Luego de más de seis horas de extenso debate, y por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados aprobó ayer y convirtió en ley el proyecto de financiamiento educativo, impulsado por el ministro de Educación, Daniel Filmus, que establece una suba del 4 al 6% del PBI para el presupuesto global del área en 2010.
El proyecto del oficialismo obtuvo 204 votos a favor, sólo 37 en contra y ninguna abstención. El kirchnerista Frente para la Victoria-PJ, que encabeza Agustín Rossi (PJ-Santa Fe), contó con el apoyo de los ex duhaldistas del Peronismo Federal, del interbloque Propuesta Federal de partidos de centro y de ARI para aprobar en general la norma, que establece un crecimiento progresivo del gasto total en educación, ciencia y tecnología, que pasará de los $ 22.270 millones anuales a $ 53.600 millones en 2010. De ese crecimiento, el año próximo se invertirán $ 5000 millones.
En soledad, los diputados de la UCR se opusieron al proyecto e insistieron en que la norma aprobada vulnera la autonomía de las finanzas provinciales y no soluciona los problemas de fondo, centrados en la ley federal de educación, actualmente vigente.
Según el proyecto, la mayor parte de los fondos estarán destinados a garantizar la escolaridad de los niños desde los 5 años en todo el país y lograr un efectivo cumplimiento de los diez años de educación obligatoria.
 
Impacto en los sueldos
La mejora en el salario docente será uno de los destinos principales de los fondos provinciales: al menos durante 2006 un 80% de lo recaudado en este concepto integrará un fondo, del que surgirán recursos para mejorar las asignaciones de docentes. Así lo establece el artículo octavo.
La norma establece duras condiciones para los gobiernos provinciales. De hecho, el Ministerio de Educación estará facultado a retener fondos de coparticipación y reasignar partidas destinadas a aquellas provincias que no cumplan con los preceptos de la ley. La iniciativa prorroga, además, la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por cinco años, hasta enero de 2009.
Durante la sesión, una decena de diputados oficialistas defendieron la ley. "Esta norma intenta equilibrar los esfuerzos entre la Nación y las provincias para mejorar el sistema educativo", afirmó la kirchnerista Silvia Esteban (PJ-Santa Cruz), y agregó que el Estado aumentará del 27 al 40% el porcentaje del monto total de la inversión educativa. Más enfático, el gremialista y dirigente piquetero Edgardo De Petri (FV-Buenos Aires) afirmó que la ley "es un avance claro y concreto de los sectores populares, los trabajadores y los docentes que con la Carpa Blanca cambiaron la historia", se entusiasmó. Desde uno de los palcos, el ministro Filmus sonreía satisfecho.
El bloque de la UCR expresó su rechazo. "Es un desatino financiar un sistema enraizado en el caos que significa la actual ley federal de educación", retrucó la diputada Olinda Montenegro (Chaco), quien pidió que el 15% del gasto público consolidado para 2006 se destine al sistema educativo.
Desde otros bloques opositores surgieron críticas puntuales. "Sin reformular la distribución de los ingresos fiscales tendremos como resultados meros parches en cada área", expresó la diputada María del Carmen Rico (Frepobo-Buenos Aires), en nombre del bloque Peronismo Federal.
Para Esteban Bullrich (Pro-Capital) "gastar más no es gastar mejor", y propuso mecanismos para "garantizar la equidad en la distribución de los fondos y dirigirse a los distritos más rezagados y desfavorecidos".
Desde ARI, Elisa Carrió afirmó: "Esta ley no cambia en absoluto el peor problema que tiene la educación: la actual ley federal que generó el menemismo".
Una vez conocido el resultado, el ministro Filmus enfrentó exultante a los periodistas. "Este es un día histórico. En Europa el promedio del PBI destinado a Educación ronda el 5 por ciento, y nosotros alcanzaremos el 4,7 por ciento el año próximo", dijo el ministro, acompañado por el secretario general de Ctera, Hugo Yasky, que respalda la iniciativa.
Antes de irse, el ministro también prometió más cambios para el año próximo. "Sin elecciones a la vista, 2006 será propicio para debatir una nueva ley federal de educación", concluyó.
Jaime Rosemberg
 
Los puntos mas salientes de la ley
Más recursos
La ley de financiamiento educativo sancionada ayer prevé un aumento de la inversión gobal en educación del 4 al 6% del PBI, en un plazo de cinco años.
Inversión global
El incremento significa elevar el monto total invertido entre la Nación y las provincias de $ 22.700 millones a $ 53.600 millones.
Origen del gasto
Las provincias deberán afrontar el 60% del gasto y el gobierno nacional, el 40 por ciento. Hasta ahora los porcentajes eran del 73 y 27 por ciento.
Metas
Los recursos se utilizarán para cumplir objetivos establecidos en la ley, como la incorporación de 130.000 chicos al preescolar y garantizar diez años de escolaridad obligatoria.
Más objetivos
Se procurará la universalización del nivel medio y garantizar el acceso del 30% de los alumnos, principalmente los de menos recursos, a la doble escolaridad.
Incentivo docente
La ley prorroga hasta el año 2009 la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
 
El consenso, una herramienta vital para su cumplimiento
"Es muy importante que la ley salga con fuerte consenso, que es lo que necesita la educación, porque genera una política de Estado. Es un proyecto que viene para quedarse", dijo a LA NACION el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, luego de que la Cámara de Diputados de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de financiamiento educativo.
La nueva norma establece un incremento paulatino para el área durante los próximos cinco años hasta llegar a 2010 con un presupuesto equivalente al 6 por ciento del producto bruto interno. Para entonces, se espera, la Argentina estará entre las treinta naciones que más invierten en educación en el mundo.
El amplio consenso que obtuvo la norma en la votación parlamentaria es un índice positivo para la aplicación efectiva de la ley. A partir de ahora, ante un eventual incumplimiento, el Ministerio de Educación podrá limitar o retener los fondos que le corresponda a la jurisdicción que esté en falta. Pero como sería restarle fondos a una provincia que de por sí no está invirtiendo lo que debe, la medida podría ser "un arma de doble filo", según palabras del propio Filmus. De ahí la importancia de que se haya alcanzado un elevado consenso que podría anticipar su aplicación sin necesidad de castigos.
El ministro consideró el de ayer un "día histórico porque fija las bases de una forma efectiva y controlable del incremento en educación". El artículo 7° de la ley es central para su aplicación efectiva, dado que establece la "asignación específica" de los recursos coparticipables. Esto quiere decir que las provincias sólo podrán destinar el incremento en el presupuesto a la educación. Los recursos irán a una cuenta específica que permitirá transparentar su destino y su aplicación.
 
Mejorar el sistema
Para Filmus el peor horizonte no es que no se cumpla con el financiamiento, sino que se cumpla pero que no mejore el sistema educativo.
Como primer paso, la semana que viene -entre Navidad y Año Nuevo- se reunirá el Consejo Federal de Educación, que integran los ministros del área de todas las provincias y es el ámbito que tiene que monitorear el cumplimiento de los objetivos de la norma.
"Veremos provincia por provincia cómo vamos avanzando punto por punto y haremos convenios con cada una. De acá a 2010 se tienen que haber cumplido todos los objetivos educativos con el dinero que se destinará", afirmó Filmus.
El académico Juan Llach, ex ministro de Educación, celebró la aprobación de la ley y señaló la importancia de la asignación específica de los recursos. "Desde la ley 1420 no había una asignación específica de recursos a la educación", dijo Llach, quien destacó, además, el aumento en la escolarización entre las metas incluidas en la norma. Sin embargo, estimó que "la ley es insuficiente desde el punto de vista de la equidad y la calidad, ya que no prevé mecanismos que las aseguren".
Y puso como ejemplo el caso de Chile, que si bien invierte más del 6% del PBI, obtiene malos resultados en calidad y equidad. "Ojalá haya normas complementarias. Era el momento para poner mecanismos que garantizaran un control de la calidad, la equidad y las cuentas", estimó.
Ante la sanción de la ley, surge una pregunta: ¿vuelve la educación argentina a estar en un lugar de privilegio? "Es difícil comparar con principios del siglo pasado. Entonces la escolarización era menor y, por tanto, la inversión también", explicó Llach.
Más optimista, Filmus señaló que "a valores constantes, ya con el 5% del PBI será el presupuesto más alto de la historia de la educación argentina".
Por Laura Casanovas De la Redacción de LA NACION