Una comisión investigadora que comenzó a actuar en la universidad formoseña encontró, en las oficinas de la Facultad de Administración, una lista con 17 alumnos residentes en España receptores de títulos de la licenciatura en Informática. Los expedientes encontrados muestran datos insólitos, pues los supuestos estudiantes habrían rendido y aprobado, entre enero y marzo de 2005, ocho materias, y algunos exámenes finales tendrían fechas correspondientes a enero, tiempo del receso universitario.
Los convenios, cuya vigencia niega el rector de la universidad formoseña, parecen ser más problemáticos aún, porque esa casa de estudios no está habilitada para dictar cursos a distancia. Entre los acuerdos, además del realizado con Cibernos, aparecen otros, con participación de la Escuela Superior de Estudios Informáticos, de Pamplona, y un tercero con la entidad World University, representada en nuestro país por el World College, con sede en Tierra del Fuego, donde se habrían producido irregularidades, aparentemente en relación con las verificadas en Formosa.
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego firmó convenios con la World University para entregar títulos de licenciatura en condiciones similares a las de Formosa. La autorización respectiva fue gestionada en 1999 ante el Ministerio de Educación de la Nación, que la negó, porque el instituto involucrado carece, según las expresiones oficiales, "de existencia real, lo mismo que de aulas o instalaciones".
Los responsables de estos supuestos fraudes los niegan y consideran que se trata de campañas de desprestigio, tras las cuales habría mucho dinero en juego. El dinero parece haber sido una motivación para quienes serían culpables de haber cometido estos fraudes.
Sorprende muy ingratamente encontrar denuncias de esa clase en universidades oficiales que parecerían estar al margen de escándalos. No se puede olvidar lo ocurrido en otras casas de estudio de mucho mayor tamaño, como la misma Universidad de Buenos Aires, en la cual se recuerda, y no precisamente con agrado, la gestión del ex rector Oscar Shuberoff. A partir de estos datos todo puede entrar en la zona de la sospecha, lo que no es, precisamente, ninguna prenda de seriedad ni de conductas acordes con los altos principios que deberían ser normas inclaudicables de la vida universitaria.
Sería fundamental que estas acciones se aclararan definitivamente, y si se comprobara su verdad corresponde que la Justicia, ahora a cargo de las respectivas causas, actúe con todo el peso de la ley frente a ellas. Si un fraude es algo grave en la administración pública, lo es mucho más en una universidad, donde ciertos principios éticos deberían estar a salvo de una codicia incomprensible, que parecería estar obrando con desprecio absoluto por las normas más elementales de la vida universitaria.