Detrás de las denuncias por la presunta estafa con títulos fraguados que involucra a la Universidad Nacional de Formosa (UNAF) se esconderían otras irregularidades que alcanzarían a funcionarios de Tierra del Fuego. Así se desprende del rumbo que está tomando la investigación de las autoridades educativas.
World University, la institución con la que la UNAF firmó convenios para entregar títulos de licenciatura, nunca tuvo autorización para funcionar en la Argentina. La solicitó en 1999 y el Ministerio de Educación se la negó.
Jorge Gorosito, promotor de la institución, no se dio por vencido y logró registrar en febrero de 2000 un instituto terciario privado –World College– en Tierra del Fuego, que, según el Ministerio de Educación, “no tiene existencia real, aulas ni instalaciones”. Gorosito no tuvo allí problemas: es asesor de la legisladora justicialista Angélica Guzmán –hoy presidenta de la Legislatura fueguina–, cuñada del ex gobernador Carlos Manfredotti. Según el boletín oficial de la provincia, Gorosito cobra mensualmente, desde 2001, entre 3800 y 5000 pesos.
Además, el domicilio legal de la Fundación World University, que administra supuestamente el World College, es Kuanip 330, en Ushuaia, que en 2000 era la vivienda particular de la legisladora. Ella misma figura en el estatuto de la fundación y, desde agosto de 2004, es allí asesora permanente ad honórem.
Pero hay más: quien aparece como vicerrector del World College, al menos hasta agosto de 2004, es Pablo Manfredotti Guzmán, hijo de Angélica Guzmán, de 23 años, radicado en Valencia, España.
Según su currículum, Manfredotti exhibe títulos de técnico superior en administración de empresas del World College; graduado internacional en administración y dirección de empresas, de la World University España, y licenciado en administración por la UNAF. También tiene posgrados en administración de empresas y en drogodependencia y problemáticas relacionadas entregados, claro, por el World College.
Figura, además, como rector de otra institución, que ya está llamando la atención del Ministerio de Educación: Capitolium University.
En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, Guzmán negó que ella o alguno de sus hijos estuvieran vinculados con la institución ahora bajo sospecha y adjudicó las acusaciones a "cuestiones políticas". Sin embargo, admitió que uno de sus hijos "colaboró con la institución", pero se desvinculó de ella hace un año y medio.
 
"Cuestiones burocráticas"
Según datos del Ministerio de Educación, a los que tuvo acceso LA NACION, el World College sólo tiene autorización para dictar en Tierra del Fuego un polimodal para adultos en economía y gestión de las organizaciones.
Con posterioridad, solicitó autorización oficial para dictar otras carreras, pero le fue negada (en el caso de las tecnicaturas forense y notarial, y en administración) o no completó el trámite (en el caso de administración hotelera y turismo y de una tecnicatura en informática).
El Ministerio de Educación fueguino, en tanto, reconoció que esa institución tiene habilitación legal para el nivel polimodal, aunque la ministra, Marisa Urdapilleta, confirmó que el expediente mediante el cual se tramitó la creación del World College "se perdió" y está siendo "rearmado".
Al mismo tiempo, la funcionaria desvinculó a la provincia de las denuncias y afirmó que la educación terciaria a distancia depende del gobierno nacional.
Por su parte, Gorosito negó a LA NACION que su academia funcionara en forma ilegal, rechazó todas las acusaciones y desmintió que algunos alumnos hubieran recibido "notas regaladas", como se recogió recientemente en la prensa.
Para él, el problema "se origina a partir de la mala información de la embajada argentina en Madrid", que se habría equivocado al difundir que su institución no tiene autorización para funcionar, "por cuestiones burocráticas".
Según dijo Gorosito, el World College tiene casi 190 graduados con título y unos 120 esperan su certificado. "Hay mucho dinero detrás de esta campaña [contra la institución]", afirmó Gorosito, y pidió que el ministro de Educación, Daniel Filmus, reconociera el funcionamiento de la institución "para terminar con las sospechas". Gorosito aseguró que el título que otorga su instituto tiene validez en la Argentina y en España, aunque aclaró que en ese país se debe validar el certificado.
Al mismo tiempo, el caso ya tiene derivaciones jurídicas en Ushuaia. Allí, la fiscal Marcela Bragulat tomó declaración indagatoria a Guzmán, en una causa penal -que se reactivó a partir de que el escándalo de los títulos tomara estado público- en la que se investiga el presunto delito de usurpación de títulos. Guzmán fue denunciada por un ex empleado suyo, Germán Cruz.
 
Lucro sin control
Como se viene advirtiendo en los últimos diez años, los cursos y las carreras dictados a través de Internet se han convertido en un lucrativo mercado, y su oferta abre la puerta a irregularidades varias, amparadas por la distancia geográfica y el anonimato, de las que el escándalo que ahora estalla es una muestra.
La explosión de la educación a distancia a través de las fronteras permite todo tipo de ofertas, desde las que posibilitan salvar distancias y acceder a formación terciaria y universitaria de instituciones de calidad, hasta ofertas de instituciones fantasma, apropiadas para quienes están a la sola búsqueda de un certificado y al mismo tiempo peligrosas para los incautos.
"En los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas instituciones educativas que están formalmente en regla, aunque no tienen existencia real, y permiten obtener títulos por Internet a personas de todo el mundo. Pero no son títulos habilitantes; sólo sirven para colgar en una pared", describió un funcionario del Ministerio de Educación.
En este marco, los títulos del área de administración, negocios e informática -donde hay una creciente demanda de formación- son los más ofertados.
El World College se excedió, según parece: "Pretende dar títulos que habiliten al ejercicio profesional y al mismo tiempo no está en regla para funcionar".
En la Argentina, sólo desde hace un año existe una regulación específica para controlar la calidad de las ofertas educativas que se dictan a distancia.
Por Raquel San Martín De la Redacción de LA NACION Con la colaboración de los corresponsales en Madrid y Ushuaia