Cuando mira el futuro próximo de las universidades de América latina, el sociólogo chileno José Joaquín Brunner predice el arancelamiento ineludible de los estudios, en el camino que han seguido países tan diversos como los europeos, China y su propio país de origen.
"Proveer una educación superior de alta calidad requiere tanta cantidad de recursos que el Estado no lo puede hacer por su propia cuenta", dijo el investigador, especialista en políticas comparadas de educación superior y una de las voces más reconocidas sobre el tema en el continente.
Para Brunner, investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del Consejo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la Unesco, las universidades latinoamericanas enfrentan los efectos de la masificación de la matrícula -que pasó de 270.000 estudiantes en 1950 a los actuales 9,5 millones- con estructuras académicas antiguas y Estados poco interesados en invertir más recursos.
Mientras en Europa los gobiernos impulsan la formación de un espacio común de educación superior, con circulación de estudiantes y reconocimiento de títulos, Brunner encuentra impensable que América latina se embarque en algo similar, por la tradición de autonomía de las universidades locales, la poca voluntad de los gobiernos de intervenir decididamente en ellas y la heterogeneidad de nuestros sistemas.
Brunner dialogó con LA NACION en su reciente visita a Buenos Aires para participar en el I Foro Latinoamericano de Educación, organizado por la Fundación Santillana.
-¿Qué tendencia se advierte en la universidad latinoamericana?
-América latina sigue caracterizada por tendencias que son propias de finales del siglo XX. En primer lugar, el crecimiento de la matrícula sigue siendo relativamente fuerte en todos estos años. Esto conlleva dos fenómenos asociados. Uno es el continuado crecimiento de la matrícula privada, con varios países donde supera el 50%, como Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana. Otro, el aumento y diferenciación continua de instituciones públicas y privadas. Por lo demás, hay en todos los países un debate sobre cómo este sistema, que se ha ido formando de espaldas a los gobiernos, va a responder a los desafíos estructurales que tienen los países para seguir creciendo. Y cómo se puede financiar una educación superior que ha alcanzado este nivel de masividad, con Estados que no están en condiciones de seguir invirtiendo recursos en educación superior, no quieren hacerlo o eligen otras prioridades.
-¿Dónde van a buscar estos recursos las universidades?
-La estrategia preferida ha sido trasladar parte del costo de los estudios superiores a la familia, a través de la generación de una oferta privada que vive del cobro de aranceles. Otros países han dado un paso más, como Chile, que es arancelar todo el sistema y cobrar prácticamente igual en el sector público y privado. En esos casos, la preocupación del gobierno pasa a ser cómo generar sistemas de crédito y de becas que hagan que el acceso no sea discriminatorio para los que tienen talento pero no recursos. Esa tendencia, más generalizada en el mundo, en América latina no está todavía muy presente, porque hay una enorme resistencia de la universidad pública y de los gobiernos para avanzar en el arancelamiento, pero este movimiento tarde o temprano va a llegar. La universidad latinoamericana va hacia el arancelamiento. Países tan distintos como China, Inglaterra, los países del ex bloque soviético y Australia han dado el paso porque se dan cuenta de que proveer una educación superior de alta calidad, mantener y expandir un sistema nacional de innovación requiere tanta cantidad de recursos que los Estados no lo pueden hacer por su propia cuenta. Tienen que asociar dinero de la familia, de las empresas, y buscar otras fuentes.
-Pero si eso no se acompaña con un Estado que asegure la igualdad de oportunidades, puede ser peligroso.
-Con mayor o menor éxito, todos los países que deciden arancelar lo hacen simultáneamente con la creación de sistemas de créditos y de becas. Así se hizo en Australia, en Inglaterra y en Chile. No significa que los mecanismos que se crean resulten cuando operan. Todos enfrentan un problema severo de pago de los créditos contraídos por los estudiantes cuando egresan, pero han ido encontrando mecanismos cada vez más sofisticados para lograrlo.
-¿Se puede en América latina construir un espacio común de educación como el europeo?
-Es muy difícil, porque la tradición de autonomía de las universidades ha hecho que durante todo el siglo XX la relación entre los gobiernos y las universidades fuera radicalmente distinta que en Europa, donde los gobiernos siempre tuvieron una enorme influencia en la coordinación de su educación superior. Un proceso de convergencia como el europeo es impensable. Tal vez un avance venga con los acuerdos bilaterales o multilaterales estilo Mercosur. No tenemos una tradición de sistemas de créditos que midan el aprendizaje comparables entre países.
-¿Qué actitud están tomando las universidades latinoamericanas ante la convergencia europea?
-Algunas universidades se cuestionan la estructura curricular y el largo de las carreras. América latina se va a quedar totalmente al margen de la corriente central que va hacia una estructura de carreras de tres o cuatro años y posgrados de uno y dos. Eso tiene un efecto económico letal para nuestras sociedades, porque es mucho más caro ofrecer carreras de más de cinco años, para los gobiernos y las familias. La pregunta es si los gobiernos estimularán a las instituciones en esa dirección.
-¿Están haciendo algo?
-Los gobiernos saben que tienen que cambiar los métodos de asignación de recursos fiscales a las universidades públicas. El método tradicional de entregar un aporte directo cada año sin preocuparse de qué hace la universidad hizo crisis. Hoy se buscan instrumentos que les permiten vincular los recursos a prioridades nacionales, o concursos que las obliguen a competir. Pero es una tendencia incipiente. Los gobiernos piensan que si las universidades están tranquilas con el mediocre aporte fiscal, es mejor no mover la situación. A los gobiernos latinoamericanos les cuesta tomar decisiones difíciles respecto a las universidades.
Masividad v. calidad
-En América latina hay educación superior para mayor cantidad de jóvenes. ¿Es también educación superior de mejor calidad?
-No se puede decir que sí en términos generales, pero lo que sí ha ocurrido es que se diferenció la calidad. Hoy tenemos expresiones de alta calidad y competitivas internacionalmente hasta universidades de calidad, esperamos, mínima. Los sistemas de acreditación van a tener la función especial de garantizar que cualquier institución cumpla estándares mínimos en lo académico y lo institucional. En ninguna parte del mundo un tránsito tan brutal de una educación superior de minoría a una educación de masas se puede hacer sin costo para la calidad. Ahora, las universidades absorben a decenas de miles de jóvenes de sectores socioeconómicos bajos, con padres con bajo nivel educativo, con poco capital cultural. Eso plantea un gran desafío de exigencia a la educación superior latinoamericana para los próximos 50 años.
Trayectoria
José Joaquín Brunner
Sociólogo de la educación, se especializa en el estudio de políticas comparadas de educación superior. Fue director de Flacso en Chile y ha asesorado a más de 25 países en el diseño de políticas públicas.
Presidió la Comisión para la Modernización de la Educación, que el presidente chileno Eduardo Frei formó en 1994. Es director del Programa de Educación de la Fundación Chile e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Actualmente, termina de dar forma a un informe sobre la educación superior chilena, comparada con una muestra de sistemas de otros países, la Argentina incluida. Se puede acceder a los datos en www.uai.cl