El "error tipo 1" implica aceptar a alguien que debería haber sido rechazado. El "error tipo 2" es rechazar a alguien que debería haber sido aceptado. Los costos de ambos errores recaen tanto sobre el postulante como sobre la universidad. En algunos casos, recaen también sobre la sociedad toda. La universidad que comete el primer tipo de error verá su reputación descender. Puede ocurrir, además, que habilite profesionalmente a alguien que hará más mal que bien. Pero el segundo error también puede ser costoso: muchos individuos que tienen dificultad en aprobar un examen de ingreso pueden tener, sin embargo, vidas profesionales productivas y en algunos casos aun distinguidas.
Quien quiera reducir la probabilidad de cometer el primer tipo de error puede hacerlo tomando un examen de ingreso más riguroso. La reducción de la probabilidad de cometer este error, sin embargo, viene asociada a un aumento en la probabilidad de error del segundo tipo. Estudios realizados en la Universidad del CEMA muestran que resulta difícil pronosticar performance académica a partir de calificaciones obtenidas en el examen de ingreso. Al respecto, la mayor parte de los estudiantes que obtuvieron calificaciones marginales en el examen de ingreso tienen luego un desempeño pobre o regular en sus estudios. Pero, no todos fracasan. Del 20 al 30 por ciento alcanza posteriormente un razonable desempeño. La dificultad de predecir desempeño académico a partir de notas de ingreso es aún mayor para estudiantes que en el ingreso obtuvieron calificaciones medias. Dentro de este grupo es igual el número de los que posteriormente fracasan y el de los que tienen buen desempeño (promedio de notas superior a 7). Posiblemente es el mismo alumno el que decide qué camino quiere tomar. En definitiva, resulta riesgoso decidir si abrir o cerrar la puerta a la universidad a un joven luego de un examen de dos horas. Diecisiete o dieciocho años de vida no se resumen en dos horas.
Parte del problema de ingreso se resolvería si existieran, en la Argentina, exámenes de aptitud académica similares al SAT (Scholastic Aptitude Test) de los EE.UU. Este tipo de examen -desarrollado por la iniciativa privada y no por un ente estatal- enfatiza conocimientos básicos de matemática, lengua, lógica y comprensión de textos. No es un examen difícil. Por el contrario, cualquier estudiante medianamente aplicado puede obtener una nota razonable. Eso sí: cada universidad decide cuál es la nota mínima que requiere a los ingresantes (la cual puede variar de año a año y según la carrera elegida). En esto se diferencia de los exámenes que existen en la Argentina, cuyo valor se limita al ingreso en la universidad que los administra.
Un examen del tipo del SAT es muy interesante, pues motiva a que los colegios preparen bien a sus estudiantes, ya que todos los egresados rinden el mismo examen. Las fallas de los colegios quedan en evidencia. Gran diferencia con lo que ocurre en nuestro país, donde un colegio tiene graduados que rinden exámenes en múltiples universidades, y en algunos casos en múltiples carreras, con resultados no comparables. Resultados, además, que el alumno no puede trasladar de una universidad a otra en caso de que decida cambiar de institución para sus estudios.
Un examen del tipo del SAT mejora la toma de decisiones, pues pone a disposición de las autoridades universitarias una enorme base de datos sobre performance de estudiantes secundarios. Se puede denegar la admisión con más fundamento. La decisión de admisión, en definitiva, es una decisión que tiene mucho que ver con elegir un grupo de individuos entre una población más grande, a la cual pertenecen. Y es aquí donde un examen general de aptitud académica tiene utilidad. Este tipo de examen podría ser desarrollado sin mayor dificultad por un consorcio de universidades. Las universidades privadas -por su mayor flexibilidad y adaptación a los cambios- podrían jugar un papel protagónico.
Pero una política relativamente liberal de ingreso debe estar acompañada por un mantenimiento cuidadoso de estándares para aprobar los cursos de la carrera respectiva. Haber sido admitido en la universidad no otorga derecho a graduarse. Es más: puede resultar conveniente exigir un promedio mínimo para mantener la condición de alumno. Los profesores deben estar libres de presiones de autoridades o de centros de estudiantes.
Un ingreso liberal junto con crecientes exigencias en el primer año de estudios puede resultar en menor probabilidad de rechazar candidatos que -si bien inicialmente mal preparados- pueden desarrollar una carrera productiva en el futuro. El costo de aceptar a alguien que debería haber sido rechazado es, en efecto, mantenido bajo control por estas exigencias crecientes durante el primer año universitario. Si el candidato no se adapta, ni él ni la universidad habrán perdido mucho. Por el contrario, puede argumentarse que el joven que no puede progresar en la universidad, por falta de condiciones o de voluntad, ha aprendido en ese año algo que le será de enorme utilidad para las decisiones que tome de allí en más.
* Por Marcos Gallacher, Para LA NACIÓN. El autor es director del Centro de Estudios de Organizaciones y Productividad de la Universidad del CEMA.
