Con la intención de que una voz ajena al gobierno garantice que las escuelas públicas de la ciudad no presentan riesgos para los chicos, la Secretaría de Educación porteña lanzó ayer un programa de certificación de calidad edilicia que será aplicado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, y el rector de esa universidad, Guillermo Jaim Etcheverry, firmaron un acuerdo, por el cual unos 400 arquitectos e ingenieros y 200 estudiantes de los últimos años de esas carreras harán un relevamiento del estado de la infraestructura escolar porteña.

Divididos en grupos, los profesionales visitarán los cerca de 700 edificios donde funcionan escuelas públicas -la medida no incluye a los colegios privados- para evaluar si son aptos o no para dictar clases y podrán sugerir obras a la Secretaría de Educación.

"Estimamos que en dos meses, a partir de la próxima semana, la UBA estará en condiciones de darnos una visión completa del estado de los edificios escolares", dijo a LA NACION la secretaria de Educación, Roxana Perazza, luego de la firma del acuerdo que se realizó en el Rectorado de la Universidad.

El nuevo programa, que costará 1.250.000 pesos a la Secretaría de Educación, se suma al plan de recambio de vidrios lanzado un mes después de la muerte de la adolescente Amparo Alfonsín por causa de las heridas provocadas por una puerta de vidrio en el colegio privado donde cursaba el secundario, en octubre de 2004, y al de mitigación de riesgos dado a conocer en febrero último. 

Condiciones de seguridad

Los profesionales otorgarán un certificado de calidad de los edificios según parámetros de seguridad que se establecerán entre los técnicos del gobierno y los de la universidad. Así lo informó ayer el subsecretario de Recursos y Acción Comunitaria de la secretaría de Educación, Luis Rey.

"Se controlará estrictamente la condición de seguridad respecto del uso de las instalaciones, acentuando un criterio práctico: si el edificio se cae o no", dijo Rey. Y explicó que se evaluarán condiciones de estructura, electricidad y sistema antiincendios.

"En cuanto a lo estructural, se diferenciará lo aparente de una patología que afecte la estabilidad del edificio. Por ejemplo, una cosa es un revoque descascarado y otra una estructura que se puede caer", precisó el funcionario.

Con el resultado de este relevamiento se verificarán los cambios que pudieron producirse desde 2001, cuando profesionales de la UBA hicieron un exhaustivo estudio sobre el estado de los edificios escolares porteños.

Para esa fecha, el 53% de los 704 edificios visitados tenía matafuegos vencidos, faltantes o incompletos y entre el 65% y el 68% tenía instalaciones deficientes de gas y de electricidad.

* Silvina Premat