El funcionario subrayó que en la Argentina "hay una tolerancia social peligrosa respecto de la marihuana y el alcohol" y la atribuyó a la falta de concientización social sobre los efectos nocivos que provocan tanto las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, o las ilegales, como la marihuana, por sólo citar la sustancia que mayor aceptación suscita en la opinión de la gente, que equivocadamente supone inocua para el organismo humano.
 
Esa percepción benevolente respecto de los efectos y peligros del consumo de marihuana se ha arraigado también en el ámbito universitario. Es así como los estudiantes creen que fumar cigarrillos de tabaco es más perjudicial que hacer lo mismo con uno de marihuana. Incluso, casi el 16 por ciento de los universitarios cree que el consumo de esta droga no entraña peligro alguno para la salud.
 
Según los datos del primer estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en universidades, realizado por la Sedronar entre marzo y abril últimos, el 11,9 por ciento de los estudiantes admitió ser consumidor de marihuana.
 
Ese mismo estudio determinó que alrededor de 28.000 personas procuran, en centros asistenciales públicos y privados de todo el país, rehabilitarse de su adicción a la marihuana. Representan casi el 20 por ciento del total de pacientes que quieren curarse de sus adicciones y, de ese total, el 60 por ciento reconoce que fumar "porros" fue el inicio de su camino hacia las drogas más duras, como la cocaína.
 
Diferentes circunstancias favorecen la visión amigable de esta sustancia: entre otras, el probable uso terapéutico de la marihuana o de alguno de sus componentes, algo que, sin embargo, fue cuestionado por un reciente informe de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) que señaló que "no hay estudios científicos convincentes" que apoyen el uso médico de la marihuana.
 
Asimismo, en el Congreso de la Nación se presentaron dos proyectos que propician la despenalización de la tenencia y el consumo de marihuana y, hace pocos días, la Sala II de la Cámara Federal porteña dictó un fallo por el cual la tenencia de drogas para consumo personal no es delito en sí misma, sino que sólo debe penarse en los casos en que, por el contexto en que se produce, afecta la salud pública. En su resolución, los jueces Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun confirmaron el sobreseimiento de un hombre que fue detenido en la calle con una escasa cantidad de marihuana en un bolsillo de su campera. Para los camaristas, la droga iba a ser utilizada en privado y, por lo tanto, la conducta no afectaba en modo alguno la salud pública.
 
Los efectos y las consecuencias negativas que el consumo de drogas provoca tanto en la conducta como en la salud de las personas no admiten prueba en contrario. Basta remitirse, por mencionar sólo algunos casos, a las estadísticas que señalan la conexión existente entre la droga y el delito en cualquiera de sus manifestaciones, a la presencia de sustancias de uso legal o ilegal entre los responsables del elevado número de accidentes viales que registra nuestro país y en los innumerables casos en los que la salud física de los consumidores se pone en riesgo, con peligro de muerte en muchos de ellos.
 
Con motivo del diferendo que nuestro país mantiene con Uruguay por la instalación de dos plantas pasteras en Fray Bentos, el presidente Néstor Kirchner convocó recientemente a los gobernadores, a los intendentes y a la ciudadanía en su conjunto, a reunirse en la ciudad de Gualeguaychú para defender el principio de la no contaminación y para crear conciencia acerca de la necesidad de exigir un medio ambiente sano y sustentable, pretendiendo con ello dejar sentadas las bases para una política de Estado en materia ambiental. Del mismo modo, y debido a que las drogas pueden causar daños tan graves e irreversibles como los que ocasionan el descuido y la violación de las normas que regulan el medio ambiente, es de desear que las máximas autoridades nacionales convoquen a las fuerzas políticas y a la sociedad civil toda a efectos de generar los consensos necesarios y comprometerlos para instrumentar una política de Estado en materia de prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico.