Tras el aumento del piso salarial docente a $ 840 y el principio de acuerdo que permitirá empezar las clases en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Educación, Daniel Filmus, ya está trabajando en el encargo que el presidente Kirchner le encomendó al abrir el ciclo lectivo en Córdoba: el debate por la reforma de la ley federal de educación.
 
El primer paso será la apertura de una ronda de consultas, que incluirá debates en las escuelas para recoger propuestas de los propios docentes y discutir posibles cambios, a través de jornadas de reflexión que se convocarán a lo largo del año.
 
Como ocurrió con la ley de financiamiento educativo, las consultas se extenderán a sectores políticos, sociales, empresarios e instituciones religiosas, antes de enviar al Congreso el proyecto con el que el Gobierno espera modificar la emblemática ley educativa del período menemista.
 
La ley federal de educación es la que enterró el tradicional esquema del primario y secundario, y consagró la compleja estructura de la educación general básica (EGB) y el polimodal. La revisión de este esquema se hará particularmente a partir de los traumáticos cambios que afectaron el tercer ciclo de la EGB (de séptimo grado al ex segundo año de la enseñanza media), que se aplicó de muy distintas maneras en todo el país.
 
"Actualmente, hay 55 formas distintas de aplicar la estructura de ciclos y niveles fijada en la ley federal. Tenemos que recuperar la concepción de un sistema educativo nacional, con alternativas distintas y equivalencias", dijo el ministro Filmus.
 
Sancionada en abril de 1993 con el voto mayoritario del justicialismo, la ley federal fue el eje de la controvertida reforma educativa, que si bien incorporó más alumnos en las escuelas, fortaleció la fragmentación del sistema educativo, en buena medida por la aplicación desigual que tuvo en las distintas provincias, a partir de la descentralización del sistema educacional, que quedó básicamente en manos de las provincias.
 
Una caja de Pandora
 
Con la "reforma de la reforma educativa", el ministro de Educación procura establecer un sistema educativo más homogéneo, para evitar la profunda dispersión que se generó a partir de la transferencia de escuelas. Sin embargo, no podrá evitar que el lanzamiento del debate abra la puerta para posiciones más extremas que seguramente bregarán por la derogación de la ley.
 
Según anticipó a LA NACION, el ministro de Educación procurará mantener a salvo del debate algunos aspectos de la ley que hoy no son objeto de controversias, como los diez años de la obligatoriedad escolar, los principios generales y los derechos, obligaciones y garantías de la primera parte de la norma.
 
La intención es incorporar en la ley las distintas normas sancionadas en el último tiempo, que en la práctica se constituyeron en reformas parciales, como la ley que garantiza los 180 días de clases, la de financiamiento, la de extensión del incentivo docente y la de recuperación de las escuelas técnicas.
 
La posición del Gobierno será evitar la llamada "primarización" del tercer ciclo de la EGB; es decir, abandonar el esquema que en los años 90 aplicó sin anestesia la provincia de Buenos Aires y del que ahora la gestión de Adriana Puiggrós intenta despegarse.
 
El debate por el tercer ciclo de la educación general básica (EGB) -de séptimo a noveno años- atraerá el principal foco de atención. Se trata de un ciclo escolar que reúne a más de dos millones de alumnos y 200.000 docentes, y se presume que el Gobierno procurará evitar la inestabilidad laboral de los profesores.
 
La idea del Ministerio de Educación es evitar la adopción de un modelo único y permitir que en una misma provincia, tal vez, las escuelas urbanas y rurales puedan adoptar esquemas distintos. Se estima que el sector de la enseñanza privada procurará mantener los amplios márgenes de libertad de enseñanza que le garantiza la actual legislación.
 
La discusión de la nueva ley federal de educación también comprenderá la asunción de nuevas competencias del Estado nacional. Las atribuciones que tendrá en sus manos serán la concertación, la investigación e información, la compensación a favor de las regiones y sectores más desprotegidos, la formación de formadores y la introducción de nuevas tecnologías.
Mariano de Vedia