La norma establece un crecimiento progresivo del gasto total en educación, ciencia y tecnología, que pasará de 22.270 millones de pesos anuales a 53.600 millones de pesos en 2010, con lo cual en cinco años la inversión será equivalente al 6 por ciento del PBI, algo que sólo es equiparable a la inversión de países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, a la cabeza mundial en cuanto al presupuesto destinado a la educación. De esta manera, la Argentina hará un esfuerzo para estar entre las treinta naciones que más invierten en educación en el mundo.
El proyecto del oficialismo obtuvo una amplia mayoría -204 votos a favor, 37 en contra y ninguna abstención-, después de más de seis horas de debate. Es cierto que las objeciones de la oposición -los diputados de la UCR, que votaron en soledad- no carecían de justificación: la norma aprobada vulnera la autonomía de las finanzas provinciales y no soluciona en lo inmediato los problemas de fondo, centrados en la ley federal, cuya implementación desigual ha desestructurado el sistema. Pero también es cierto que el amplio consenso en la votación parlamentaria es un índice muy positivo para la aplicación efectiva de la norma, una aspiración del ministro Daniel Filmus, quien manifestó a este diario: "Es un proyecto que viene para quedarse".
Este punto es muy importante: el Ministerio de Educación nacional es el que tendrá en sus manos la posibilidad de limitar o retener los fondos que le correspondan a la jurisdicción que esté en falta, esto es, que no destine los fondos coparticipables a educación, como establece la ley. Como esos recursos irán a una cuenta específica que permitirá transparentar su destino y aplicación, el Ministerio podrá "monitorear" las inversiones y ver que se cumplan los objetivos de la norma.
La importancia de esta asignación específica de los recursos ha sido celebrada por los expertos en educación. Así, el ex ministro de Educación y académico Juan José Llach señaló que desde la ley 1420 no había una asignación así para el área; también destacó la importancia de que el aumento en la escolarización estuviera entre las metas. Efectivamente, este notable incremento en la inversión en educación está dirigido a garantizar, entre otros loables objetivos, un mínimo de escolaridad obligatoria a todos los niños y jóvenes argentinos, a escolarizar a la totalidad de la población de cinco años en el territorio nacional, lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación general básica tengan acceso a escuelas de jornadas completas e incorporar al 50 por ciento de los niños de tres o cuatro años al nivel inicial. También se propone avanzar hacia la universalización del nivel medio/polimodal, para que los jóvenes no escolarizados ingresen en la escuela o se reincorporen a ella.
No puede dejar de mencionarse, en un país que termina 2005 con siete millones de alumnos que no pudieron completar sus 180 días mínimos de clases debido a los paros docentes, que otra meta importantísima es la mejora de las condiciones laborales de los maestros: la recomposición salarial del sector, y la jerarquización y profesionalización de la carrera docente.
Como ya lo hicimos notar desde estas mismas columnas, existe una relación directa e inequívoca entre los niveles de escolaridad que exhibe un país y la tasa de crecimiento de su producto bruto. Es decir que todo aquello que se invierta en educación, formal o informal, redunda en una tasa de retorno notablemente elevada. Por lo cual no sólo hay que invertir en educación por motivos humanos o culturales, sino también por motivos económicos. Así parecen haberlo comprendido el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Educación y, finalmente, también los representantes del pueblo argentino en las dos cámaras, que aprobaron la ley con tan alto índice de consenso.
No se puede menos que ser optimista ante la posibilidad de que los argentinos empiecen a ponerse de acuerdo en los temas fundamentales para la salud de la República, como en este caso, porque sin un sistema educativo que disponga de los recursos necesarios para llevarse a cabo integralmente, y así brindar educación de buena calidad a todos los ciudadanos por igual, nuestro país difícilmente podrá volver a instalarse en la senda del progreso y despegar hacia un desarrollo armonioso. Quizás ahora estemos mejor preparados y más cerca de lograrlo.