Pocos consensos son tan amplios como el referido a la importancia y la dignidad de la educación, pero rara vez se lo lleva a la práctica. Por eso hay que celebrar el proyecto de ley de financiamiento educativo, que tiene la virtud de mirar al futuro y puede llegar a ser la política socioeconómica más importante en mucho tiempo. Por ello, el sentido de estas líneas es contribuir a que el proyecto pueda realizar todo su potencial, algo que no ocurrirá si no se lo mejora.
El proyecto consta de tres partes. Un conjunto de metas para 2010, un diseño financiero para alcanzar en dicho año una inversión pública en educación, ciencia y tecnología del seis por ciento del PBI y normas para aumentar las remuneraciones de los maestros y profesores.
Para la educación básica, las metas incluyen la escolarización total a los cinco años y escolarización “creciente” a los tres y cuatro años, mínimo de diez años para la escolaridad obligatoria, avances en la universalización del nivel medio, incluyendo la reinserción de quienes desertaron; la erradicación del analfabetismo, la mejora de la calidad, garantizando la apropiación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios; un mayor uso de las tecnologías de la información y más enseñanza de idiomas; fortalecer la educación técnica y la formación profesional, y mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes, con jerarquización de su carrera y formación inicial y continua.
Para la educación superior, la ciencia y la tecnología las metas son más vagas. Se mencionan la democratización, la calidad, la innovación, la pertinencia de la educación en las universidades nacionales y la jerarquización de la investigación científica y tecnológica. Estas metas deberían ser más ambiciosas e incluir la universalización de la sala de cuatro años y de la jornada completa, políticas decisivas para mejorar desde la raíz la equidad educativa y financieramente factibles si se fijan bien las prioridades.
Aunque (insólitamente) el último dato de inversión pública en educación, ciencia y tecnología es de 2003, es probable que ella llegue al 4,5% del PBI este año. En contraste, la ley se pensó partiendo de un cuatro por ciento y propone un 4,7% para 2006. Esto debe ser enmendado, manteniendo al menos el propósito original de aumentar la inversión en 10.500 millones de pesos, a valores de hoy. Hay que celebrar, por otro lado, que se utilice por vez primera la asignación específica de recursos prevista en el artículo 75, inciso 3, de la Constitución, y que, en el caso de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, dicha asignación cubra todo el aumento anual de su inversión.
No se entiende la oposición de algunos senadores a la aplicación de esta norma constitucional. Pero es erróneo y no equitativo eximir a la Nación de dicha garantía, en vez de constituir un fondo con la masa de recursos coparticipables antes de su distribución primaria o, incluso, de establecer igual criterio para el incremento de todos los recursos tributarios de la Nación y de las provincias.
El artículo 2º establece la prioridad de los sectores más desfavorecidos en el logro de las metas de los niveles inicial y primario, incluyendo la jornada completa (incisos a y b), pero el mismo criterio debería aplicarse a los incisos referidos al nivel medio, la educación de jóvenes y adultos, las tecnologías, la segunda lengua y la enseñanza técnica. Sería conveniente, además, redactar esta prioridad más taxativamente, estableciendo que la asignación de los recursos adicionales dará prioridad a las escuelas de zonas con mayores necesidades básicas insatisfechas y a aquéllas con mayoría de alumnos en igual condición. Por otro lado, el artículo 5º establece que los incrementos de recursos de origen provincial se destinarán prioritariamente a mejorar las remuneraciones docentes.
Con un aumento de la inversión limitado ahora al 1,5% del PBI, surgen serias dudas acerca de las verdaderas prioridades financieras de la ley. Es muy probable que se asignen aumentos del 0,20% del PBI a ciencia y tecnología, del 0,30% a las universidades y del 0,40% a los salarios docentes, que casi agotarían la inversión adicional de la Nación y, además, dejarían sólo un insuficiente 0,60% del PBI para las metas de escolarización y doble jornada. De más está decir que todo se facilitaría si las universidades se abrieran de una buena vez a recibir, y los poderes a legislar, equitativas contribuciones de los graduados.
Es evidente que no habrá genuina jerarquización de la docencia sin un aumento salarial, pero la redacción del artículo 5° puede cuestionar las prioridades del artículo 2º. Sería, pues, conveniente establecer porcentajes de los recursos por asignar a este concepto, incluyendo el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
Además, no hay mejor vehículo que este proyecto de ley para especificar los criterios básicos del convenio laboral marco que promete el artículo 10°. Idealmente, proponiendo una nueva carrera docente. Pero al menos en lo referido al presentismo, la capacitación genuina programada y validada desde la escuela, criterios de desempeño y mayores incentivos a quienes enseñan en escuelas de las zonas más pobres –sin la distorsión actual de “zonas desfavorables”– seriamente afectadas por la inexperiencia o la rotación de los docentes.
Son bienvenidas las previsiones de los artículos 12º y 13º sobre la firma de convenios por provincia y la información presupuestaria pública de la gestión de la ley. Pero las provincias no tienen hoy información relevante para garantizar el cumplimiento de las metas. El mejor ejemplo es que ninguna jurisdicción lleva estadísticas de inversión educativa por alumno y por escuela y, sin ella, el cumplimiento efectivo de la prioridad de los sectores más desfavorecidos quedará en una nebulosa.
Por otro lado, sería más que conveniente crear consejos de gestión de la ley, en la Nación y en cada jurisdicción, con participación no sólo de los poderes públicos sino también de representantes de todos los actores de las comunidades educativas.
 
Lejos de las escuelas
Las escuelas, que deben ser el centro de preocupación del proyecto, casi no se mencionan. Con ello tiende a afianzarse, al menos por defecto, una visión de la educación demasiado sistémica o burocrática y lejana de las escuelas. La calidad sí es mencionada, pero la única previsión al respecto es la de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios.
Sería esencial acompañarlos con su evaluación censal anual, porque el criterio muestral en curso impide realizar una política educativa centrada en las escuelas, al no informar cuál es su trayectoria en el tiempo. En fin, debería preverse una jornada completa que no sea “más de lo mismo”, sino una genuina oportunidad de desarrollo de la personalidad de los chicos, al permitirles expresarse en artes, recreación, deportes, idiomas o tecnologías.
Hagamos votos para que el debate legislativo subsane al menos algunas de las carencias apuntadas y desate el esperanzador potencial de este proyecto.