LA crisis educacional, como es de conocimiento general, abarca múltiples facetas, desde lo estrictamente pedagógico hasta las cuestiones referidas a infraestructura, tecnología y financiamiento global. El atraso del sistema es pronunciado, y no son favorables los resultados -más en la escuela media que en los otros niveles-, con la agravante de una injusta desconsideración social hacia la docencia.

El maestro no sigue ubicado en el rango que tuvo en otros tiempos -ni siquiera en tiempos lejanos- y no recibe las gratificaciones que merece. Y, para agravar la situación, las reformas educacionales resueltas en los últimos años introdujeron cambios que no tuvieron buena acogida en las jurisdicciones, que no demostraron su pertinencia y eficacia (EGB y polimodal) y que terminaron por crear graves desarticulaciones, en detrimento de la necesaria unidad del sistema educacional nacional.

Se requieren soluciones inmediatas, en unos casos, y de mediano y largo plazo, en otros.

En este panorama crítico, tiene especial significación el problema económico y financiero de la educación. Siempre se han padecido restricciones presupuestarias y no han sido suficientes ni persuasivos, los reclamos de los sectores sociales y las autoridades del área. La educación, por lo regular, ha sido condenada, a priori, a los recursos precarios y, en consecuencia, a las "soluciones" a mitad de camino.

Por esto es que resulta plausible e ingeniosa la propuesta del ministro Daniel Filmus de canjear deuda externa por servicios y aportes para la educación. España respondió favorablemente y le toca ahora a nuestro país la responsabilidad de invertir los respectivos sesenta millones de euros en acciones educativas que, después de la transferencia de escuelas, correspondería repartir entre las provincias con más carencias.

Resulta auspicioso, por otra parte, que el gobierno nacional asuma el tema del financiamiento educacional en una perspectiva amplia, de mediano plazo, y que lo haga en función de objetivos y planes de trabajo de inequívoca prioridad y relevancia. Además, se trata de acciones que involucran a todas las jurisdicciones (nacional, provinciales y la ciudad de Buenos Aires) y de un horizonte de recursos realmente ambicioso, al menos en relación con lo que fueron las expectativas tradicionales.

Se apunta a una inversión en el área del 6% del producto bruto interno, para los próximos cinco años. Hoy asciende al 4% y la meta es llegar a un adicional de 9 mil millones de pesos en todo el país. Significará una mejora de la inversión anual por alumno del 50 por ciento.

En este sentido, se fijaron criterios para el proyecto de ley de financiamiento educacional, lo que lleva implícito que, junto con el compromiso de la Nación, será necesaria la decisión de destinar más recursos por parte de las provincias.

Por esto la cuestión requiere el unánime consenso del Consejo Federal de Educación; es decir, el apoyo categórico del conjunto de las jurisdicciones.

El fortalecimiento financiero de la educación ha de operar en favor de la consolidación de las estructuras de provincias (las políticas y las técnicas) y, a la vez, ha de posibilitar que desde organismos federales se pueda atender, con realismo y prolijidad, a los requerimientos precisos por escuela y por alumno de los cuatro rumbos de la geografía nacional. Más recursos para respaldar y desplegar al máximo la educación federal en el país.

Será posible, así, acercarse a las metas propuestas. Llegar en el año 2010 al ciento por ciento de inclusión de alumnos de cinco años en el jardín de infantes, como se establece en la obligatoriedad actual, y al cuarenta por ciento de los de tres y cuatro años. Que todos los adolescentes de 17 años lleguen a completar los nueve años de la educación general básica; la extensión de la jornada escolar, el restablecimiento de los servicios de educación técnica y de capacitación de adultos, la enseñanza de un segundo idioma, con prioridad para el inglés y el portugués; la universalización de la informática, mejoras salariales para los docentes, inversiones en infraestructura y equipamiento.

En síntesis: laudables propósitos que exigen real cumplimiento de la ley y continuidad en la gestión y en el compromiso político.

Porque ya vivió el país la frustración de que los mismos horizontes financieros fijados en la ley federal de educación (duplicación del presupuesto educacional en cinco años o el equivalente del 6% del PBI) no se alcanzaran ni remotamente y que quienes debían reclamar, con decisión política firme y con energía, no lo hicieran.

Todos guardaron silencio frente al incumplimiento de la ley y ante esta nueva derrota del sector educacional.

Lo mismo ocurrió cuando el Congreso Nacional no estableció, en 1996, el régimen equitativo, justo y estable de coparticipación federal en los impuestos que recauda la Nación, según lo señalaba como obligación por cumplir en dos años la Constitución de 1994. No se cumplieron las normas y no pasó nada, en un país en el que del funcionamiento y la eficacia de las instituciones depende la salud del sistema político y de la credibilidad pública.

Seguramente, la convalidación del proyecto y la ley de financiamiento educacional está demandando tareas arduas y difíciles por parte de las autoridades educativas, dentro del propio Poder Ejecutivo, y en la relación con los legisladores nacionales y los gobiernos provinciales, como ocurrió en su momento con el proyecto y la ley federal de educación en este capítulo de la duplicación de los recursos.

Será un alto mérito que estas decisiones legislativas se concreten y, mucho más, que todos los sectores involucrados -y la sociedad política en su conjunto- apoyen sin retaceos el cumplimiento de los objetivos, y si ocurrieran defecciones y discontinuidades, las denuncien públicamente y procuren reencauzar las acciones educacionales por su buen sendero.

En la presente encrucijada histórica, se hace más evidente que nunca que la política educativa ha de ser política de Estado, como se declama en exceso. Ahora se tiene la oportunidad de poner hechos en lugar de la retórica vacía y de posibilitar un mejor porvenir para las nuevas generaciones.

* El autor fue ministro de Educación de la Nación (1989-1992).