A pesar de que la vida cotidiana en la UBA no registra hasta ahora los efectos de la crisis institucional -hay clases, se toman exámenes, las facultades están abiertas-, la parálisis en que se encuentra la institución podría empezar a hacerse sentir en poco tiempo.
 
El Consejo Superior, que no se reúne desde hace tres meses, es mucho más que una instancia de discusión política; en rigor, representa el órgano principal de gobierno de la UBA y tiene decisión sobre aspectos bien concretos y operativos de la universidad. Está formado por los trece decanos, más cinco representantes por cada claustro (profesores, graduados y estudiantes).
 
Así, el presupuesto para este año todavía no se ha distribuido. "Se está funcionando sobre la prórroga del presupuesto 2005, que vence el 30 de junio", alcanzó a decir el vicerrector Dujovne ayer, antes de que se interrumpiera toda posibilidad de sesionar.
 
Tampoco se ha avanzado este año con el sensible tema de los concursos docentes, cuyos jurados son nombrados por el Consejo Superior, ni con las designaciones de profesores.
 
"Un profesor nombrado por concurso en diciembre puede iniciar acciones legales contra la universidad a esta altura", se alarmó ayer ante LA NACION la decana de la Facultad de Psicología, Sara Slapak.
 
Incertidumbre
 
La distribución de subsidios y becas para los proyectos de investigación y la ratificación de convenios que las facultades firman con otras instituciones, organizaciones y empresas también están congeladas.
 
En el Rectorado, en tanto, los propios secretarios, que ayer cesaron en sus funciones, debatían qué hacer hoy, sin sucesión, mientras los empleados de las distintas dependencias no ocultaban la incertidumbre por su futuro y la inevitable parálisis que es un hecho en muchos sectores. Por otra parte, no se sabe qué pasará con la gran cantidad de contratos que hay en el Rectorado, algunos de los cuales se renovarán por un mes más, a la espera de la resolución del conflicto.
 
De hecho ayer, un grupo de decanos que apoya a Alterini -de Psicología, Sara Slapak; de Ingeniería, Carlos Rosito; de Veterinaria, Rubén Hallú, y de Farmacia, Alberto Boveris- denunció a "grupos de izquierda ajenos a la universidad" que, según dijeron, la dejaron "al borde de la acefalía". Algunos decanos de ese grupo evaluaban, además, realizar una presentación judicial por agresiones.
 
Si bien el estatuto, redactado en 1958, está demostrando contener recursos para mantener la institucionalidad, hay quienes evaluaban ayer que la crisis presente de la UBA ya no tiene encuadre en su reglamento. La norma en vigencia contempla los pasos por seguir ante la "ausencia, enfermedad, suspensión, separación, renuncia o muerte del rector", que se están poniendo en práctica ahora, pero no su cese sin sucesión.
 
Dividida, la FUBA renovó su conducción
   
Fragmentada como pocas veces en su historia, la FUBA eligió el sábado último sus nuevas autoridades, en un congreso realizado en la Facultad de Filosofía y Letras con el quórum justo, que varias agrupaciones cuestionaron por "irregular e inéditamente trucho" y del que muchas directamente no participaron.
 
Así, los partidos de izquierda que venían conduciendo la FUBA -encabezados por el Partido Obrero y el MST- desde 2001 volvieron a quedarse en la presidencia, que esta vez será tripartita: Juan Pablo Rodríguez (PO), Martín Bustamante (CEPA) y María Damasseno (MST) -la primera mujer en esta posición en la historia de la FUBA- ocuparán conjuntamente la presidencia durante un año.
 
Mientras tanto, las agrupaciones que forman "la FUBA de los Estudiantes", una "mesa de conducción paralela" integrada por grupos en su mayoría de origen radical, que tienen cuatro centros de estudiantes -Ciencias Económicas, Derecho, Odontología y Farmacia-, denunciaron que la votación se hizo sobre 110 delegados y no sobre 130, ya que se desconocieron los resultados de las elecciones en Ciencias Económicas y Odontología, "porque no llegaban a los 61 delegados para poder sesionar". Denunciaron que la actual conducción busca "encubrir detrás del fraude y la violencia la administración fraudulenta de los fondos de la federación" y afirmaron que irán a la Justicia con su reclamo.
 
En concreto, en el congreso se acreditaron 56 delegados y terminaron votando 42, porque el ARI, con cuatro delegados, y varias agrupaciones independientes, con 10, se retiraron del congreso. Entre ellas hay varias agrupaciones de centroizquierda y kirchneristas -Colectivo para la Transformación Universitaria, QRS, Movimiento Universitario Evita, entre otras-, que adoptan "una tercera posición": denuncian a la conducción de la FUBA por "usurpadora", pero no comparten la iniciativa de generar una "FUBA paralela" y trabajarán en el diseño de "un nuevo modelo de federación".
Por Raquel San Martín De la Redacción de LA NACIÓN