Los obispos quieren ser tenidos en cuenta en el debate por la reforma de la ley federal de educación. Los 80 miembros activos de la Conferencia Episcopal Argentina, reunidos en el tercer día de su asamblea plenaria, en Pilar, dedicaron ayer varias horas al análisis de la problemática del ámbito educativo y de la educación católica en particular.

El presidente de la comisión de Educación Católica del Episcopado y arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Guillermo José Garlatti, expuso ante sus pares de todo el país los criterios que a su entender deberían tenerse en cuenta en el debate sobre una posible reforma de la ley federal de educación 24.195 y analizó el texto de esa norma "en sus fortalezas y debilidades".

Si bien ayer los obispos no quisieron hacer declaraciones a la prensa, LA NACION pudo saber que en su presentación, monseñor Garlatti mantuvo el tono de las afirmaciones que hizo en febrero último al inaugurar el 43er. Curso de Rectores, organizado por el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec).

En esa oportunidad, Garlatti dijo que "la ley federal de educación sigue siendo, todavía hoy, un instrumento muy valioso para la educación argentina, y que posibilitó muchos avances aun cuando no ha sido aplicada integralmente".

En la misma empresa

En diálogo con LA NACION, luego de esa disertación, en febrero, Garlatti había dicho sobre la Iglesia y el Estado, en materia de educación: "Estamos embarcados en la misma empresa; sin perder nuestros criterios y valores queremos sentarnos en una mesa y dialogar".

Las preocupaciones de los obispos están vinculadas con el ejercicio pleno de la libertad de educación, la reglamentación por ley de los contenidos de la educación sexual y, entre otras, con la equiparación entre las escuelas de gestión privada que reciben subsidios y cobran cuotas muy reducidas y las de gestión pública.

Hoy, los prelados recibirán la segunda parte del informe de la Universidad Católica Argentina, que describe la persistencia de las desigualdades sociales en el país, a pesar de las graduales mejoras económicas y la baja en los índices de pobreza e indigencia.

Silvina Premat