El proyecto de financiamiento de la educación, que aspira a elevar la inversión en el área al 6% del producto bruto interno (PBI) en los próximo cinco años, ya encontró el primer frente de resistencia en el Senado de la Nación.
Pese a que la futura norma había sido consensuada por los gobernadores y los ministros de Educación de todo el país, en las dos primeras reuniones legislativas en que se trató el tema surgió una tenaz resistencia de senadores de distintos bloques, incluido el PJ.
Tanto ayer como en el primer encuentro de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda realizado la semana última, varios legisladores interpretaron que el proyecto reduce la autonomía financiera de las provincias. Los senadores resaltaron la necesidad de una ley convenio y pidieron detalles de la inversión de los recursos para universidades y ciencia y tecnología.
"No se les puede decir a las provincias en qué deben invertir su dinero de la coparticipación. Para eso es necesaria una ley convenio, a la que cada distrito adhiera voluntariamente", sentenció el senador Marcelo López Arias (PJ-Salta). Su queja fue apoyada por Gerardo Morales (UCR-Jujuy) y Carlos Rossi (Partido Nuevo-Córdoba).
Los senadores se oponen a que el Estado pueda obligar a las provincias a asignar determinado nivel de sus fondos, de la coparticipación federal de impuestos, a financiar la nueva inversión en el área.
Este punto, que abrió el debate en la Cámara alta, es la llave de seguridad para garantizar que los 9000 millones de pesos que se destinarán a educación en los próximos cinco años sean efectivamente utilizados por las provincias para ese fin. La administración Kirchner intenta evitar lo que sucedió en 1992, cuando creció la coparticipación y el Estado nacional giró más fondos para educación, pero las provincias les dieron otros destinos.
Esta vez, para garantizar la inversión en el área, el proyecto de ley fija que una parte de los nuevos recursos que recibirán las jurisdicciones por el incremento de la coparticipación sean reservados para educación.
En diálogo con LA NACION, el ministro Filmus dijo que el proyecto asegura una inversión sobre la base de tres factores: por alumno, por escuela rural y por chicos que están excluidos del sistema. "Los legisladores están confundidos. No se ponen en duda los fondos de coparticipación que ya tienen asignados, sino que se reserva para educación una parte del incremento de esos fondos que recibirán las provincias el año próximo", dijo el funcionario.
No obstante, la senadora Silvia Gallego (PJ-La Pampa), vicepresidenta de la Comisión de Educación, dijo que el proyecto "limita la capacidad de las provincias de disponer de la coparticipación libremente". Y el senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) opinó que la iniciativa "afecta recursos coparticipables".
Para dirimir las discrepancias, se harán consultas con constitucionalistas, empresarios y gremios docentes. "Habrá un nuevo encuentro el 25 del mes próximo. Esperamos tener listo el dictamen el 8 de noviembre y tratarlo en el recinto el 16 de ese mes. Todos están de acuerdo con el espíritu de la norma. Sólo falta ajustar algunas cosas de la letra", dijo la presidenta de la Comisión de Educación, Amanda Isidori.
Jesús A. Cornejo con la colaboración de Gustavo Ybarra