Por eso, consideramos acertada la decisión del presidente de la República y de su ministro de Educación, Daniel Filmus, de promover una gran consulta general, seguida de un amplio debate, con el fin de acordar los contenidos fundamentales de la futura ley nacional de educación, que deberá reemplazar a la norma actualmente en vigencia, cuya ineficacia ha quedado sobradamente comprobada.
 
De la consulta que se prepara deberán participar, naturalmente, los múltiples sectores de la sociedad vinculados con la actividad docente, educativa y cultural, pero también será necesario ampliar al máximo los canales públicos de participación social, a fin de estimular el compromiso activo de toda la población del país en la instrumentación de los planes y las políticas que en definitiva se pongan en marcha. La experiencia indica que las acciones que se impulsan en el ámbito educativo resultan ineficaces o insuficientes cuando no van acompañadas de un efectivo control de la comunidad sobre la forma en que son ejecutadas.
 
Hace pocos días se difundieron los datos de un inquietante informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en el cual se revela el grave deterioro que exhibe el sistema educativo argentino y, sobre todo, la profunda desigualdad que existe, en materia escolar, en las diferentes zonas geográficas del país. El informe da cuenta de que, de acuerdo con el censo de 2001, más de 720.00 alumnos estaban fuera del sistema escolar en la República por causas vinculadas fundamentalmente con la crisis social. Asimismo, de los datos estadísticos reunidos se desprende que el problema del analfabetismo sigue siendo grave: más de 730.000 personas mayores de 15 años no sabrían leer ni escribir.
 
El diagnóstico del Cippec resulta especialmente significativo en la medida en que permite comprobar las alarmantes condiciones en que se desenvuelven las escuelas que atienden a las comunidades más pobres de nuestro país. Existen diferencias de calidad abrumadoras entre la enseñanza que se brinda a los grupos poblacionales expuestos a los embates de la pobreza o la indigencia, y la que se proporciona en las escuelas que agrupan a los alumnos provenientes de sectores sociales medios o altos.
 
La brecha que se fue abriendo en los últimos años entre los distintos sectores de la población escolar le está asestando un duro golpe al principio de la igualdad de oportunidades educativas y amenaza con llevar a un número de argentinos cada vez mayor a un destino doloroso de exclusión social. Para un país que se caracterizó, ya desde fines del siglo XIX, por la vigorosa función inclusiva que cumplía la educación, resulta profundamente desalentadora la comprobación del grave retroceso social e histórico que se ha operado.
 
Es cierto que con el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo se dará un importante paso hacia la superación de esos agudos desequilibrios. Pero siguen faltando mecanismos de control que garanticen la correcta distribución de los recursos económicos que asigna la ley y eso sólo podrá resolverse satisfactoriamente en todos los distritos de la República si la propia sociedad civil se moviliza y si las familias estrechan sus lazos con la escuela a la que concurren sus hijos. La nueva ley nacional de educación podría ayudar significativamente a sistematizar esos procedimientos de control.
 
Más allá de los problemas que plantea el financiamiento de los establecimientos escolares, el esfuerzo por asegurar una educación de calidad a todas las comunidades del país exige un cuidadoso trabajo de organización, en el que los lineamientos de la gestión pedagógica estén claramente determinados y en el que se establezcan pautas precisas y razonables a la autonomía de que debe gozar cada unidad escolar. Asimismo, resulta de fundamental importancia impulsar políticas de formación y capacitación de los docentes que alcancen el máximo nivel posible de jerarquización y perfeccionamiento. A todo ello deberá contribuir la ley nacional que surja de la consulta y el debate proyectados. Desde luego, la buena salud del sistema necesitará siempre de decisiones y acuerdos para dignificar las condiciones generales de trabajo de los docentes.
 
En la medida en que los problemas más agudos de la escuela primaria sean satisfactoriamente resueltos, se crearán también las bases para la superación de las dificultades que se presentan en los niveles correspondientes a lo que continuamos llamando genéricamente la escuela secundaria y aun en los niveles superiores.
 
La educación no se compone de estamentos aislados: existen influjos recíprocos entre los diferentes niveles o grados de la enseñanza, de modo tal que los problemas que afectan a un sector se proyectan hacia las demás zonas del sistema educativo, tanto por la vía de la ejemplaridad como por el progresivo avance de los índices generales de formación y de crecimiento espiritual y cultural.
 
En un mundo que privilegia cada vez más el valor del conocimiento y el nivel de los recursos humanos como elementos determinantes de la capacidad competitiva de las naciones, la decisión del gobierno nacional de impulsar un amplio debate para determinar los contenidos de la futura ley de educación puede muy bien marcar la gran oportunidad para que los argentinos avancemos hacia una definición estratégica de largo alcance y hacia un objetivo real y tangible de coincidencia nacional.