Uno de los aspectos que han venido atrayendo la atención de los especialistas en esta cuestión se refiere a los efectos indeseados que la escuela de hoy produce al agravar o consolidar las desigualdades que padecen los alumnos. Algunas de las causas se hacen patentes de manera directa. Son las que derivan del distinto nivel de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de enseñanza. Los recursos materiales dispares de orden edilicio o de dotación tecnológica tienen una fundada relación con los niveles de aprendizaje y rendimiento alcanzados por los alumnos, como se ha podido verificar.
En consecuencia, se justifica la demanda de corregir ese estado de cosas, decisión que exige asignaciones presupuestarias bien administradas y puestas en ejecución. En este sentido se avanza, pero la necesidad exige un ritmo tan ágil como sea posible.
La realidad aludida, que revela una elocuente diversidad si se observa el conjunto de las jurisdicciones, muestra también la relación íntima que esto tiene con la frecuente estimación de provincias ricas y pobres. He aquí una cuestión en la cual los poderes nacional y provinciales deben extremar sus esfuerzos para reducir las diferencias de calidad educativa con los medios idóneos que sean adecuados; de lo contrario, se acentuarán los desniveles económicos y sociales.
Es notorio que los aspectos indicados no agotan el repertorio de las diferencias. Otro, de suma importancia, está representado por los recursos humanos que obran en el trabajo escolar, especialmente directivos y docentes, siempre juzgados por discípulos, padres y la comunidad.
El tema es complejo y una respuesta totalizadora tendría que abarcar, por ejemplo, las diferencias de resultados que se advierten en los distintos niveles de la enseñanza (EGB y Polimodal). Un balance positivo al respecto en relación con el trabajo del docente se encuentra en una valiosa publicación reciente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) titulado \"Los estados provinciales frente a las brechas socioeducativas\".
Un examen analítico del problema tiene que extenderse a otras cuestiones implicadas, como el funcionamiento del sistema educativo por jurisdicción, el perfil de la oferta educativa que cada provincia presenta, las compensaciones con las cuales los estados provinciales y el Estado nacional buscan corregir los desequilibrios, así como una evaluación continua de los rendimientos u otros indicadores que permitan una fundada comparación.
Si bien la dimensión de la cuestión es amplia, lo que se ha venido investigando justifica plenamente el reclamo de que el federalismo educativo promovido por la ley 24.195/93 no resulte un marco regulatorio que acentúe las desigualdades del sistema y que las autonomías de las jurisdicciones no obstaculicen los cambios constructivos. A la vez, el Estado nacional tiene que acentuar sin desmayos su función, coordinadora y compensadora, para afirmar la equidad de oportunidades educativas.
