De acuerdo con la información periodística disponible, el general Palacios, comandante del V Cuerpo del Ejército, fue pasado a retiro en momentos en que se evaluaba su ascenso a general de división, hecho que lo hubiera convertido en el tercer hombre de la fuerza. El motivo de tal determinación guardaría relación con una objeción formulada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) referida al paso del militar por la Escuela de las Américas, en los Estados Unidos, donde habría realizado un curso en 1989. Otras fuentes allegadas a la flamante ministra de Defensa, Nilda Garré, indicaron que el general Palacios "estuvo en algo pesado en la dictadura", una explicación que parece relacionarse más con el viejo prejuicio de que "algo habrá hecho" que con un detenido análisis de su legajo.

Tales argumentos sorprenden sobremanera. En primer lugar, porque el hecho de que un militar haya realizado un curso de perfeccionamiento en los Estados Unidos nunca puede ser causa para relegarlo, máxime teniendo en cuenta que fue designado por una autoridad superior para hacerlo y en una época en que regía el sistema democrático. En segundo lugar, porque si bien organismos como el CELS siempre cuestionaron al instituto de formación castrense norteamericano citado, el año en que concurrió el general Palacios a capacitarse allí se ubica muy lejos de los días del último régimen de facto. Por último, llaman la atención porque el militar en cuestión no está procesado ni citado por ninguna causa vinculada con violaciones a los derechos humanos, al tiempo que no recibió objeciones de la Comisión de Acuerdos del Senado en las ocasiones en que fue ascendido a coronel y a general de brigada.

Con argumentos que también rozan lo absurdo, el consejo directivo de la Facultad de Derecho de la UBA se negó a renovar la designación del doctor Dagnino Pastore como profesor de la Maestría en Derecho y Economía que allí se dicta. Su desplazamiento fue relacionado por estudiantes que impulsaron la iniciativa con el mismo impedimento de la jura de Patti en la Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los promotores de la remoción señaló que uno de los límites de la libertad académica es haber participado activamente del terrorismo de Estado.

Dagnino Pastore fue ministro de Economía durante apenas un mes y medio durante la presidencia del general Reynaldo Bignone, cuyo gobierno condujo la transición a la reapertura democrática de 1983. Ni ese dato ni el hecho de haber ocupado similar cargo durante el gobierno del general Juan Carlos Onganía 36 años atrás pueden inhabilitar a alguien con importantes antecedentes académicos como el economista en cuestión para ejercer la docencia universitaria.

Al igual que con las acciones que buscan impedir el acceso a la Cámara de Diputados de un dirigente elegido por unos 375.000 ciudadanos bonaerenses como Patti, asistimos a una grave persecución ideológica basada únicamente en la sospecha, en el resentimiento y en la venganza, que reniega del pluralismo, de la tolerancia y de la justicia, condiciones esenciales para la vida democrática.