El Senado aprobó ayer el proyecto de ley de financiamiento educativo, que establece la ambiciosa meta de elevar el presupuesto global del área del 4% actual al 6% del PBI en 2010.
Según las cifras oficiales, ese mayor esfuerzo financiero implicaría llevar en un lustro a $ 53.000 millones los fondos para educación en sus tres niveles y para ciencia y tecnología.
La iniciativa fue aprobada en general por unanimidad (hubo 60 votos) con la presencia del ministro de Educación, Daniel Filmus, en el recinto del Senado y docentes de la Ctera en los palcos. Ahora, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados.
A pesar del amplio apoyo a la necesidad de incrementar la inversión pública en educación, la UCR y otros partidos cuestionaron que las provincias deban realizar un aporte mayor (60%) que el de la Nación. Además, se escucharon fuertes críticas a la decisión de que los aportes surjan de fondos coparticipables que, según lo establece la ley de coparticipación federal, son de libre disponibilidad de las provincias y no pueden ser destinados a una asignación específica.
Como la iniciativa modifica la ecuación de reparto de la coparticipación federal, se necesitaban 37 votos afirmativos para aprobar el artículo séptimo. El PJ superó esa cifra -alcanzó 43 votos- con una masiva presencia de senadores propios, ya que la UCR tildó la cláusula de inconstitucional.
Las quejas también se escucharon en el oficialismo. El salteño Marcelo López Arias se abstuvo de votar el artículo en disidencia con el mayor aporte provincial. Junto a los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, fue uno de los principales impulsores de que la Nación financiara el 50% del aumento.
Por el contrario, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, destacó ayer que con esta ley el Estado incrementará su participación en el presupuesto educativo global. "Hoy ese esfuerzo es del 27% y ahora pasará a ser del 40%. Esto implica más de $ 9000 millones de lo que se pretende lograr en los próximos cinco años", sentenció.
El mayor aporte presupuestario saldrá del incremento en la recaudación que el gobierno nacional estima se logrará en los próximos ejercicios fiscales, y se realizará de manera progresiva según el siguiente esquema: en 2006, 4,7% del PBI; en 2007, 5%; en 2008, 5,3%; en 2009, 5,6%, y en 2010, 6%.
 
Cláusula de contingencia
La iniciativa parte del cálculo optimista de un crecimiento continuo del PBI en los próximos cinco años. Por eso, los senadores lograron que la cartera educativa aceptara introducir una cláusula de contingencia para que, en aquellos ejercicios en los que no se registre un incremento, las partidas se adecuen a ese escenario.
El mayor financiamiento será destinado, principalmente, a escolarizar a la totalidad de la población de cinco años y a garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad. Sin embargo, la porción correspondiente a las provincias tendrá como finalidad mejorar el salario docente. En ese sentido, la iniciativa prorroga la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por cinco años, con retroactividad al 1° de enero de 2004. Al respecto, Capitanich destacó que ese refuerzo salarial "hoy es de más de $ 1300 millones" y que la administración de Néstor Kirchner "regularizó la transferencia de esos recursos".
La iniciativa contempla también un capítulo punitivo para los Estados provinciales que no cumplan con los preceptos de la futura ley, a las que el Ministerio de Educación le podrá retener sus fondos por coparticipación y reasignarlos. Esta cláusula fue duramente cuestionada por el radical independiente Rodolfo Terragno, para quien el artículo "viola la Constitución Nacional, ya que le otorga a un ministerio la facultad discrecional de retener fondos que le corresponden a las provincias".
El debate se desarrolló con tranquilidad, salvo cuando habló el riojano Eduardo Menem (PJ), quien recibió silbidos y abucheos de los docentes ubicados en los palcos por su enérgica defensa de la ley federal de educación y de la política del área llevada adelante por su hermano Carlos Menem en sus diez años de gobierno. La réplica llegó del radical Sanz. "Me gustaría que antes de terminar su mandato el senador haga una autocrítica por el desastre que hicieron entre 1989 y 1999", sentenció.
Gustavo Ybarra
 
El escenario: El comienzo de un camino lento
La media sanción que anoche recibió la ley de financiamiento de la educación, en el Senado, indica el comienzo de un nuevo rumbo en la política educativa del país. Así, de prosperar la sanción de la norma en Diputados, en cinco años la enseñanza en la Argentina se verá beneficiada con una inyección de 25.000 millones de pesos.
En principio esto significará retomar la vieja idea rectora de los hombres que hicieron la Argentina, la cual sostenía que sólo es posible el progreso del país con una importante inversión en la educación.
En lo práctico, esta inyección de recursos se concretará en mayor equipamiento para las escuelas, la compra de textos y útiles escolares, becas para alumnos de familias de escasos recursos económicos y una mejora en la calidad de vida de los maestros (que tendrán un mejor salario).
También significará que la Argentina, a paso lento, dejará de ocupar el puesto número 67 y pasará -en 2010- al lote de los 30 países que más invierten en la enseñanza en todo el mundo.
El camino será lento, se dijo, pues la inversión de los 25.000 millones de pesos se ejecutará de manera progresiva. Es decir, en cinco años el país pasará de una inversión del 4 al 6% del producto bruto interno (PBI).
Pero esta perspectiva de crecimiento anoche quedó atada a una cláusula de contingencia. Los senadores lograron poner sus manos en el proyecto original y se aseguraron que en aquellos ejercicios en los que no se registre un incremento (en la coparticipación), las partidas se deberán adecuar a ese escenario.
Esto significará que si el país no crece la inversión en educación podría estancarse. Los hombres de Estado tendrían que entender lo que dijo alguna vez Sarmiento: "La educación es un capital puesto a interés por las generaciones presentes para las futuras".
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El gobierno nacional, confiado en el acuerdo político con los gobernadores provinciales que posibilitó la redacción de la futura ley, ya incorporó en su presupuesto un leve incremento en el gasto educativo. Así, durante 2006 se destinarán al área 5000 millones de pesos más que este año. Es decir, el gasto trepará del 4% del PBI, actual, al 4,7% del PBI durante todo el año próximo.
El ministro de Educación, Daniel Filmus, confía en que la norma quedará aprobada antes de que termine el año. "Es positivo que haya recibido media sanción con el voto unánime de todos los senadores. Aunque no hay fecha definida, esperamos que la Cámara de Diputados apruebe la norma antes de fin de año", dijo el funcionario a LA NACION.
Tal vez, los hombres de Estado ahora deberían bregar para que se respetara la futura norma y no cayera en un olvido público, tal como sucedió con el artículo 61 de la ley federal de educación, que disponía elevar la inversión en el área al 6% del PBI.
Esa norma establecía que "la inversión pública consolidada total en Educación será duplicada gradualmente y como mínimo a razón del 20% anual a partir del presupuesto 1993". Pasaron más de once años de aquel artículo y ahora sólo el tiempo dirá si la historia se vuelve, o no, a repetir.
Por Jesús A. Cornejo De la Redacción de LA NACION