La opinión pública debe celebrar vivamente este paso que ha dado el Senado. Cabe esperar ahora que su ejemplo sea imitado con la máxima celeridad por la Cámara de Diputados y que antes de fin de año la ley esté ya sancionada y en condiciones de ser aplicada.
Es cierto que durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta surgieron discrepancias, en su mayoría planteadas por quienes reclamaban que la carga financiera del aumento se repartiera de manera distinta entre el Estado nacional y los estados provinciales. Pero lo importante es rescatar que, más allá de esas disidencias parciales, prevaleció el reconocimiento de que no se podía seguir demorando la sanción de un proyecto de tanta trascendencia para el futuro de la educación.
Lo hemos dicho muchas veces: para que la Argentina vuelva a instalarse en una senda de progreso y crecimiento sostenido es necesario que los gobiernos -y la sociedad en su conjunto- le otorguen a la educación el lugar de privilegio que conoció en otros tiempos, a partir de la visión iluminadora de Domingo Faustino Sarmiento y de quienes lo acompañaron en sus proyectos de educador y de humanista.
Pero no sólo las lecciones de la historia nos llevan a valorizar la enseñanza pública como el gran instrumento de transformación que les debemos a las generaciones venideras. También la observación rigurosa de las exigencias del mundo de hoy y las enseñanzas del estricto presente nos conducen a esa conclusión. Todos los estudios técnicos realizados en el mundo en los últimos tiempos demuestran que existe una relación directa e inequívoca entre los niveles de escolaridad que exhibe un país y la tasa de crecimiento de su producto bruto. Está definitivamente probado que las inversiones en capital humano dirigidas al sector educativo tienen una tasa de retorno importantísima, que oscila entre el 5 y el 15 por ciento por cada año adicional de escolaridad. Además, se ha verificado que esas inversiones presentan una tasa de retorno social muy alta, que llega a ser tres o cuatro veces superior a las comunes del sistema económico privado.
Puede afirmarse con pleno fundamento, por lo tanto, que la inversión pública en educación se justifica plenamente no sólo por motivos humanos y culturales, sino también en términos económicos.
Ha llegado la hora de producir cambios y mejoras sustanciales en el sistema educativo, indispensables para cualquier estrategia de recuperación nacional. En nuestro editorial del 9 de septiembre último, titulado "Educación: una ley que el país necesita", dijimos que el Congreso Nacional no debía eludir su responsabilidad ante este esfuerzo que los argentinos aspiramos a desplegar para que el año del Bicentenario nos sorprenda en plena marcha hacia nuestro definitivo renacimiento como nación.
En ese mismo editorial destacábamos el ejemplo de Finlandia, un país que hasta hace 35 años era básicamente agricultor y que hoy tiene la economía más competitiva del mundo. Y señalábamos que los finlandeses produjeron esa transformación privilegiando el desarrollo de su capital humano y el crecimiento de la investigación científica y tecnológica. Un caso parecido es el de Irlanda.
Respecto del reclamo específico en favor de que el Estado nacional tome a su cargo un sacrificio mayor en el esfuerzo por aumentar la inversión educativa, debería tenerse en cuenta lo ocurrido en la década del 90, cuando se transfirieron las escuelas a las provincias. En ese momento, los fondos de coparticipación crecieron significativamente y el Estado nacional giró más dinero a los gobiernos provinciales, pero éstos destinaron esos mayores recursos a finalidades que nada tenían que ver con la educación. A la luz de esos penosos antecedentes, resulta altamente razonable que el proyecto del Poder Ejecutivo haya incluido mecanismos severos para obligar a las provincias a invertir en educación un porcentaje determinado de los fondos que perciben por el régimen de coparticipación federal.
Más allá de esos aspectos pormenorizados del régimen de coparticipación, creemos que lo importante es que el proyecto del Poder Ejecutivo sea convertido en ley y que el país cuente con el instrumento que le garantice un aumento estratégico fundamental de la inversión educativa. Tenemos que asegurar las condiciones que ayuden a producir un auténtico renacimiento de la educación en la Argentina. Contamos con un proyecto que sirve de modo directo, sin dobleces, a esa finalidad. No dejemos que la oportunidad se malogre. Y formulemos votos para que la sanción de la ley se produzca sin más demoras.