Es de esperar que la iniciativa no se convierta en el Congreso en motivo de especulaciones políticas, tan propias de estos tiempos electorales. El país necesita urgentemente contar con un nuevo instrumento legal, indispensable para que la educación argentina vuelva a tener la calidad y la proyección social que le habían dado, en otro tiempo, prestigio universal.
El proyecto -elaborado por el equipo que conduce el ministro Daniel Filmus- introduce una importante novedad: crea un sistema por el cual se obliga a las provincias a invertir en educación un porcentaje determinado de los recursos que perciben por el régimen de coparticipación federal.
De ese modo, se pretende evitar que se reitere lo ocurrido en la década del 90, cuando se transfirieron las escuelas a las provincias. En esa oportunidad, la coparticipación creció significativamente y el Estado nacional giró más fondos a los gobiernos provinciales, pero éstos destinaron esos recursos a finalidades que nada tenían que ver con la educación.
El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional establece que el presupuesto educativo consolidado del gobierno nacional, del conjunto de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires deberá ser aumentado progresivamente, desde ahora hasta 2010, en nueve mil millones de pesos o en una suma tal que el gasto total del sector se eleve hasta representar el 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). De esas dos modalidades de medición se deberá elegir, en cada caso, aquella que posibilite una inversión mayor.
El incremento de la inversión deberá destinarse, prioritariamente, a una serie de loables objetivos, como garantizar un mínimo de escolaridad obligatoria a todos los niños y jóvenes argentinos, escolarizar a la totalidad de la población de cinco años en todo el territorio nacional, lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación general básica tengan acceso a escuelas de jornada completa, incorporar al 50 por ciento de los niños de tres o cuatro años al nivel inicial. Asimismo, se deberá avanzar hacia la universalización del nivel medio/polimodal, a fin de que los jóvenes no escolarizados ingresen en la escuela o se reincorporen a ella.
El texto legal propuesto establece también que el aumento de la inversión deberá propender a la mejora de las condiciones laborales de los maestros: se deberá promover, en efecto, la recomposición salarial del sector y la jerarquización y profesionalización de la carrera docente. El proyecto menciona otros objetivos de fundamental importancia, a los cuales deberá aplicarse el aumento presupuestario: erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional, expandir la incorporación de las nuevas tecnologías en todo el sistema educativo, fortalecer la enseñanza universitaria y jerarquizar la investigación científica y tecnológica. El crecimiento de la inversión hasta 2010 será progresivo, de acuerdo con un esquema en el cual se detallan los avances y las metas anuales que deberán alcanzarse.
Al fijarles por ley un destino a los fondos remitidos a las administraciones provinciales, el gobierno nacional no hace otra cosa que invitar al Congreso a que haga uso de la facultad que le otorga el artículo 75 de la Constitución, que dispone que la distribución de los recursos impositivos entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se efectuará "contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional". Al Poder Legislativo le corresponde, pues, por mandato constitucional, velar para que los impuestos provenientes de la coparticipación sean efectivamente destinados al fomento de la educación.
Un estudio reciente, realizado por encargo de la Unesco, permitió comprobar que existe una relación directa e inequívoca entre los niveles de escolaridad que exhibe un país y la tasa de crecimiento de su producto bruto. Se ha verificado, en ese sentido, que las inversiones en capital humano dirigidas al sector educativo tienen una tasa de retorno notablemente elevada, que oscila entre el 5 y el 15 por ciento por cada año adicional de escolaridad. Pero hay algo no menos importante y es que esas inversiones presentan una tasa de retorno social altísima, que llega a ser tres o cuatro veces superior a las comunes del sistema económico privado. Queda plenamente demostrado, así, que la inversión pública en educación se justifica plenamente no sólo por motivos humanos y culturales, sino también en términos económicos. ¿Cómo dudar, entonces, de que la inversión en educación debe ser considerada una inversión prioritaria?
Ha llegado la hora de comenzar a reconstruir el sistema educativo, pilar de cualquier política o estrategia de recuperación nacional. La experiencia recogida en los foros económicos mundiales -como el que se realiza todos los años en Davos, Suiza- indica que invertir en educación es abrir un camino seguro hacia el progreso y el crecimiento. Un país como Finlandia, que hasta 35 años atrás era básicamente agricultor, tiene hoy la economía más competitiva del mundo. Para producir esa transformación, los finlandeses privilegiaron el desarrollo de su capital humano y apostaron a la creación de un sistema educativo y cultural cada vez más fuerte, así como al crecimiento de la investigación científica y tecnológica. El ejemplo de Finlandia debe ser imitado.
Sin un sistema educativo que disponga de los recursos necesarios para cumplir dignamente su misión y para llegar en condiciones mínimas de calidad a todos los argentinos, nuestro país difícilmente podrá volver a instalarse en la senda del progreso y despegar hacia un desarrollo armonioso y parejo. El Congreso no debe eludir su responsabilidad en este esfuerzo tendiente a lograr que la celebración del 2010, el año del Bicentenario, sorprenda a la Argentina en plena marcha hacia su definitiva recuperación.