Nuevamente, por cuarta vez, la prepotencia de un grupo de activistas estudiantiles que tomaron el edificio de la Facultad de Medicina impidió la sesión de la asamblea universitaria, que debía elegir al rector de la UBA. A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad, empleados no docentes que pretendían ingresar para cumplir sus tareas, a los que se sumaron otros representantes de su gremio, se enfrentaron con los estudiantes, provocando heridos y destrozos.
 
Resulta elemental que ni unos tienen derecho de ocupar por la fuerza un edificio público impidiendo el acceso a los demás ni otros están habilitados a hacer valer sus derechos desalojándolos a golpes.
 
Lo que más sorprende frente a este episodio para nada imprevisible es la inacción de quienes deben garantizar el orden público y evitar incidentes de esta clase. La sede de la Facultad de Medicina había sido tapiada el fin de semana último para impedir el paso de eventuales intrusos. Sin embargo, las escasas o nulas medidas preventivas adicionales, como la virtual falta de una guardia policial en los alrededores del edificio universitario, permitieron que el piquete estudiantil se instalara nuevamente.
 
Es también insólito que, ante los enfrentamientos violentos que se sucedieron en las adyacencias de la sede universitaria, no se haya advertido la necesaria presencia policial.
 
No menos absurdo es que voceros gubernamentales sugieran que las fuerzas policiales no actúan porque el conflicto desatado por la conducción de la UBA no se resuelve con represión. Aunque es obvio que una crisis política no se soluciona de esa manera, el gobierno nacional no puede desatender su obligación constitucional de brindar seguridad a los habitantes de la Nación. Lamentablemente, las autoridades no están actuando como se espera de ellas y, por momentos, su actitud parece cómplice de la de quienes siembran el desorden.
 
En reiteradas ocasiones se advirtió desde esta columna editorial acerca de las graves consecuencias de la virtual renuncia de las autoridades del Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar el orden público. Esta posición oficial se verificó en los cortes de rutas en Entre Ríos, donde dos semanas atrás un grupo de vecinos de la ciudad de Colón desalojó por la fuerza a dirigentes ambientalistas que bloqueaban la ruta 135 en protesta por la construcción de las plantas de pasta celulósica en Uruguay. Y si nos remontamos a episodios anteriores, podrían recordarse numerosos piquetes en la ciudad de Buenos Aires frente a los cuales el Gobierno "dejó hacer", desentendiéndose de su obligación de proteger los derechos constitucionales del resto de los habitantes a circular libremente por el territorio nacional.
 
Es hora de que las autoridades nacionales dejen de pensar en eventuales costos políticos y tomen el toro por las astas, como alguna vez sugirió el propio ministro del Interior. Algo que está muy lejos de la represión ilegal en la que algunos sectores temen caer. Se trata de hacer cumplir la ley, como se lo haría en cualquier país que se precie de ser serio y en el que funcionen las instituciones.