La transformación que, en las puertas del siglo XXI, parecía llamada a consolidar la recuperación de un sistema educativo que históricamente había sido modelo en América latina quedó trunca y apenas puede acreditar hoy el ingreso en la escuela de sectores de la población que antes difícilmente llegaban más allá de la escuela primaria.
Esa incorporación no está acompañada actualmente de esfuerzos significativos ni metas claras que aseguren la permanencia de los jóvenes y adolescentes en las aulas ni de una enseñanza de calidad que garantice un nivel de preparación adecuado para enfrentar su futuro.
Antes, la escuela era a veces de difícil acceso para los sectores más castigados de la población. Hoy, de la mano de la fuerte crisis social desatada en la última década, directamente los expulsa de las aulas, como lo muestran las altas tasas de deserción que se concentran en tantas zonas postergadas, como el conurbano bonaerense.
Como informó LA NACION, más de 100.000 chicos abandonaron el polimodal en la provincia de Buenos Aires durante 2003, abriendo de par en par la puerta de la exclusión e hipotecando el futuro de los adolescentes y sus familias.
La precarización del sistema educativo quedó a la vista en las propias instrucciones que las autoridades dieron a los docentes y directores de escuela. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se eliminó la enseñanza de matemáticas en el último año del polimodal, en la orientación de ciencias exactas. Si bien el año último se revirtió la medida, los resultados se ven a diario en los fracasos masivos que se advierten en los exámenes de ingreso en la Universidad Nacional de La Plata.
También hubo directivas poco serias, como las instrucciones para los talleres de computación e informática en las escuelas bonaerenses, en las cuales se pedía que los propios alumnos diseñaran modelos de computadoras de cartón y plástico para realizar sus trabajos en clase, dada la insuficiencia de los recursos informáticos.
Esta dura realidad es el resultado de la falta de compromiso para destinar una inversión creciente y sostenida en educación. Los gobiernos nacional y provinciales no cumplen desde hace más de diez años la pauta prevista en la ley federal de educación, donde el país se fijó la meta de una inversión educativa equivalente al 6 por ciento del PBI. Hoy, pese al incremento nominal del presupuesto, esa inversión no llega al 4 por ciento.
Reconocidos especialistas convocados por LA NACION profundizaron el diagnóstico y aportaron propuestas para ayudar a revertir la crisis educativa, que hipoteca el futuro de todos. El ex ministro de Educación Juan Llach mostró recientemente en una investigación cómo el Estado contribuye a profundizar las desigualdades, al destinar a las escuelas de zonas más ricas los principales recursos económicos y humanos y las condiciones de enseñanza más favorables (capital edilicio, materiales didácticos, capacitación docente), en detrimento de las escuelas más pobres.
La necesidad de avanzar en jornadas con más horas de clases, promover la doble escolaridad, especialmente en los sectores más pobres, estimular el hábito de la lectura, reformular los procesos de toma de decisiones en las instituciones escolares, combatir la desigualdad manteniendo el respeto por la diversidad, aumentar recursos en las comunidades más postergadas, acercar el mundo de la escuela al trabajo y fortalecer la capacitación de los docentes son algunas de las propuestas que se expusieron y que merecen ser tenidas en cuenta.
Hay coincidencia entre los pedagogos y especialistas en políticas educativas acerca de que, más allá de la suma de contenidos y conocimientos, lo que la escuela debe enseñar hoy es el oficio de aprender. Esto lleva a replantear la tarea del maestro, cuya principal misión no es ya la transmisión de saberes, sino la formación de los alumnos en un proceso de aprendizaje continuo.
Sin el consenso para atender cambios serios y profundos, la reciente propuesta del director general de Educación bonaerense de convertir el tercer ciclo de la educación general básica en un presecundario corre el riesgo de quedarse en un simple cambio de denominación, sin sustento pedagógico y educativo.
La necesidad de consensos firmes fue expresada días atrás por el ministro de Educación, Daniel Filmus, al anticipar aspectos de la futura ley de financiamiento educativo, que condicionará el envío de los recursos de la coparticipación a que las provincias receptoras tengan una asignación educativa específica. A ello se sumó la instrucción precisa para que los docentes impusieran en las aulas un nivel mayor de exigencia y acuerden metas concretas para que en cada provincia mejoren los índices de rendimiento de los alumnos y bajen la deserción y los altos niveles de chicos que repiten.
Se trata de metas claras que brillaron por su ausencia cuando se planificó la reforma educativa. Los resultados están hoy a la vista y remontar la cuesta es una responsabilidad que debe sumar los esfuerzos de todos: autoridades, docentes, alumnos y padres.
