Las demandas de democratización, las nuevas amenazas a la seguridad, los problemas demográficos y ecológicos, el rol del Estado, la desigualdad, la pobreza, la creciente exclusión social, la tensión entre pluralismo y multiculturalismo, el acecho fundamentalista?
Ninguno de los temas de la agenda cotidiana en un mundo cada vez más incierto escapa del objeto de estudio de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales. Esta amplitud de intereses e importancia de objetivos, sin embargo, parecería proyectarse más sólidamente en el ámbito académico -en comparación con otras disciplinas de las ciencias sociales- que en una mayor realización profesional.
Como señala Juan Gabriel Tokatlian, director de ambas licenciaturas en la Universidad de San Andrés, si bien los diversos mercados laborales han incrementado el reconocimiento de la potencialidad de los graduados en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, no sólo en relación con lo público -estatal y no estatal, como las ONG y fundaciones- sino crecientemente en el sector privado, entre otras cosas por la capacidad de pensamiento estratégico que los caracteriza, todavía hay desconocimiento y hasta cierto resquemor del público en general sobre estas disciplinas.
"Por ejemplo, todavía se relaciona a la Ciencia Política con cierta mala imagen de «la política», en vez de reconocer su carácter de ciencia social consolidada mundialmente y, por lo tanto, de poderosa herramienta analítica, profesional y de transformación institucional", afirma Tokatlian.
En el campo académico, la disciplina es visible y valorada positivamente. La demanda de formación en ciencia política, por ejemplo, acompaña al crecimiento de la oferta.
Según datos consignados en el trabajo "La Ciencia Política en la Argentina: el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universitarias", Leiras, Abal Medina (h.) y D´Alessandro (2005), en los últimos seis años el número de alumnos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales creció a un ritmo más rápido que la matrícula universitaria.
Consecuentemente, la incidencia de los alumnos de estas carreras sobre el total pasó de 0,8% a 1 por ciento.
Los nuevos programas en las universidades públicas impulsan el crecimiento de la matrícula. El porcentaje de alumnos que estudian estas disciplinas en universidades nacionales pasó de 67% a 76%, reduciendo la relativa sobrerrepresentación de la oferta privada que se registraba desde el origen.
Según ese mismo informe, el total de alumnos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales era de 15.457 sobre una población universitaria de 1.493.000 en 2003. El total de egresados de Ciencia Política y Relaciones Internacionales fue de 511 sobre 74.798 en 2002.
"Las carreras de Ciencia Política registraron un boom en la Argentina en la década del 80, en coincidencia con la reapertura democrática de 1983, aunque al promediar los años 90 el desencanto social con nuestra dirigencia impactó negativamente sobre los niveles de participación política tradicionales y disminuyó en parte el interés de los jóvenes por esta especialidad", dice Fernando Laborda, director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Belgrano y jefe de Editoriales de LA NACION.
"No obstante, la creciente demanda de profesionales de esta y otras disciplinas afines augura un resurgimiento de esta carrera", añade.
Entre los factores que le permiten ser optimista, Laborda destaca la fuerte presencia en la opinión pública de debates acerca de la reforma política y de la transparencia en la gestión pública y el crecimiento de la participación en organizaciones cívicas que apuntan al fortalecimiento de las instituciones. También el alto déficit de gestión de muchas organizaciones gubernamentales, que se advierte incluso en la subejecución de partidas presupuestarias.
"De acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Gestión Pública, la escasa calificación del personal de la administración pública hizo que el gobierno nacional no pudiera ejecutar entre 1700 y 2500 millones de pesos del presupuesto 2004. Frente a la demanda de la sociedad de una mayor eficacia en las políticas estatales, puede esperarse un mayor nivel de conciencia sobre la necesidad de profesionalizar la gestión pública, donde los graduados en Ciencia Política cuentan con ventaja", señala Laborda.
Recuerda que sobre un total de algo más de 24.000 agentes de once dependencias ministeriales y de la Presidencia de la Nación, apenas el 24,9% tiene estudios universitarios cursados. En el interior del país, y en particular en los municipios, ese déficit es más profundo aún. "No es irrazonable pensar que ese porcentaje irá creciendo progresivamente, acompañando la tendencia que experimentaron las democracias más avanzadas del mundo", afirma.
 
Profesionalización
Mario Krieger, licenciado en Ciencia Política y en Administración Pública y director adjunto del Indec, coincide en que estos graduados son fundamentales, pues es necesario profesionalizar el Estado.
"Los graduados están teniendo un alto protagonismo en la administración pública como pasantes primero y luego como contratados, por no existir otra modalidad, ya que el ingreso está congelado desde hace 10 años. Si se descongelaran las vacantes y se produjeran los concursos, éstos serían los que ingresarían en los cargos de planta en la administración pública", afirma.
Tampoco duda de que se debería tender a consolidar un plantel de funcionarios de carrera muy capacitados y bien remunerados, que trasciendan las gestiones de gobierno y consoliden políticas de Estado. Para Krieger, debería haber dos escalafones: el político, que se va con cada funcionario y que debería tener requisitos de calificación del área por desempeñarse, y el profesional de carrera, con criterios de ingreso y promoción previstos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa). Pero ¿qué pasa con estos profesionales a la hora de hacer política? ¿La dirigencia partidaria es uno de los campos de sus intereses? ¿Se puede pensar en ellos como moneda de recambio para nuestra alicaída dirigencia?
"Seguramente, debido a la crisis de representación que nos afecta, resulta difícil atraer vocaciones", dice Enrique Aguilar, director del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina (UCA).
"En las últimas elecciones se ha observado una mayor presencia de graduados en las listas de candidatos, pero con todo resulta todavía mayor el número de quienes buscan canalizar su vocación pública en el ámbito de la sociedad civil, más permeable por lo general que la de los partidos políticos", dice.
A su entender, debería ponerse mucho empeño en la formación de profesionales que cuenten, como valor agregado, con la capacidad de orientar su tarea cotidiana en la construcción de la convivencia pacífica e identificados con los valores de la democracia pluralista. Arturo Fernández, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) e investigador principal del Conicet, considera que estos profesionales tienen todavía mucho camino por recorrer. "El desconocimiento público sobre la Ciencia Política sigue siendo significativo", dice.
A su entender, muchas veces los empleadores desconocen cuáles son los saberes específicos de las politólogas y los politólogos. Desde el ámbito de la investigación académica, Fernández señala un área de vacancia fundamental por falta de financiamiento para encarar estos trabajos: la política comparada. "Sin desarrollo propio de la política comparada es muy difícil producir ciencia política de punta en el mundo de hoy", afirma.
 
El año 1983 marcó un punto de inflexión
Las dos disciplinas se consolidaron
No hay dudas de que 1983 fue un año de inflexión en el proceso de consolidación de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales como disciplina y como profesión.
Con la vuelta a la democracia el campo profesional se expandió visiblemente y se abrió un horizonte de posibilidades que abarcaba el asesoramiento legislativo, el periodismo político, los estudios de opinión pública, las actividades de consultoría, las relaciones institucionales y, desde luego, la investigación y la docencia.
Juan Gabriel Tokatlian da el ejemplo de los egresados de sendas carreras en la Universidad de San Andrés. Entre ellos, el 44% trabaja en tareas gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales en temas de política, economía, educación, salud y tópicos ambientales; el 38% está dedicado al sector privado (18% en el área de consultoría y servicios económicos; el 14%, en áreas de comunicación y estrategias comerciales, y el 6%, vinculado con el sector industrial), y, finalmente, el 18% realiza estudios de posgrado o está comprometido con la docencia y la investigación en centros universitarios.
Otro campo en el que los graduados en Ciencia Política han tenido especial cabida se vincula con el periodismo. No pocos analistas políticos de diarios, revistas y medios audiovisuales provienen de aquella disciplina universitaria.
"Aunque el periodismo no es la principal salida laboral de los graduados en Ciencia Política, su nivel de cultura general y su particular visión sobre los fenómenos políticos los convierte en atractivos para los medios de comunicación", dice Fernando Laborda.
La formación de los profesionales en Ciencia Política cambió profundamente desde los años 60, cuando hubo experiencias precursoras en dos universidades nacionales y una decena de carreras en universidades privadas. El objetivo inicial apuntaba a la formación de vocaciones políticas, de futuros diplomáticos y de funcionarios públicos.
"La inestabilidad institucional del país durante la década del 70 afectó seriamente estas aspiraciones en lo relativo a la actividad política misma, pero no así en lo tocante a la diplomacia y la administración pública, campos donde la inserción de estos graduados continuó siendo satisfactoria", dice Enrique Aguilar.
Actualmente hay carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en 38 universidades públicas y privadas y más de cuarenta posgrados.
 
Oferta y demanda
El Estado, fuente laboral  
El Estado es el mayor empleador de estos profesionales. Según datos proporcionados por la Oficina Nacional de Empleo Público, de la Subsecretaría de la Gestión Pública, las asignaciones básicas dentro del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa) en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales (a diciembre de 2004) van desde $ 1120 en el nivel C hasta $ 2744 en el nivel escalafonario A.
Los niveles A y B tienen, además un plus del 20 por ciento de la asignación básica por ejercicio profesional y los niveles C y D un 25% por la misma razón. En el ejercicio liberal, cada campo profesional tiene su propio nivel de remuneraciones, ya que se trata de actividades no reguladas y sin incumbencias exclusivas.
Dentro del mundo de las empresas y en el ámbito universitario hay una gran disparidad de remuneraciones.
"Hay politólogos argentinos consultores que ganan más de 5000 dólares, sobre todo en organismos internacionales, y hay quienes ganan 500 pesos. El mercado es, como en todas las profesiones, extremadamente volátil", dice Arturo Fernández.
 
Misceláneas  
En las primeras décadas del siglo XX, y al mismo tiempo que en Europa y en los Estados Unidos, en las universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y del Litoral se dictaban cursos de "ciencias sociales", "ciencias de la cultura" o "ciencias del espíritu", de sociología y de derecho político en facultades de Derecho y Ciencias Sociales o de Filosofía y Humanidades.
A partir de los años 40, una nueva generación de sociólogos cambió el ejercicio profesional de las ciencias sociales. El cambio influyó en los estudios políticos universitarios.
Unos 42.000 estudiantes cursan en la Universidad de Buenos Aires, la mayor en cantidad de alumnos.
En la década de 1960, la "ciencia política empírica" se incorpora, primero, a los programas degrado de otras disciplinas y hacia 1970 da lugar a la fundación de varias licenciaturas y programas de posgrados específicos. El primero se había creado a fines de la década de 1950 en la Universidad de Cuyo. Entre las carreras de grado que se inician en aquella época se destacan las de la Universidad del Salvador y de la UCA.
Por Carmen María Ramos Para LA NACION
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