En una iniciativa que no tiene antecedente en muchos años, el Ministerio de Educación estableció una política pública para las universidades del país, con líneas de acción concretas que orientarán la distribución de los recursos. Y juega fuerte: las instituciones que avancen en estos cambios tendrán prioridad para recibir nuevos fondos.
"La Universidad no puede permanecer distraída en sus cuestiones corporativas frente a la profunda interpelación que la sociedad le hace en esta hora decisiva", dice un documento elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).
En el trabajo se reclama a las universidades "una acción decidida y perentoria para realizar las reformas que la situación exige".
Los rectores de las 39 universidades públicas del país, a las que asiste casi un millón de estudiantes, recibirán la propuesta formalmente el jueves próximo, en un encuentro organizado por el órgano que los reúne -el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)- en San Miguel de Tucumán.
En la propuesta oficial se establecen cuatro líneas de acción para las universidades: explicitar la función social que cumplen, desarrollar ciclos generales de conocimientos básicos para el inicio de las carreras, mejorar las carreras de Ingeniería y duplicar en cuatro años las dedicaciones exclusivas de los docentes.
"La propia gravedad de la situación estructural exige que los universitarios se impongan la actitud de repensar su razón de ser y actualizar su función social, justificando ante la sociedad el dinero que en ella se invierte", afirma el documento.
La alta tasa de deserción de estudiantes, sobre todo en primer año, la baja cantidad de graduados, la concentración de la matrícula en carreras tradicionales, la superposición de la oferta, la multiplicación de sedes universitarias y la escasa cantidad de docentes con dedicación exclusiva son parte del diagnóstico crítico que se viene haciendo del funcionamiento de las universidades.
Cuando se mira en detalle, sin embargo, el panorama se hace más heterogéneo: hay universidades masivas y tradicionales; otras, más pequeñas y de creación reciente, diversas en calidad académica, en la energía con que se vuelcan a las necesidades de sus regiones y en los esfuerzos que ponen en la investigación.
Las autoridades nacionales se pronuncian explícitamente contra las restricciones en el ingreso. Afirman, por el contrario, que "masificación y excelencia académica deben volverse compatibles, dado que la ampliación de la matrícula universitaria debe ser una meta de toda sociedad moderna y eficiente".
Según las líneas de acción previstas, se les pedirá a las universidades que determinen cuál es su función social, según su contexto, las demandas de los sectores sociales y económicos a los que responden y sus prioridades, y plasmarla en un documento, que se convierta en una suerte de parámetro con el cual se podrán comparar las carreras que ofrecen y la investigación que realizan.
"Esta información servirá para ver si la oferta académica y sus actividades de investigación son pertinentes con lo que se proponen como función social. A partir de allí se puede decidir el destino de los recursos y la entrega de becas", dijo a LA NACION el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese.
En segundo lugar, se promoverá la creación de ciclos generales de conocimientos básicos, de dos años de duración, por disciplinas, que serán comunes a varias universidades. La idea es que los jóvenes puedan iniciar sus estudios en un área -retrasando la elección de la carrera específica si lo necesitan-, y puedan continuar en otra universidad sin dificultades.
Además, se continuará la financiación de las mejoras en las carreras de Ingeniería, consideradas clave para el desarrollo del país. Estas carreras acaban de atravesar un proceso de acreditación que mostró un panorama preocupante de su enseñanza, con alto fracaso en primer año, falta de infraestructura, excesiva duración de las carreras, escasa investigación y superposición de ofertas. Las facultades se comprometieron a hacer reformas, que la cartera educacional financiará, junto con becas para los jóvenes que elijan carreras prioritarias, las ingenierías incluidas.
También se aspira a duplicar en cuatro años el número de docentes con dedicación exclusiva de las universidades nacionales, que hoy ronda el 14%. "La idea es promocionar los concursos docentes con énfasis en aquellas áreas que la universidad se comprometa a desarrollar como parte de su función social", dijo Pugliese. Además, se estudia la posibilidad de extender por decreto los derechos políticos a los docentes interinos (que podrían ocupar cargos electivos) hasta tanto se realicen los concursos.
"La propuesta es un aporte positivo que tendremos que analizar. En Tucumán haremos un diagnóstico y definiremos una política universitaria para los próximos diez años", dijo el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Aníbal Billoni.
El rector consideró: "El Poder Ejecutivo puede implementar una política de financiamiento según ciertas prioridades. No creo que exista una incompatibilidad con la autonomía universitaria". Opinó también: "Siempre hay cosas que mejorar" y admitió que se necesita crear una conciencia de que el rol de la universidad ha cambiado y que debe tener más protagonismo en la vinculación tecnológica, la actividad solidaria y el desarrollo regional.
