Y fue la creciente demanda del sector empresarial, que cada día exige más mano de obra calificada, que llevó al Gobierno a elaborar durante un año el borrador para rejerarquizar este sector de la educación; de allí salió el proyecto de ley que el 10 del mes último aprobó la Cámara de Diputados y que había sido redactado con el consenso de los ministerios de Educación de todo el país. Por fin, el miércoles último, con la presencia en el recinto del ministro de Educación, Daniel Filmus, y el viceministro, Alberto Sileoni, la Cámara de Senadores dio su aprobación para que se sancionara la esperada ley.
A pesar de las críticas que debió enfrentar -las de la oposición y las de algunos sectores del ámbito educativo específico-, su sanción constituye, como decíamos más arriba, un paso fundamental para la recuperación de escuelas que son imprescindibles para enderezar el distorsionado mercado laboral argentino, porque se está apuntando directamente al país del futuro. Se trata de un instrumento absolutamente necesario para una Argentina -como bien lo expresó el ministro de Educación, Daniel Filmus- "industrial, productiva y esencial para brindar una formación de calidad" a los jóvenes.
Entre las novedades que trae la ley, está el hecho de que se destinará el 0,2 por ciento del total de ingresos públicos adicionales para financiar con un fondo específico la educación técnica. Según los cálculos realizados en fuentes oficiales, esto implicaría una inyección de 230 millones de pesos para este año y de 243 millones de pesos para el próximo. Justamente, algunas de las críticas señalaban que no queda claro cuál es la asignación que de este fondo corresponderá a cada distrito.
Pero, con la ley aprobada, el gran desafío será su reglamentación, porque otro de los principales cuestionamientos es que los 57 artículos de la norma son casi todos puramente enunciativos y apenas definen la educación técnica y lo que el Gobierno y las empresas -se fomenta la concreción de convenios de pasantías y residencias con empresas privadas para que los estudiantes puedan desarrollar su conocimientos- deberían hacer.
Sin embargo, más allá de la pertinencia de estas y otras objeciones, lo cierto es que parece haberse puesto en marcha con decisión el modelo de país que pone la producción y el trabajo en primer plano, y recupera una tradición que hace mucho había sido dejada de lado, casi despreciándosela. Y el auspicioso hecho de que esta vez las empresas argentinas estén seriamente involucradas en el proceso permite alentar esperanzas de que los tiempos se aceleren en esta Argentina que quiere salir definitivamente de la crisis.
Recordábamos el viernes último -en nuestro editorial titulado "Educación: una ley que el país necesita"- el ejemplo de Finlandia, un país que hasta hace 35 años era básicamente agricultor y que hoy tiene la economía más competitiva del mundo, gracias a apostar a la creación de un sistema educativo y cultural fuerte, sabiamente sustentado en el crecimiento de la investigación científica y tecnológica. Es de esperar que esta recuperación de lo que nunca debimos perder vaya en esa misma dirección.
La Nación: Editorial I: Por fin, la ley de educación técnica
Aunque parezca mentira, la Argentina, para estructurar una política nacional, federal e integral de la educación técnico-profesional ha debido retroceder hasta antes de 1993, es decir, cuando se sancionó la controvertida ley federal de educación, que dejó un vacío jurídico respecto de la educación técnica.