Esta semana, el secretario de Hacienda de la Universidad, Jorge Gosis, presentó su renuncia, y el Consejo Superior -a propuesta del claustro estudiantil- decidió formar una comisión que investigará el uso que se dio a esos fondos, que corresponden a un porcentaje de los aportes patronales que, a partir de un acuerdo de la UBA con la AFIP, la institución retiene cada mes en lugar de pagar al Estado.
Hace nueve meses, la mayoría del claustro de graduados presentó el primer pedido de informes sobre el uso de 122.300.000 pesos. Con la intervención de la auditoría interna de la UBA, y en sucesivos informes, la Secretaría de Hacienda justificó $ 23.000.000 para cubrir atrasos en el envío de fondos del Ministerio de Educación y $ 24.057.000 en plazos fijos y depósitos bancarios. Según dicen los graduados, los fondos restantes no lograron justificarse y sus pedidos tuvieron por respuesta "información parcializada y contradictoria".
Para otros, queda claro que hubo un monto para el Hospital de Clínicas, otro para Dosuba -la obra social de la universidad- y otro para pagar gastos generales en algunas facultades. "Lo grueso está explicado, pero hay cosas que no se entienden. No hay acuerdo sobre los montos y no se sabe cuántos millones hay en intereses acumulados", dijo un decano. Sí se coincide en que los recursos se gastaron sin autorización del Consejo Superior.
La comisión estará integrada por dos decanos, un graduado, un profesor, un alumno y un representante de los no docentes. El miércoles próximo, el Consejo Superior deberá aprobar sus objetivos y atribuciones. No se sabe si el rector, Guillermo Jaim Etcheverry, estará presente, porque está invitado a un encuentro de rectores en Sevilla. En tanto, el conflicto está impidiendo tratar la distribución del presupuesto para este año, lo que en algunas facultades ya está obstaculizando, por ejemplo, el avance de las designaciones docentes.
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