% en Agronomía y del 60% en Psicología e Ingeniería, pero sólo de algunas cátedras en Medicina y Ciencias Económicas.

Donde sí se sintió el paro fue en los 56 colegios secundarios que dependen de las universidades en todo el país, donde incluso desde el Gobierno se acepta que existe un desfase salarial con respecto a los sueldos que pagan los Estados provinciales.

Como reclamo de fondo, la medida de fuerza se dispuso para pedir que los últimos aumentos otorgados por el Gobierno se incorporen como sumas fijas al salario. Y aunque el Ministerio de Educación minimizó el nivel de adhesión, dio ayer una primera respuesta.

Por la tarde, se realizó en el ministerio una "reunión informal" para poner en marcha la mesa de negociación salarial, integrada por funcionarios de esa cartera, representantes de rectores y de docentes, que se había creado el 10 de marzo último pero todavía no había comenzado a funcionar. Según los profesores, la demora se debió a que los rectores sólo designaron a sus representantes a fines del mes último. 

Señal de alarma

"El Congreso aprobó a fines del año último el presupuesto más bajo de la década para las universidades nacionales. Los incrementos de recursos no terminan de cubrir las necesidades de un presupuesto absolutamente depreciado", dijo a LA NACION José Luis Molina, secretario general de la Conadu histórica.

Según Molina, los incrementos son sumas fijas no remunerativas ni bonificables, de modo que no se consideran a la hora de calcular una jubilación ni hacen aportes a las obras sociales. "Estamos cobrando esas sumas en negro. Hay graves problemas de financiamiento en las obras sociales universitarias. Muchas subsisten con aportes de las propias universidades", dijo.

Mientras un tercer sindicato -la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), mayoritaria en la UBA y en otras casas de estudio, con unos 30.000 afiliados- no adhirió a la medida, esta semana se agregará otra señal de disconformidad. Mañana, la Federación Universitaria Argentina (FUA) realizará una marcha que terminará con un acto en el Congreso, a las 19, para reclamar más presupuesto y una nueva ley universitaria.