El presidente Néstor Kirchner dio la orden de que ningún miembro de su gobierno intervenga públicamente en el conflicto institucional que atraviesa la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde hace un mes y medio.
 
Esta "no intervención", que silencia las declaraciones y el apoyo abierto a algún candidato, y se sostiene en "el respeto a la autonomía universitaria", no implica que el Gobierno se desentienda de la crisis. Según pudo saber LA NACION, por el contrario, la sigue con atención. Hay, incluso, dirigentes cercanos a Kirchner que rechazan la figura del decano de Derecho, Atilio Alterini, y mantienen reuniones periódicas con los decanos de la izquierda. Entre ellos, el diputado Carlos Kunkel; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el dirigente Juan Carlos Dante Gullo.
 
En el Ministerio de Educación se respeta a rajatabla la orden presidencial de no intervenir. "Confiamos en que la UBA tenga la madurez necesaria para resolver el conflicto. Respetamos las leyes que nos impiden intervenir en el conflicto", dice el ministro de Educación, Daniel Filmus, en las escasas ocasiones en que se refiere a la crisis. Sin embargo, hay quienes en la cartera educativa recuerdan que, hace unos meses, Alterini había recibido apoyo -y hasta promesas presupuestarias-, por intermedio del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
 
"Si hubiera una decisión de unificar las fuerzas de la UBA detrás de un candidato del Gobierno, tendríamos la mitad de los decanos y varios asambleístas. Hay kirchneristas y personas afines al Gobierno en todas las listas que compiten en la UBA", evaluó un miembro del oficialismo ante LA NACION. "Sabemos que una señal oficial en favor o en contra de Alterini puede inclinar la balanza, así que somos cuidadosos", admitió el funcionario.
 
A pesar de sus intentos, el kirchnerismo no ha podido todavía entrar como fuerza política con representación en las facultades de la UBA, como sí lo ha logrado en otras universidades públicas, por ejemplo en el conurbano. Para el peronismo que busca crecer en la ciudad de Buenos Aires, la UBA, bastión radical por años, sigue siendo un lugar atractivo desde donde construir poder.
 
"Lo que hoy se discute es un modelo de universidad: la profesionalista de los abogados y economistas, o la orientada a la investigación científica y el desarrollo para un nuevo modelo de país, que es la que el Gobierno apoya", dicen en Educación. Sin embargo, ninguno de los otros candidatos -el investigador Alberto Kornblihtt, por la izquierda; el ex decano de Agronomía, Fernando Vilella; el ex rector, Guillermo Jaim Etcheverry- convence al Poder Ejecutivo.
 
Desde el grupo que apoya a Alterini, se cree que esta prescindencia oficial es en realidad un "juego perverso", como dijo uno de los asambleístas. "No intervienen aparentemente, pero al mismo tiempo operan a través de un sector. El Gobierno dice que no participa, pero fogonea los conflictos y no los soluciona", analizó. Una prueba está, se asegura, en la orden del Ministerio del Interior de retirar la policía de las puertas del Colegio Nacional de Buenos Aires, lo que facilitó la entrada de los estudiantes en la primera asamblea fallida.
 
Tiempo delicado
 
En tanto, pasado mañana asumirá el nuevo Consejo Superior, que deberá conducir la transición hasta la elección de un nuevo rector. Hay una sola coincidencia entre los distintos sectores: se abre un tiempo institucional "delicado" y, al mismo tiempo, es necesario volver a poner a la UBA en funcionamiento, en temas concretos como los concursos docentes y la distribución presupuestaria. Para eso, se integrarían enseguida las comisiones de trabajo del cuerpo.
 
A partir de allí, las visiones son diferentes y los debates sucesivos no parecen facilitar los acuerdos.
 
En el grupo que apoya a Alterini -que será mayoría en el consejo- propondrán como vicerrector al ex decano de Veterinaria Aníbal Franco. Ayer, tras una reunión de más de cuatro horas, se habló de que Franco, tras ser elegido, le pediría a la secretaria de Hacienda saliente, Luisa Aicardi, que continúe en su puesto.
 
En tanto, el sector de la izquierda -cuatro decanos y una consejera docente- se mantendrá expectante. Según se comentó a LA NACION, "la idea es acompañar las medidas que permitan que la UBA se vuelva a poner en movimiento. Pero queremos que se abra un período de discusión del estatuto". Eso es lo que los partidarios de Alterini preferirían dejar para el momento de la asamblea, cuya fecha probable varía entre quienes proponen el 22 del actual y quienes quieren diferirla seis meses, respectivamente los "halcones" y las "palomas", como ayer se los describía.
 
Por su parte, los estudiantes que ya impidieron la asamblea cuatro veces convocaron a movilizarse el lunes al Rectorado, para pedir que se inicie un período de discusión de proyectos de reforma del estatuto.
 
Ley y polémica
 
En el grupo que apoya al decano Alterini hay quienes creen que la prolongación del conflicto podría deslegitimar a las autoridades de la UBA y abrir la puerta a avances en la autonomía universitaria en la nueva ley de educación superior, que podría empezar a discutirse este año. "Estamos dispuestos a aprobar el estatuto que la UBA mande", dicen, no obstante, en el Ministerio de Educación.
 
Enérgico reclamo de la Academia de Educación
  
La Academia Nacional de Educación condenó en una declaración las "actitudes violentas de grupos reducidos" en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que impiden la realización de la asamblea que debe elegir al nuevo rector.
 
En un pronunciamiento que lleva la firma de su presidente, doctor Avelino Porto, y del vicepresidente primero, Luis Ricardo Silva, la academia expresó su preocupación "frente a las actitudes violentas ejercidas por grupos reducidos, que inciden severamente en la normal marcha de la Universidad de Buenos Aires, impidiendo la legítima tarea electoral de la Asamblea Universitaria".
 
"La Universidad de Buenos Aires es una entidad educativa de prestigio mundial, prestigio que el actual conflicto afecta hasta niveles impredecibles, erosionando también a otras instituciones universitarias y al país entero, expuesto a la crítica y al descreimiento internacional", sostiene la declaración.
 
"La violencia -añade- es siempre inaceptable, y no puede admitirse sensatamente que prevalezca sobre la ley, ni que se intenten dirimir los conflictos fuera de marcos legales ampliamente consensuados.
 
"Por ello, la Academia de Educación espera que se imponga el sentido común y que se restablezcan urgentemente los resortes necesarios para la libre elección del rector, conforme a las normas estatutarias, en salvaguarda de la autonomía universitaria, la dignidad académica y el principio democrático", concluye en su pronunciamiento la institución, integrada por personalidades de reconocida trayectoria en el campo educativo y en la vida nacional, provenientes de las más variadas corrientes de pensamiento.
Por Raquel San Martín De la Redacción de LA NACIÓN