La ofensiva contra las copias ilegales es comandada por el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, que elabora esa iniciativa desde hace trece meses y evalúa su eventual impacto entre los escritores, editoriales, universidades, bibliotecas, centros de copiado, fabricantes e importadores de fotocopiadoras e insumos y, por supuesto, los estudiantes.

La idea es imponer una alícuota del 15 por ciento sobre el valor final de las fotocopias –en la práctica, alrededor de 1 centavo ($ 0,01) por copia– en \"compensación\" para autores y editores.

El plan, llamado \"Estímulo a la producción intelectual mediante una adecuada regulación de los derechos reprográficos\", ya se plasmó en un proyecto de ley con 35 artículos, con el apoyo de la editorial La Ley y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que depende del Ministerio de Educación.

El proyecto de ley \"de creación del derecho de remuneración compensatoria para los autores y editores por la copia autorizada de sus obras\" circula ya entre rectores, empresarios de la Cámara del Libro, centros de estudiantes, la Aduana y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Estos deben ahora plantear sugerencias y retoques. Sólo después se presentará al Congreso, aunque investigadores de la Austral ya encuestaron a un grupo de universitarios para estimar sus consecuencias.

El estudiante promedio que surgió del estudio en la ciudad de Buenos Aires gasta unos $ 80 por año para fotocopiar entre dos y cuatro libros, además de artículos y apuntes. Dicho de otro modo, más del 60 por ciento de todo el material de estudio que utilizará en ese ciclo académico.

\"El costo global entre todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sería de 1,1 millones de pesos al año\", comentó a LA NACION el coordinador de la iniciativa, el profesor Gustavo Schötz. \"El costo para cada estudiante en la Capital Federal sería de sólo $ 10,90 al año, mientras que para un universitario en Santiago del Estero tendría un costo de $ 1,70 anual\", afirmó, basándose en cálculos de los productos per cápita y bruto provincial, entre otros.

Cada vez que se saquen fotocopias, para distribuir luego la recaudación, que se estima puede trepar a $ 300 millones entre los titulares de los derechos de autor, es decir, escritores y editores.

Sociedad

Para lograrlo, el proyecto prevé crear una \"Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos Remuneratorios por Copias Autorizadas\", que armará un catálogo, auditará el cumplimiento de la ley y completará estadísticas para distribuir la recaudación.

¿Cómo se logrará? En rigor, la propuesta es que el 70 por ciento del dinero provenga de los derechos que se les cobren a quienes comercialicen máquinas de fotocopias, duplicadoras e impresoras, entre otras, como también sus repuestos, y la tinta, el toner, el revelador y otros insumos. Estos, a su vez, se descuenta que trasladarán ese costo extra al valor final de cada copia.

El 30 por ciento restante por recaudar provendría, en tanto, de las licencias educativas y comerciales que se concedan a escuelas, empresas, bibliotecas, museos o universidades.

La fiscalización del nuevo sistema quedaría a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que podría aplicar multas de 500 a 1,5 millones de pesos a quienes violaran la ley.

Sin presupuesto oficial

La Dirección ya fue consultada y aprobó la iniciativa, pero anticipó que será incumplible con su presupuesto, su personal y su infraestructura actuales, por lo que el Ministerio de Economía debería girar más partidas.

Otra incógnita es cómo reaccionarán los principales \"fotocopiadores\", los estudiantes. \"Si bien esto provocaría cambios de hábitos bastante generalizados, no llegaría al punto de implicar una deserción masiva de estudiantes\", concluyó otro de los investigadores, Alejandro Piscitelli, tras concluir la encuesta preliminar a estudiantes de la UBA y de la Tecnológica Nacional, UCA, de la Empresa, Kennedy, Belgrano y Palermo.

El 81,1 por ciento de los estudiantes afirmó aprobar el proyecto y otro 13,9 por ciento lo rechazó. Aun así, más de la mitad (51,1 por ciento) de los estudiantes estimó que \"seguiría igual sacando fotocopias\", y el 26,7 por ciento dijo que acudiría a bibliotecas y préstamos para obtener los textos deseados.

Leyes similares rigen ya en España, Reino Unido, Alemania, México, Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca y, aunque con menos relevancia, Holanda, EE.UU., Italia y Finlandia.

Aquí, según el relevamiento de Piscitelli, el aumento en las fotocopias generaría que sólo el 1,7 por ciento de los estudiantes dijera que evaluaría abandonar sus estudios.

La encuesta alcanzó a 180 estudiantes de la Capital Federal, en siete universidades, de 32 carreras. Casi la mitad (el 46,7%) tenía entre 18 y 21 años, en tanto que otro 38,9% tenía entre 22 y 25 años.

Los investigadores también abordaron \"las posibilidades económicas de los estudiantes universitarios\" en general en el ámbito porteño, \"para tener una idea aproximada de su nivel económico\". Así, concluyeron que el 82,8% vive en barrios de nivel alto o medio, que la mitad tiene teléfono celular propio, que 3 de cada 4 tienen computadora propia con Internet y televisión por cable.

El 72,5% admite, sin embargo, que fotocopia los libros \"porque es más barato que comprarlos\", aún cuando el 73,8% sabe que es ilegal hacerlo y otro 12,8% le es \"indiferente\" si está permitido o no.