La sala I de la Cámara Federal porteña confirmó ayer su procesamiento por la presunta omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada patrimonial, por lo que Shuberoff quedó muy cerca de la instancia oral, aunque seguirá en libertad por tratarse de delitos excarcelables.

El ex rector, que condujo la principal universidad del país durante 16 años, podría afrontar una condena de 15 días a dos años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si el tribunal oral lo considera culpable de ese delito.

Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani confirmaron el procesamiento que le había dictado la jueza federal María Servini de Cubría en junio de 2003, a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli.

Servini había estimado entonces que existían las pruebas suficientes para concluir que Shuberoff habría omitido declarar nueve propiedades en distintas localidades del estado de Virginia, valuadas entre 121.000 y 172.000 dólares cada una.

Los camaristas también confirmaron, además, por el mismo delito, el procesamiento de Carlos Fasciolo, ex funcionario de la Cancillería y socio de Shuberoff, y de Oscar Noy, un allegado al ex rector radical, como sospechado de haber encubierto esa omisión como su supuesto testaferro.

Cesión de propiedades

En su defensa, Shuberoff argumentó ante la Justicia que había cedido esas propiedades a Noy en 1993 en pago de una deuda, pero la Oficina Anticorrupción señaló que en realidad \"no hay registro de la transferencia de dominio ni declaraciones ante la AFIP\".

La Cámara Federal tampoco convalidó la defensa del ex rector.

\"El hecho de que haya cedido a Noy los derechos que correspondían sobre dichas propiedades en concepto de cancelación total de la deuda que mantenía con él resulta un aspecto que no puede contenerse a los fines de justificar la omisión de incorporación de bienes en su declaración jurada\", coincidieron los jueces Cavallo y Vigliani.

Shuberoff sólo había informado al Estado en sus declaraciones juradas que poseía cuatro inmuebles en el exterior de tipo \"tiempo compartido\", en Aruba, por un total de $ 61.099.

En el país, detalló, poseía dos propiedades en Tortuguitas, un departamento en el barrio porteño de Caballito y la mitad de otro en Belgrano.

Shuberoff informó, además, que recibía un sueldo anual neto de $ 59.037 como rector de la UBA, aunque también se desempeñaba como presidente de las empresas constructoras Empryser Aedes y Rosal Construcciones, ambas sociedades anónimas.

La Cámara Federal decidió confirmar la decisión de Servini de Cubría y recordar que el debate se sustanciará en el juicio oral.

\"De lo que se trata es de habilitar el avance del proceso hacia el juicio, que es la etapa donde se desenvolverán los debates. Basta entonces con la mera convalidación de la sospecha, máxime cuando la elevación a juicio presupone una nueva reflexión del juez acerca del mérito de la acusación\", señalaron los camaristas.

Bienes embargados

Cavallo y Vigliani confirmaron, además, que los tres procesados seguirán en libertad, pero con embargos trabados sobre sus bienes por sólo 10.000 pesos cada uno.

El fallo de la Cámara llegó más de tres años después de iniciada la investigación. La Oficina Anticorrupción apuntó contra Shuberoff en 2001, tras la denuncia del ex director del Hospital de Clínicas Juan Antonio Mazzei, quien alertó sobre las propiedades del ex rector en el exterior.

El Gobierno de Estados Unidos terminó confirmando que el ex rector Shuberoff tenía a su nombre nueve viviendas en Washington D.C. y Virginia: cuatro inmuebles en Falls Church, tres en Alexandria y dos en Arlington, por valores que oscilan entre los 121.000 y los 172.000 dólares cada uno.

De los inmuebles adjudicados al ex rector, en dos de ellos era copropietario el diplomático Fasciolo, quien además poseía otras dos viviendas en las ciudades de Arlington y Annandale, señalaron los investigadores.

Shuberoff, de 61 años, ya afrontaba un procesamiento anterior de primera instancia por supuesto \"abuso de autoridad\", mientras que también fue investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y organización de una asociación ilícita.